Documentos confidenciales de agencias y departamentos del gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura militar en Argentina fueron desclasificados y entregados a los organismos de derechos humanos y al pueblo argentino después del acuerdo firmado por el presidente Mauricio Macri y el primer mandatario estadounidense Barack Obama en marzo de 2016.
Esto es lo que sabía (y apoyaba) Estados Unidos sobre la última dictadura
El material secreto incluye informes, cartas y reportes desde 1977 hasta 1985 y revela todo lo que el gobierno del país norteamericano sabía, su postura y su visión sobre la violación permanente a los derechos humanos, los desaparecidos, las decisiones políticas y las medidas económicas.
Anticipando el golpe militar
En los reportes del 27 de febrero de 1976, el Gobierno estadounidense ya estaba al tanto del complot para destituir a María Estela Martínez de Perón. Incluso aseguraban que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para hacerlo el fin de semana siguiente. El 5 de marzo se informó que los marines se habían distribuido en el territorio nacional para controlar los disturbios que pudieran generarse después de tomar el gobierno.
El 24 de marzo se concreta el golpe de estado y la Junta Militar toma el poder.
Detenciones y desapariciones
En un informe del 3 de agosto de 1979, se confirma la desaparición de 17 personas desde el 1 de febrero de ese año. Aseguran que ninguna tenía conexión con grupos terroristas y que solo algunos estaban relacionados con la izquierda política no violenta.
Según las estadísticas de los documentos de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, hubo:
- 300 desaparecidos por mes en 1976
- 180 desaparecidos por mes en 1977
- 55 desaparecidos por mes en 1978
- 44 desaparecidos en 1979
En mayo de 1979, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos publicó una lista que contabilizaba 5465 desapariciones desde 1975. Para E.E.U.U., el número real sería 6377 (aunque en otro informe dice que hubo 7500) sin tener en cuenta los años previos al golpe de estado, los casos sin informar ni los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o los detenidos en clandestinidad que nunca aparecieron.
"Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos tienden a utilizar la cifra de 15.000 desapariciones en los últimos 3 o 4 años. Grupos argentinos comparten esa estimación y le han presentado al gobierno documentación sobre casi 5.000 casos. En verdad, sin embargo, no se sabe con precisión cómo han desaparecido muchas personas o, en muchos casos, por qué individuos específicos fueron víctimas", redactaron los informantes.
Entre los datos desclasificados, hay información sobre las detenciones y desapariciones de Roberto y Maria Rosa Barreiros, Julio Cesar Abruzzese, Thelma Doroty Jara de Cabezas, Mario Marrero, Jorge Sabador Gullo, Elbio Jose Rodriguez, Jorge V. Sznaider, Jorge Perez Brancato, Hugo Maiosovsky, Noemi Graciela Beltone, Carlos Alberto Perez, Mirta Silber de Pereze, y aparecen nombrados los guerrilleros Enrique Gorriaran Merlo y
Mario Eduardo Firmenich.
Además se confirman las muertes de Mario Santucho y Enrique Merlo aunque el gobierno las negaba. "Los dos líderes de alto rango del terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo, según los informes, murieron el lunes durante una operación conjunta del ejército y la policía en un escondite subversivo", dice el reporte.
También se detalla el secuestro de Jacobo Timerman y la detención ilegal de Alfredo Bravo y las torturas que luego él hizo públicas y que el represor Miguel Etchecolatz negó públicamente en el programa Hora Clave de Mariano Grondona.
De decisiones políticas y económicas
Los documentos también revelan implicaciones que eran de poco o nulo conocimiento hasta ese momento. En julio de 1976, 6 naciones del cono sur aceptaron participar de una red anti terrorista llamada "Cóndor" para eliminar a los latinoamericanos que vivían en Francia. Argentina, Chile y Uruguay fueron los responsables de llevar la operación a cabo.
En el ámbito económico, Estados Unidos estaba al tanto de que si ellos le negaban más préstamos, Argentina fortalecería su relación comercial con Rusia, con la que ya había hablado sobre la posible venta de turbinas para el proyecto de la represa hidroeléctrica de Yacyretá.
Pero la documentación desclasificada deja ver que esa negociación no era lo único que le molestaba a Estados Unidos. El abuso de poder y la atroz violación a los derechos humanos estaba dando que hablar en el mundo. Entonces, en un reporte, los informantes señalan que los militares Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola querían colaborar con EE.UU. para reducir las detenciones y desapariciones pero otros como el General Suárez Mason y Menéndez se negaban a asumir ese compromiso.
Sin embargo, las contradicciones se suceden. En otro informe de 1977, dice: "El presidente argentino Videla ha dicho que lamenta tener problemas con los EE.UU. sobre derechos humanos pero no ve otra alternativa para continuar la lucha contra la subversión". La realidad es que las atrocidades, las detenciones y desapariciones continuaron hasta poco después del retorno de la democracia, así que... ¿a quién podemos creerle?
Vuelta a la democracia (vigilada)
En octubre de 1985, el presidente Raúl Alfonsín ordenó la detención de 12 personas por estar vinculadas a un complot golpista. Al poco tiempo, fueron absueltas. Sin embargo, Estados Unidos confirma las sospechas del ex presidente. Otro reporte sostiene que, desde la Fuerza Aérea Argentina, sabían que algunos sectores del ejército estaban planeando implicarse en los planes del gobierno democrático.
Los papeles confidenciales también hablan sobre el juicio a las juntas y nombran varias veces el conflicto de las Islas Malvinas. Al respecto, dicen: "Los argentinos creen que las islas pertenecen a su país y debido a la sensación de derrota que surge de la guerra de 1982, el documento recomienda tratar este tema con cuidado".
Después de "descubrir" que sabían más de lo que creíamos y que incluso desde el norte apoyaban y financiaban las atrocidades que hizo la última dictadura militar argentina, ¿vos crees que estos son los documentos verdaderos y, si así fueran, que todo el contenido es verídico? La realidad es que, en muchos casos, hay que tomar la información con pinzas. La opinión de un embajador o un informe puede ser objetiva porque el gobierno de facto podía ocultarle cosas o bien su mirada estaba cruzada por intereses propios o ajenos.
Pero lo importante es tener en claro que acá no importa el debate por el número de desaparecidos o si Estados Unidos había alertado a los militares por el exceso de mano dura, la cuestión es otra: que esto no puede repetirse y que una dictadura de esta dimensión solo puede tener lugar con la complicidad de los más poderosos. De nosotros depende seguir exigiendo justicia y mantener viva a la memoria.