ATLANTA, Georgia. Alejandra Hernández, una madre de cinco hijos, demostró las acciones que se puede ejercer para defender los interéses de su familia. Todo inició cuando se reunía con sus vecinos de la unidad residencial Reserva en Brookhaven para discutir los problemas de salud y seguridad en el área.
Familia hispana de Georgia se amparó en una nueva ley para evitar el desalojo
En la sesión legislativa del año pasado, los legisladores aprobaron el proyecto de Ley 346 dando a los inquilinos una vía para desafiar a los propietarios si sienten que fueron desalojados por quejarse de las condiciones.
Video Organizaciones orientan a inquilinos con dificultad para pagar la renta pidan posponer el pago
Los residentes empezaron a quejarse ante la gerencia sobre el moho, ratas, techos caídos y goteras. Hernández formó un chat grupal por teléfono llamado "Residentes Unidos", que les permitió enviar mensajes sobre sus problemas de mantenimiento y ayudar a denunciarlos en la ciudad, según reportó AJC News.
Después de las quejas llegaron las advertencias de desalojo.
El complejo de apartamentos dijo que la familia Hernández, compuesta por siete personas, estaba dejando demasiados artículos personales afuera de la puerta. A fines de septiembre, les pidieron que desocuparan el apartamento.
Ella se comprometió a luchar contra esa orden de desalojo. Utilizando una ley estatal que tenía menos de un año de vigencia y sin imaginarlo logró un acuerdo que les permitió quedarse.
Aunque ningún juez dictaminó sobre el caso y la compañía de administración de apartamentos niega haber hecho algo malo, los expertos y los defensores de inquilinos esperan que el caso inspire a otros residentes a luchar contra desalojos injustos.
Durante los 10 años que vivieron en el complejo de apartamentos nunca fallaron en un pago de los 1,065 dólares mensuales, dijo su abogada, Esther Graff-Radford, en la audiencia, de acuerdo con AJC News.
Mientras su esposo trabajaba entre 60 y 70 horas a la semana en un restaurante local, ella se cuidaba a sus cinco hijos, de 1 a 9 años.
Durante la actual pandemia de coronavirus, Hernández continuó trabajando con los inquilinos en el complejo, les ayudo a escribir una carta a la gerencia pidiendo una excepción al pago de la renta para los afectados financieramente por la crisis de salud pública.
La nueva ley
En la sesión legislativa del año pasado, los legisladores aprobaron el proyecto de ley 346 de la Cámara de Representantes, dando a los inquilinos una vía para desafiar a sus propietarios si sienten que fueron desalojados por quejarse de las condiciones o participar en una organización de inquilinos.
Según la ley, los propietarios que intentan desalojar injustamente a los inquilinos deben pagarles el alquiler de un mes, más 500 dólares y los honorarios de abogados.
Georgia era uno de los nueve estados que no tenía una ley contra los desalojos por represalia. Algunos propietarios de apartamentos temían que el proyecto de ley les dificultara realizar desalojos legítimos contra inquilinos que no pagaran el alquiler o infringieran otras reglas.
La nueva ley entró en vigencia en julio, solo un mes antes de que Hernández recibiera su primera carta formal de rescisión del contrato de arrendamiento.
Hernández dijo que recurrió a los contactos de la comunidad de grupos como Los Vecinos de Buford Highway y la Housing Justice League en busca de ayuda y logró el triunfo con base en la nueva ley.
La ley otorgó a Hernández una audiencia en la corte en la que un juez debía decidir si el desalojo era en realidad un acto de represalia.
"Sé que esto es nuevo", dijo el juez Gary LeShaw durante la audiencia, y luego agregó que "no hay jurisprudencia al respecto".
La familia Hernández vive en su nuevo apartamento, al que se mudaron recientemente y que aún no han amoblado.
Esto te puede interesar:
Notas Relacionadas
Relacionados: