En tiempos de Donald Trump, de nacionalismo, de famosas propuestas de muros divisorios y decretos de prohibición de entrada, todo ello anclado en la creencia explícita o implícita de que todo extranjero es igual a su peor versión, por minoritaria que sea (mexicanos: narcotraficantes; musulmanes: terroristas), parece propicio detenerse y humanizar esa masa de personas comprendida con el término de «inmigrantes ilegales en los Estados Unidos», vista frecuentemente bajo ciertos prejuicios y presunciones no del todo reales.
Inmigración ilegal en Estados Unidos: ¿de dónde llegan, quiénes son y qué hacen?

Por la naturaleza misma del fenómeno, y del término que lo designa (al que algunos prefieren sustituir por un más comprensivo “indocumentados” o un neutral "no autorizados", en lugar de “ilegales”), no es del todo fácil establecer la magnitud y el origen de la población de inmigrantes no autorizados, y los datos obtenidos mediante encuestas, datos administrativos y otras fuentes varían considerablemente entre sí.
De todas maneras, hay algunas cifras que se repiten en diferentes estimaciones, ya sean provenientes de organizaciones independientes y no partidarias o del gobierno estadounidense.
Entre 11 y 12 millones de indocumentados

Por ejemplo, una estimación confiable sitúa el número de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos en el entorno entre 11 y 12 millones, consistente con estudios separados del Centro de Investigaciones Pew, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Centro de Estudios Migratorios, a pesar de que Donald Trump ha dicho, sin fundamento como es habitual, que cree que este número es falso y la cifra real es mucho mayor (hasta 30 millones, ha dicho).
La cifra total es la más baja desde 2003, pero la caída más estrepitosa se produjo a partir de 2007-2008, con la crisis financiera global, que redujo la oferta de trabajo en áreas tradicionalmente ocupadas por estos inmigrantes, como el rubro de la construcción.
La mayoría de estos inmigrantes indocumentados son mexicanos, aunque también el número de ciudadanos provenientes de ese país ha ido disminuyendo sostenidamente desde 2007. En ese año, se registró el pico más alto de inmigrantes mexicanos no autorizados en Estados Unidos, con un estimado de casi 7 millones. Ahora son casi un millón menos.
Pese al énfasis que ha hecho Donald Trump en el muro con México, los inmigrantes indocumentados de este país representan solamente la mitad del total. Le siguen inmigrantes que llegan desde Guatemala, El Salvador y Honduras, y después de China, India y Corea. Aproximadamente un tercio de los inmigrantes no son de origen hispano.
China es uno de 23 países que no cooperan con el gobierno de los Estados Unidos en la deportación de inmigrantes no autorizados, algo que el gobierno de Donald Trump se propone presionar para cambiar.
El enfoque actual del gobierno de Donald Trump para reducir la inmigración considerada ilegal es global e indiscriminado (un término casi paradójico), pero las dificultades residen en el hecho de que los millones de indocumentados llegaron al país por caminos y razones muy diferentes entre sí.
La designación de “ilegal” precisamente es la preferida por Trump y por muchos republicanos, ya que implica que su simple estadía en el país está violando la ley y por lo tanto no debe ocurrir.
Familias y trabajadores sin documentos

Hay otra cifra interesante: aproximadamente dos tercios del total de indocumentados han estado en los Estados Unidos por un largo tiempo, al menos 10 años o más, lo que sugiere que son residentes que han encontrado cierta estabilidad, que han formado familias y lazos con sus comunidades, y que probablemente se mantienen realizando esa clase de trabajos que nadie más realiza, ya sea en la construcción de edificios o en las cocinas de los restaurantes, pero que lejos están de esa visión que manifestó Trump, de criminales, violentos y narcotraficantes (difícilmente alguien con esas características se establezca indocumentado en el país por más de una década).
Un tercio del total de inmigrantes no autorizados comparte hogar con un niño que es ciudadano estadounidense por nacimiento, aunque una de las propuestas de Trump era remover la ciudadanía automática para los nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.
Según el New York Times, el gobierno de Barack Obama había restado prioridad a la deportación de inmigrantes indocumentados que no hubieran incurrido en delitos graves, y permitía a muchos de ellos permanecer en el país siempre y cuando se presentaran ante agentes de inmigración cada año.
La nota de este periódico narra la historia de Lydia, una mujer que llegó a Los Angeles proveniente desde Tijuana en 1988, que maneja su propio negocio, una pequeña joyería, tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos que asisten a la escuela pública, y que con su esposo compraron una casa en un suburbio al norte de Los Angeles.
Está completamente establecida con su familia, pero su verdadero nombre no es Lydia y ha debido ser modificado en la prensa debido a que ahora corre peligro de ser deportada.
Inmigración y crímenes

Solo una pequeña fracción de indocumentados ha estado involucrada en delitos o crímenes graves.
Pero los hay: según el Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos, 820.000 de los 11 millones de inmigrantes indocumentados han sido condenados por un delito. Aproximadamente otros 300.000, menos del 3% del total, han cometido algún delito grave.
Muchas de las infracciones legales, sin embargo, son delitos leves vinculados a su condición de indocumentados, como conducir sin licencia o utilizar un número falso de seguridad social.
En todos los años entre 2007 y 2014, fue mayor el número anual de inmigrantes que se convirtieron en “ilegales” al expirar su visa de “visitante temporario” que el de aquellos que ingresaron ilegalmente por la frontera con México, lo que ha llevado a que muchos conservadores consideren que deba reorientarse la política migratoria hacia un mayor control de los que ingresaron legalmente y se quedaron más allá de lo permitido, en lugar de incrementar la ya férrea seguridad fronteriza.
El gobierno de Donald Trump, además del muro ya célebre y polémico en la frontera con México, apunta a una deportación masiva de indocumentados, sostenida en un incremento de las fuerzas policiales encargadas del control migratoria y en redadas masivas que, según el Washington Post, ya se han comenzado a realizar en al menos seis estados.
Algunos miembros de la Reserva Federal han advertido al gobierno del impacto económico negativo que tendrán estas políticas, ya que la inmigración es un componente clave del crecimiento; es, aparentemente, el único argumento que podría escuchar el gobierno de Donald Trump, ya que la situación humana no parece representar demasiada preocupación.






