Opinión: Economía justa y planeta sostenible van de la mano

Por Kevin de León, Presidente Pro Tempore del Senado de California (*)

No es coincidencia que la pobreza y la contaminación están concentrados en los mismos vecindarios. Parte de una perspectiva mundial básica: que hay algunas personas que son menos valoradas que otras, y que ellas y los lugares donde viven, pueden ser explotados sin repercusión. Sin embargo, las repercusiones nos están empezando a atemorizar a todos. Una economía basada en extraer las ganancias máximas de la gente y del medio ambiente, ha llevado a más familias trabajadoras a la pobreza, ha erosionado la clase media, y está amenazando nuestra habilidad para sobrevivir en nuestro planeta.

Es por eso que el gobernador Brown promulgo dos proyectos de ley que establecen las fundaciones para una economía que no está basada en la explotación, sino en prosperidad compartida y administración responsable. El SB 350 avanza nuestro liderazgo estatal al reducir el cambio climático y el SB 588 crea una economía más justa al acabar con el robo de salario.

El robo de salario es un delito de miles de millones de dólares que priva a los trabajadores de bajos recursos de salir de la pobreza. Un reciente reporte del Departamento Laboral de los Estados Unidos (DOL), encontró que 40.000 californianos son forzados a vivir bajo el umbral de la pobreza cada año por compañías que se rehúsan a pagar el salario mínimo legal.  Solamente en Los Ángeles, más de mil millones de dólares en salarios son robados cada año por empleadores que pagan salarios sub-mínimos, engañan a los trabajadores sin pagarles horas extras, clasifican intencionalmente a los empleados como trabajadores contratados independientemente, o hacen deducciones ilegales a su pago.

Cuando las corporaciones roban a los trabajadores de la limpieza que laboran arduamente, los lava coches, los dependientes de supermercados y los lava platos, las empresas reciben ayuda y el delito es encubierto por parte del estado que no puede hacer cumplir las leyes laborales que están en los códigos estatales.  Los trabajadores que “ganan” un juicio en contra del empleador, encuentran que en ocho de cada 10 casos, la orden de pago de salario no vale ni siquiera tanto como el papel en que se imprime. Nuestra Comisionada Laboral no tiene el poder de obligar a los empleadores a cumplir con la deuda que ellos tienen con sus trabajadores. Esto cambiará bajo el SB 588, la ley de pago justo por un día de trabajo honesto.

Es más, el robo de los salarios de los trabajadores condena a sus familias a nuestros barrios más peligrosamente contaminados. La ciudad de Richmond, en el Área de la Bahía de San Francisco, se encuentra ubicada en lo que podría denominarse como “tazón tóxico”, rodeado por cinco refinerías de petróleo, tres lugares bajo proyectos de descontaminación sufragados por el denominado “Superfund” y dos terrenos inactivos de ferrocarril.  La tasa de asma de la ciudad es el doble de la media estatal, una pesada e injusta carga para una población en la que cuatro de cada cinco residentes son latinos, afro-americanos o asiático-americanos.

Los riesgos de cáncer en los barrios pobres y diversos cerca del puerto de Los Ángeles, son tan altos, que el área ha sido denominada como la " zona de la muerte causada por el diesel".

El cambio climático llevará la injusticia medioambiental a niveles epidémicos. Las personas de color y los pobres, quienes ya residen en muchas de las zonas geográficamente más desfavorecidas, también tienen menos recursos para hacer frente a las olas de calor que han matado a miles de personas en los últimos años. Los científicos dicen que las emisiones de gases de efecto invernadero han empeorado la sequía que ha dejado a los trabajadores agrícolas sin trabajo y ha obligado a las familias pobres del Valle Central a luchar arduamente por conseguir agua potable.

Las injusticias y desigualdades no harán sino empeorar a medida que se acelere el cambio climático.

Estoy satisfecho de haber colaborado con el gobernador Brown y la presidenta de la Asamblea, Toni Atkins, para aprobar la medida SB 350, un proyecto de ley que reducirá drásticamente el consumo de combustibles fósiles, al requerir que el 50% de la electricidad que se consume en nuestro estado sea producida a partir de fuentes de energía renovable de aquí al año 2030, y reducir a la mitad el consumo de electricidad y gas natural, en el mismo período de tiempo. La SB 350 representa un logro importante que liderará a toda la nación, en respuesta a la creciente amenaza del cambio climático.

Por desgracia, los grandes grupos de presión (cabilderos) de la industria petrolera, utilizaron su potente influencia en Sacramento para eliminar otra cláusula que hubiera dado alivio a las familias que viven cerca de nuestras congestionadas autopistas, al reducir a la mitad el uso del petróleo. Los poderosos intereses no deben tener licencia para inyectar veneno en nuestras comunidades más vulnerables, por lo que debemos continuar tratando de implementar cambios en las políticas públicas para salvar vidas y frenar el consumo de petróleo.

¿Qué se necesita para ganar? Un nuevo nivel de visión y cooperación entre los movimientos de justicia económica y medioambiental, así como una permanente atención y progreso en ambas áreas, cada año. Al firmar la SB 588 y la SB 350, el gobernador Brown está dando pasos cruciales para llevarnos hacia una economía justa y sostenible.

(*) Kevin de León es senador (D-Los Ángeles), y Presidente Pro Tempore del Senado de California. El senador Andy Vidak publicó una columna de réplica al senador de León en esta misma sección de Opinión, el 5 de noviembre de 2015.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.