El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó este miércoles que el proyecto que se apruebe para establecer la “Ley de supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico” debe ser bipartita y balanceado, para evitar posibles consecuencias graves, tanto para Puerto Rico como para los acreedores de la Isla.
Comisionado Residente advierte sobre consecuencias de no lograr un proyecto de consenso para Puerto Rico
Pedro Pierluisi participó de las vistas congresionales sobre la junta de control fiscal para Puerto Rico e instó a promover un proyetco bipartita y balanceado para evitar graves consecuencias.
Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP)
Imagen The Associated Press
Durante su participación de la vista que celebró la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, presidida por Rob Bishop sobre dicho proyecto, Pierluisi sostuvo que no se debe perder de vista que “lo que está en juego aquí, ni olvidar lo mucho que importa lo que estamos haciendo para cualquier ciudadano” ni para aquellos que hayan comprado bonos y estén preocupados por su inversión.
“Si no podemos enviar al escritorio del presidente un proyecto de ley balanceado, bipartita, las consecuencias para Puerto Rico y los acreedores de la isla podrían ser graves”, dijo Pierluisi.
Hay disposiciones del proyecto de ley que Pierluisi objetó, y otras que no están en el proyecto, como la equidad bajo Medicaid y créditos contributivos reembolsables, señaló.
“Es fácil objetar una mala disposición del proyecto o la exclusión de una buena y decir ‘no’ a todo el proyecto de ley. Pero respeto a aquellos en ambos partidos que están mirando el proyecto de manera integral y trabajan fuertemente para lograr la aprobación", añadió.
Actualmente se discute en la capital federal el borrador que contiene una propuesta de junta de supervisión fiscal para la Isla, sumida en una multimillonaria deuda económica y sin acceso a mecanismos de protección como la Ley de Quiebras.
Según la propuesta del liderato republicano, la Isla quedaría bajo la supervisión de un Consejo de Asesoría Fiscal de Puerto Rico, que sería fiscalizado por el Congreso estadounidense.
Según presentado en un segundo borrador este martes, el nueva versión de la ley aumentaría el tamaño de la junta, de cinco a siete miembros designados por el presidente estadounidense. Los dos miembros adicionales serían elegidos por el partido minoritario en la Cámara y en el Senado, lo que parece diseñado precisamente para atraer el apoyo de los demócratas.
Los siete miembros de la junta federal que cuentan con voz y voto serán designados por el presidente de los Estados Unidos. Por lo menos cuatro serán propuestos por republicanos. De estos, dos de los miembros serán seleccionados por el presidente de la Cámara federal (incluyendo al menos un residente de Puerto Rico o una persona con negocios en Puerto Rico). Otros dos saldrán de una lista sugerida por el líder de la mayoría del Senado federal.
Para completar la junta, la minoría en el Senado recomendaría 1 miembro y la minoría en la Cámara recomendaría otro. El séptimo lo designaría directamente el presidente de EE.UU., sin consultar a nadie.
Sus funciones incluirían auditar la deuda y las agencias, identificar medidas de ahorro y reestructurar ciertas áreas del Gobierno estatal. También podrían declarar nulas e invalidar las propias leyes de Puerto Rico, promulgar sus propias leyes y actuar con poderes cuasi-judiciales.
Por ello, el Comisionado Residente y presidente del Partido Nuevo Progresista dijo que al proyecto de junta de supervisión temporal se le han introducido enmiendas que constituyen “una mejoría dramática sobre la versión anterior y ahora más o menos llegan a un balance apropiado entre instaurar disciplina fiscal efectivamente y respetar el proceso democrático”.
“La función principal de la junta es proporcionar una supervisión general de la política fiscal en Puerto Rico” pero “de ninguna manera sustituirá a los líderes electos del territorio”, y tan solo “asumirá un papel más activo como último recurso”, puntualizó el aspirante a la Gobernación del territorio no incorporado.
Mientras, la Sección 206 del Título III y el Título VI proveen un mecanismo de reestructuración de la deuda. La Sección 407 le proporciona al gobierno del territorio con un aplazamiento temporal en los litigios, cuyo propósito es crear un ambiente para las negociaciones consensuales con los acreedores y no fomentar impagos que de otra forma serían evitables.
Bajo la disposición de acción colectiva del Título VI, la junta de supervisión ayudará a las entidades emisoras de deuda en Puerto Rico y sus acreedores a tratar de llegar a acuerdos voluntarios para reestructurar la deuda, resumió.
Si una entidad llega a un acuerdo con un número suficiente de acreedores, que serán agrupados en grupos o clases, ese acuerdo será vinculante para todos los acreedores de ese grupo.
Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, la junta podrá autorizar a la entidad a ir al tribunal y ajustar de la deuda mediante las disposiciones del código de quiebra que se aplican en todos los estados de la nación.
Pierluisi se disponía a cuestionara los deponenetes en la vista la viabiliadd de esas disposiciones y que “para que los mecanismos en el proyecto funcionen”.
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