Connecticut es uno de los estados que permiten que los estudiantes indocumentados paguen matrícula estatal por su educación superior en lugar de la costosa colegiatura de "no residente".
Buscan que estudiantes indocumentados reciban ayuda financiera institucional para la universidad
CT Students for a Dream impulsa la aprobación de un proyecto de ley en Connecticut que viabilizaría que los estudiantes tengan acceso a apoyo económico para sus estudios superiores.

Pero los estudiantes indocumentados en Connecticut pagan por su educación superior en universidades y 'community colleges' públicos sin tener acceso a ayuda financiera institucional.
El proyecto de ley “Afford to Dream”, SB 147, busca que los estudiantes sin estatus legal obtengan esa ayuda para poder completar los estudios superiores.
Las universidades públicas y colleges de Connecticut separan una porción de las ganancias de las matrículas que se usa para el fondo de "ayuda institucional" que asiste a estudiantes que prueben su necesidad económica.
Al pagar por su matrícula, los estudiantes indocumentados contribuyen a esta ayuda institucional.
Pero las políticas de Connecticut no permiten que ellos reciban ayuda institucional, según Alison Martínez Carrasco, miembro de CT Students for a Dream.
¿Por qué? “La única manera que un estudiante puede probar que necesita esa ayuda es a través de la forma de FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) pero no la pueden llenar por no tener número de seguro social”, dice Martínez Carrasco.
La estudiante de 22 años es parte de la organización -afiliada a United We Dream- que impulsa que este proyecto de ley se apruebe en la Cámara de Representantes y el Senado de Connecticut.
Por medio de una campaña de redes sociales y una petición, el grupo busca que el presidente de la Cámara de Representantes local, Brendan Sharkey, y el presidente del Senado, Martin Looney, lleven el proyecto al pleno en sus respectivos foros.
Tras la aprobación de la ley HB 6390 en mayo de 2011, Connecticut permite la matrícula estatal. Para ello, los estudiantes indocumentados deben asistir y completar cuatro años en una secundaria en el estado y firmar una declaración jurada que indique que solicitarán la ciudadanía.
Pero el costo de la educación universitaria luce fuera del alcance para muchos jóvenes.
Los estudiantes indocumentados no califican para la ayuda financiera federal o estatal pero ciertas becas, préstamos privados y colegiatura "in-state" y fellowships para la maestría o estudios de posgrado pueden ayudar a los estudiantes a financiar su educación, según Educators for Fair Coinsideration.
“Queremos otra alternativa, que no sea FAFSA, donde podamos mostrar que calificamos para ayuda institucional y cuánto podríamos sacar de esa ayuda”, explica Martínez Carrasco al citar un análisis fiscal que reveló que esta legislación no le costaría al estado.
La meta es, al fin y al cabo, mejores posibilidades para lograr la meta de la universidad, como afirma Martínez Carrasco: “Queremos las mismas oportunidades que los demás para pagar nuestros estudios”.
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