SAN JUAN, Puerto Rico. — El gobierno de Puerto Rico dio a conocer que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y privatizadora española Metropistas acordaron enmiendas al contrato de concesión de la PR-22, entre estas, su extensión a 50 años, diez más de lo previsto, y un alza en el peaje de la PR-5, que será bidireccional.
Puerto Rico extienden contrato con Metropistas a cambio de $115 millones
Puerto Rico aceptó una disminución de porcentaje de ingreso a compañía que opera las autopistas de cuota de la isla a cambio de un ingreso de $115 millones. Las enmiendas al contrato de concesión de la PR-22 incluyen una extensión a 50 años, diez más de lo previsto, y un alza en el peaje de la PR-5, que será bidireccional.
Metropistas
Esta movida se da en medio de una crisis financiera en la Isla y como medida para lograr un acuerdo de 115 millones de dólares con la compañía que opera las autopistas de peaje.
Abertis, con sede en España, dijo el jueves en un comunicado que la subsidiaria Metropistas operará la autopista de peaje más activa de la Isla y otras durante 10 años más. A cambio, la agencia de transportación reducirá su porcentaje de colecta de ingresos de 50% a 25%.
Según señaló Abertis, se realizará inicialmente un pago de 100 millones de dólares, seguido de otro de 15 millones en junio de 2017 a más tardar.
La directora ejecutiva de la ACT, Carmen Villar Prados, dijo que este acuerdo permitirá al gobierno recibir 115 millones de dólares, 100 millones al momento del cierre de la transacción, lo que no se especificó, y los restantes 15 millones no más tarde del 30 de junio de 2017.
El dinero, admitió, será empleado en gastos operacionales de la ACT.
El acuerdo, según declaraciones escritas, surgió de una iniciativa de Metropistas que, el 6 de mayo de 2015, solicitó presentar enmiendas al contrato original de la concesión de la PR-22 y PR-5, que data de septiembre de 2011.
Tras Metropistas presentar sus propuestas, funcionarios de la ACT, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) acordaron los términos de la enmienda “ luego de un riguroso análisis”, se indicó.
“A tales efectos, se contrataron expertos que valoraron las propuestas y se escogieron las que presentaban mejor valor para el interés público”, expresó Villar Prados, quien aclaró que “algunas de las enmiendas propuestas por Metropistas no fueron aceptadas”.
La directora ejecutiva de la ACT manifestó que, luego de meses de análisis y negociación, el pasado 16 de febrero se acordó un pago por adelantado de 115 millones de dólares de los cuales 100 millones se harán al cierre de la transacción y los restantes 15 millones de dólares cuando se establezca el peaje bidireccional o el 30 de junio de 2017, lo que ocurra primero.
La reestructuración de las plazas de peajes en la PR-22 y en la PR-5 pasa de ser unidireccional a ser bidireccional, conlleva un ajuste de .05 centavos por peaje.
También se modificará la estructura de participación en los ingresos del peaje dinámico (DTL), que actualmente opera y mantiene Metropistas, de 50 por ciento a 75 por ciento en beneficio de la privatizadora.
También de 30 por ciento de participación para la ACT en las ganancias en exceso de la proyección de ingresos por concepto de peajes acordada entre las partes, ya que los automovilistas deberán pagar en ambas direcciones en la PR-5.
La propuesta final de Metropistas, indicó, representa un incremento de entre un 40-46 por ciento de la oferta inicial de 93 millones de dólares.
La junta de Directores de la ACT aprobó la transacción el pasado 10 de marzo y la del BGF dos días después.
La enmienda al Contrato de Concesión se otorgó el pasado 19 de abril, precisó Villar Prados, quien sostuvo que “continuaré buscando todas las opciones posibles para tratar de enfrentar la crisis fiscal que vivimos”.
Recalcó que la transacción se realizó en virtud de la ley de las AAPP y en función del contrato existente entre las partes, como “un mecanismo más para atender la crisis de liquidez en las arcas del gobierno de Puerto Rico”.
La directora de la AAPP, Deliris Ortiz Torres, expresó que los fondos provenientes de la transacción, de acuerdo con la Ley de APP, bajo la cual se suscribió el Contrato de Concesión con Metropistas en 2011, dispone que pueden ser dirigidos a la propia ACT, a la AAPP, al BGF o al ELA.
“Una vez se concrete la misma, y a la luz de la situación económica que vive la ACT y Puerto Rico, se determinará el uso que se le dará a los recursos que produzca la transacción”, indicó Ortiz Torres.
El gobierno de Puerto Rico se está quedando sin dinero en medio de una crisis económica de una década y está buscando reestructurar 70.000 millones de dólares en deuda pública.
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