Trabajadoras agrícolas que lideraron la lucha contra el abuso sexual ahora lidian con las acusaciones hacia César Chávez

Las recientes acusaciones de abuso sexual contra César Chávez han impactado profundamente al movimiento de trabajadoras agrícolas, especialmente a quienes durante años han luchado contra la violencia de género en el campo.

Activistas como Dolores Huerta —cofundadora del sindicato que hoy es United Farm Workers— y otras mujeres revelaron denuncias que evidencian que la cultura de abuso y silencio no solo estaba presente en los campos, sino también en los niveles más altos del movimiento laboral.

El caso también ha puesto en perspectiva décadas de organización liderada por mujeres. Figuras como Mónica Ramírez, fundadora de Justicia para las Mujeres Migrantes, destacan que el hecho de que estas denuncias salgan a la luz refleja un cambio importante respecto al pasado, cuando el miedo impedía hablar.

En los más de 30 años desde la muerte de Chávez en 1993, redes de trabajadoras agrícolas han impulsado investigaciones oficiales, leyes contra el acoso sexual y compromisos de la industria agrícola para mejorar las condiciones laborales.

Aunque activistas reconocen que el legado de Chávez queda severamente cuestionado, subrayan que los logros del movimiento no dependen de una sola figura.

Programas como el de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, respaldado por empresas como Walmart y McDonald’s, han introducido medidas como capacitaciones contra el acoso, mecanismos de denuncia y mejores condiciones básicas, lo que ha comenzado a generar cambios positivos en algunas regiones.

El 80% de las trabajadoras agrícolas sufre acoso sexual en Estados Unidos

El problema de abuso hacia las mujeres que trabajan en el campo sigue siendo grave. Se estima que las mujeres representan alrededor del 25% de más de un millón de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, y diversas organizaciones han documentado que hasta el 80% ha sufrido algún tipo de acoso sexual.

Casos históricos, como un acuerdo de 1.85 millones de dólares logrado en 1999 por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, ayudaron a visibilizar estos abusos, que durante años fueron normalizados en los llamados "campos de bragas".

A pesar de avances en la aplicación de la ley y programas de protección, persisten factores que incrementan la vulnerabilidad de estas trabajadoras, como el aislamiento, las barreras lingüísticas y el estatus migratorio.

Más del 40% no contaba con autorización laboral entre 2020 y 2022, y muchas dependen de visas ligadas a sus empleos, lo que dificulta denunciar por miedo a perder el trabajo o ser deportadas, de acuerdo con información de AP.