El gobierno de Donald Trump recibió un espaldarazo a su política migratoria por parte de la Corte Suprema, que anunció este jueves sus decisiones sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y sirios y sobre la capacidad de los oficiales para reactivar una política migratoria que en su momento se utilizó para rechazar a los migrantes que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
La Corte Suprema reimpulsa las ofensiva migratoria de Trump con decisiones sobre solicitudes de asilo y TPS
La administración de Donald Trump obtuvo dos importantes victorias judiciales respecto a su política migratoria restrictiva, tras las decisiones de la Corte Suprema que le permiten poner fin a las protecciones legales para los migrantes que huyen de la violencia y los desastres naturales en Haití y Siria, lo que dejaría a cientos de miles de personas más expuestas a una posible deportación; y que la autorizan a reactivar una política migratoria que en su momento se utilizó para rechazar a los migrantes que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
La decisión sobre el TPS podría potencialmente afectar a cientos de miles de inmigrantes a posibles deportaciones: el Departamento de Seguridad Nacional ya puede poner fin al estatus de protección temporal, un programa que protege a un total de 1.3 millones de personas de 17 países.
Desde que Trump asumió el cargo, se ha revocado el estatus de TPS a ciudadanos de Afganistán, Camerún, Etiopía, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Venezuela, Yemen y otros países, además de haitianos y sirios.
Los haitianos pasaron a ser elegibles para el TPS en 2010 tras un devastador terremoto, y el país sigue sufriendo pobreza extrema, violencia desenfrenada por parte de pandillas fuertemente armadas e inestabilidad política crónica. Por estas condiciones, el dl Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses que no viajen a esta nación caribeña "debido a secuestros, delincuencia, disturbios civiles y atención médica limitada".
Los abogados del caso ante la Corte Suprema afirmaron que los inmigrantes haitianos correrían un grave peligro si fueran deportados. "En pocas palabras, el fallo de la Corte Suprema provocará directamente la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes", dijeron Geoff Pipoly y Andy Tauber.
Instaron al Senado a aprobar una prórroga de las protecciones contra la deportación para los haitianos, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril mediante una inusual votación bipartidista.
"Las familias están aquí, los niños van a la escuela, los padres van al trabajo, la gente intenta desplazarse diariamente, y es como si la Corte Suprema simplemente hubiera detenido todas esas actividades y dejado a la gente en un limbo", dijo Viles Dorsainvil, quien dirige un centro de apoyo para haitianos en Springfield, Ohio.
El programa TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar las deportaciones a países afectados por desastres naturales, conflictos civiles y otras situaciones de inestabilidad. Permite a las personas que ya se encuentran en el país permanecer con permisos de trabajo por períodos de hasta 18 meses, pero no ofrece una vía para obtener la ciudadanía.
Efectos en el sistema de salud
El impacto de la sentencia de la Corte Suprema es probable que sea significativo para las comunidades conformadas por un gran número de beneficiarios del TPS, señala el American Inmigración Council. Apuntan que los servicios de salud, por ejemplo, serán afectados por los miles de enfermeros, asistentes de atención sanitaria y otros trabajadores sanitarios haitianos, que perderían sus empleos.
También destaca el American Inmigración Council que más allá de los ciudadanos haitianos, más de 600,000 venezolanos que recibieron el TPS esperaban una decisión favorable que les permitiera volver a disfrutar de un estatus migratorio legal en el país. "Parece que esas esperanzas se van a ver frustradas ahora".
Unas 300,000 personas aún tienen un TPS vigente, incluyendo a unos 200,000 salvadoreños y 50,000 ucranianos. "Ahora todos corren un mayor riesgo de perder sus protecciones, ya que la Corte Suprema le da luz verde a la administración de Trump para tomar decisiones con pretextos, con la seguridad de que ningún tribunal puede detenerlos".
Más restricciones al asilo
Otra parte de la victoría de Trump en la Corte Suprema este jueves fue el dictamen que establece que los migrantes que deseen presentar una solicitud de asilo pueden ser rechazados antes de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, en una política conocida como "metering", que no se ha aplicado desde 2021, pero que el presidente Donald Trump solicitó al tribunal que la validara como legal en caso de que se restableciera.
La política permitía a los agentes federales de inmigración de EEUU en el lado mexicano de la frontera entre EEUU y México rechazar a posibles solicitantes de asilo antes de que llegaran a territorio estadounidense.
Los defensores del derecho de asilo han advertido que la táctica provocó una crisis humanitaria, ya que miles de personas se instalaron en refugios improvisados e inseguros a lo largo de los puertos de entrada para esperar su turno durante días o meses. La administración de Trump afirmó que era necesario hacer frente al aumento de solicitantes de asilo en la frontera.
Los abogados del grupo Democracy Forward fueron quienes presentaron inicialmente el caso y condenaron el fallo del jueves. "Estamos decepcionados con la decisión de la Corte y hacemos un llamado a todos los estadounidenses para que exijan que nuestro gobierno proteja a las familias que la Corte decidió hoy mantener en situación de peligro», dijo la presidenta y directora ejecutiva, Skye Perryman.
Representaban al grupo Al Otro Lado, cuyo director ejecutivo señaló que la decisión significaría un "endurecimiento de las fronteras para mantener fuera a los más vulnerables", lo cual "sin duda provocará la pérdida de muchas más vidas".
La ley de EEUU permite a las personas que buscan refugio solicitar asilo una vez que se encuentran en territorio estadounidense, independientemente de si ingresaron legalmente. Para tener derecho al asilo, deben demostrar que temen ser perseguidos en su país de origen por razones específicas, como la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un grupo social determinado o las opiniones políticas.
Las personas a quienes finalmente se les concede el asilo no pueden ser deportadas. Pueden trabajar legalmente, traer a sus familiares directos, solicitar la residencia legal y solicitar la ciudadanía.







