Luego de semanas de especulación sobre la discusión de la propuesta de una junta de control fiscal para Puerto Rico, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio a conocer un nuevo borrador del proyecto de ley en el que trabaja para afrontar el problema de la deuda de la Isla.
Nuevo borrador de la junta de control fiscal pone fin al Estado Libre Asociado
Continúan las dudas con el proyecto de la junta de control fiscal que al parecer no cuenta con los votos suficientes para ser aprobado. Ayer la Cámara presentó un nuevo borrador que se espera se lleve a discusión el jueves. Ningún miembro del gobierno de Puerto Rico fue invitado.
Por:Univision
La divulgación del nuevo borrador sigue a la presencia en Washington, desde comienzos de la semana, de una amplia representación puertorriqueña encabezada por el gobernador Alejandro García Padilla que trata de influir en el contenido del texto del proyecto, cuya propuesta inicial rechazó el Ejecutivo local por entender que laceraba su soberanía.
El nuevo texto del proyecto H.R. 4900 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en inglés), mantiene la implantación de una moratoria para el pago de los plazos de deuda por parte del Gobierno de Puerto Rico a sus acreedores, pero reduce su duración de 18 meses hasta el 15 de febrero de 2017.
Sin embargo, a pesar de haber sido eliminados algunos puntos que muchos describían como problemáticos, aun quedan más dudas que respuestas.
La nueva versión de la ley aumentaría el tamaño de la junta, de cinco a siete miembros designados por el presidente estadounidense. Los dos miembros adicionales serían elegidos por el partido minoritario en la cámara baja y en el Senado, lo que parece diseñado precisamente para atraer el apoyo de los demócratas. La dirigente de la minoría demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, dijo que la versión impondría "un control indebido y antidemocrático" sobre el gobierno puertorriqueño.
Los analistas políticos Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo estuvieron de acuerdo esta mañana en WKAQ 580 en que este proyecto es el más trascendental desde la creación de la Ley Foraker. Según los comentaristas, esto es un proceso "bochornoso" que entierra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por completo y aseguran va por encima de la Constitución de Puerto Rico.
¿Cómo se escogerá la junta?
Los siete miembros de la junta federal que cuentan con voz y voto serán designados por el presidente de los Estados Unidos. Por lo menos cuatro serán propuestos por republicanos. De estos, dos de los miembros serán seleccionados por el presidente de la Cámara federal (incluyendo al menos un residente de Puerto Rico o una persona con negocios en Puerto Rico). Otros dos saldrán de una lista sugerida por el líder de la mayoría del Senado federal.
Para completar la junta, La minoría en el Senado recomendaría 1 miembro y la minoría en la Cámara recomendaría otro. El séptimo lo designaría directamente el presidente de EE.UU., sin consultar a nadie.
El octavo miembro es el gobernador o su representante, pero sin derecho al voto.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal celebrará posiblemente mañana jueves una vista para presentar y discutir públicamente el proyecto a la que no se invitó para participar a miembro alguno del Ejecutivo puertorriqueño.
Medios de la isla y estadounidenses apuntan que la votación del proyecto programada para después de la vista se aplazó al no contar con el apoyo suficiente para su aprobación, debido al rechazo del Gobierno de Puerto Rico, firmas de inversión y, lo que es más importantes, de los votos de legisladores del Partido Republicano necesarios para su aprobación.
Reaccionan al proyecto H.R. 4900
El gobernador de Puerto Rico aseguró que el proyecto "va en la dirección correcta". El primer mandatario explicó que el nuevo borrador “recoge varios de los planteamientos con respecto a un enfoque más justo de los poderes de la Junta y es un paso importante en la dirección correcta”.
Sin embargo, añadió, continuará “ estudiando el proyecto y cabildeando para que el proyecto final contenga una Junta cónsona con las instituciones democráticas del país, provea un régimen de restructuración efectivo que estabilice las finanzas públicas y encamine el desarrollo económico de Puerto Rico”, dejando ver las limitaciones que le ve al proyecto ya sometido y que este miércoles irá a vistas públicas en la Cámara de Representantes.
“Agradezco al Congresista (Rob) Bishop, al Speaker (Paul) Ryan, la líder (de la minoría demócrata Nancy) Pelosi, a los congresistas puertorriqueños Nydia Velázquez, José Serrano y Luis Gutiérrez y al comisionado residente Pedro Pierluisi por el esfuerzo bipartita para crear un régimen de restructuración que atienda la crisis de Puerto Rico”, declaró el Gobernador. “Confiamos en que la acción colectiva rendirá frutos para el país. Puerto Rico tiene que continuar marchando hacia adelante y mirando con confianza hacia el futuro”, dijo García Padilla.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jaime Perelló, difundió una carta abierta a la ciudadanía en la que señala que la junta de control fiscal, según planteada en el último borrador, "no está diseñada para responder a las necesidades de los puertorriqueños".
Enfatizó que la junta por sí sola, con el alcance de los poderes que se le brindan, pudiera significar la imposición de mayores medidas de austeridad, sin consideraciones sociales ni económicas de clase alguna. Este estimó que incluso pudiese tener control sobre las entidades privadas como organizaciones sin fines de lucro que realizan un gran trabajo que el propio gobierno ha reconocido que no puede realizar.
Perelló dijo que el proyecto de ley faculta a esa junta a tomar amplias decisiones "excluyendo la participación del pueblo y los preceptos de democracia" que establece la Constitución de Puerto Rico. Además, añadió que la pieza legislativa no contiene ninguna medida para beneficio del desarrollo económico de Puerto Rico.
Pierluisi fue el primero en reaccionar a la nueva legislación propuesta que busca atender la deuda impagable de Puerto Rico y aseguró que "la sección de la junta de supervisión del borrador del proyecto de ley ha sido mejorada dramáticamente en términos sustantivos y de claridad". El comisionado residente subrayó que el proyecto debe abordar la reestructuración de la deuda "de manera justa para los acreedores", pero a la vez sin crear impedimentos "para un alivio de la deuda de Puerto Rico".
Pierluisi dijo que no tiene certeza de que vaya a apoyar el nuevo texto.
Recordó que la primera versión del proyecto de ley, publicada el 29 de marzo, no cumplía con los criterios mínimos al, entre otras cosas, atribuir a la junta de supervisión los poderes de la ley de 1995 que creó una Junta de Control para el Distrito de Columbia, sin adaptarse adecuadamente a la situación específica de Puerto Rico.
Pierluisi resaltó que una de las novedades más importantes que introduce el nuevo texto es que la junta de supervisión proveerá guías para el Gobierno de Puerto Rico, pero no suplantará o reemplazará a los líderes electos de la isla ni a sus cámaras legislativas.
Los representantes al Congreso por Nueva York, Nydia Velázquez y José Serrano recalcaron sus reparos al proyecto H.R. 4900. Velázquez indicó que aunque unos artículos objetables propuestos inicialmemte fueron sacados del actual borrador, y significan un progreso, otras secciones problemáticas sobrevivieron, como las que permiten bloquear legislación, regulaciones y los contratos ya aprobados por “el gobierno democráticamente electo”, lo que no se puede permitir.
Por su parte Serrano, más escueto, agradeció que muchas de sus recomendaciones fuesen acogidas, pero, de todos modos, hay asuntos “muy problemáticos” todavía, como el veto a las acciones estatales en su ejercicio democrático de legislar, que incrementa, dijo, los aspectos coloniales de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos.
Además, enfatizó que la vara para que se pueda reestructurar la deuda “ha sido puesta muy alta” y de hecho la hace imposible, además de que no se deben desautorizar las protecciones laborales. Serrano añadió que además aumenta los aspectos coloniales de la relación actual y socava la democracia local en Puerto Rico. “(La junta) Todavía puede ejercitar vetos”, sobre leyes adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico.
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