WASHINGTON, D.C.- Mientras los trabajadores arrancaban la fachada del Ala Este de la Casa Blanca para dar paso a un salón de baile de 250 millones de dólares, habitantes de Washington D.C. aprovecharon los canales oficiales para solicitar inspecciones por lo que consideran construcción ilegal. Sin embargo, el Departamento de Edificaciones de D.C. (DOB) confirmó que no puede intervenir: la propiedad es federal y queda fuera de su jurisdicción.
La razón por la que DC no puede inspeccionar la demolición del Ala Este de la Casa Blanca
Mientras se derriba parte de la Casa Blanca para un salón de baile de 250 millones, los ciudadanos solicitan inspecciones a autoridades locales.

Desde que comenzaron los trabajos de demolición el lunes, el DOB ha recibido más de una docena de solicitudes de inspección. Los residentes, preocupados por la legalidad de las obras, han usado el portal en línea del departamento para presentar sus quejas, incluyendo videos y fotos como evidencia.
El portal del DOB indica: “Si presenció una posible construcción ilegal, por favor use este formulario para presentar una queja. Un inspector del DOB investigará su queja y puede contactarlo para obtener más información. Proporcione cualquier video(s) o foto(s) como evidencia, si está disponible.”
A pesar de estas solicitudes, el departamento aclaró que las inspecciones no se realizarán: “El gobierno del Distrito no tiene jurisdicción sobre propiedades federales; por lo tanto, no está programando inspecciones para la propiedad.”
¿Quién supervisa la construcción del nuevo salón?
La Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC) es la agencia encargada de autorizar renovaciones importantes en edificios gubernamentales. Sin embargo, la administración Trump ha seguido adelante sin la aprobación formal de la comisión. Will Scharf, alto funcionario de la Casa Blanca y presidente de la NCPC, ha indicado que la comisión solo necesita revisar trabajos de reconstrucción, no la demolición, lo que abre un debate sobre la línea entre ambos procesos.
A pesar de las solicitudes de los ciudadanos y la controversia pública, la demolición y construcción continúan. El proyecto, financiado con donaciones privadas, busca ampliar significativamente los espacios para eventos presidenciales, aunque su avance ocurre en un marco de supervisión limitada por las autoridades locales.
¿Quiénes están financiando el proyecto?
Hasta el momento, se ha confirmado que empresas como Comcast Corp. y YouTube, subsidiaria de Google, han aportado recursos, en su mayoría provenientes de acuerdos legales y donaciones privadas, sumando al menos 22 millones de dólares, según AP News.
La Casa Blanca ha invitado a algunos de los donantes a cenas en el East Room, pero no ha publicado un listado completo de contribuyentes ni un desglose detallado de los fondos. Tampoco se ha precisado cuánto dinero propio aportará Trump al proyecto, según CBS News.
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