Estados Unidos está mandando armas y crimen a México

“Para abastecer sus arsenales, las organizaciones criminales mexicanas se aprovechan de las regulaciones laxas en torno a las armas de fuego en Estados Unidos”.

Un grupo de estudiantes denunció que había un estudiante en el campus portando un arma de fuego.
Un grupo de estudiantes denunció que había un estudiante en el campus portando un arma de fuego.
Imagen Getty Images

Durante su visita a la Ciudad de México en agosto de 2016 el entonces candidato presidencial Donald Trump comentó: “Ninguno de los dos países gana cuando los contrabandistas de personas y drogas abusan de las personas inocentes, cuando los cárteles cometen actos de violencia, cuando las armas ilegales y el dinero fluyen de Estados Unidos a México”

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Desde entonces Trump continúa afirmando que los mexicanos traen crimen al norte, mientras ignora la amenaza que representa el flujo de armas estadounidenses a los mexicanos.

A pesar de que México cuenta con una de las leyes sobre armas más estrictas del mundo, las organizaciones criminales mexicanas no tienen ninguna dificultad a la hora de comprar armas de fuego, las cuales utilizan para controlar territorios, extorsionar a comerciantes y amenazar tanto a ciudadanos como a miembros de las fuerzas de seguridad. Las consecuencias son letales. En el 2002 hubo más de 2,600 investigaciones de homicidios relacionadas con armas de fuego, para el 2016 este número había llegado a casi 13,000.

La mayoría de las armas usadas por grupos criminales en México provienen de Estados Unidos. Cada año, un promedio de 253,000 armas de fuego cruzan la frontera, en su mayoría provenientes de los estados del suroeste, como California, Texas y Arizona. De 2009 a 2014, más del 70% de las casi 74,000 armas de fuego confiscadas por las autoridades mexicanas y sometidas para su rastreo a la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) provenían de Estados Unidos. Muchas de estas armas eran rifles semiautomáticos como el AR-15 y AK-47, armas comunmente utulizadas por los cárteles e ilegales para los ciudadanos en México.

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Para abastecer sus arsenales, las organizaciones criminales mexicanas se aprovechan de las regulaciones laxas en torno a las armas de fuego en Estados Unidos, apoyándose principalmente en “compras paja”.

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Una “compra paja” se da cuando una persona que tiene prohibido comprar armas de fuego bajo ley federal contrata a una tercera persona para que las compre en su nombre. Debido a que no existe un límite para comprar armas de fuego en muchos estados, cualquier persona que apruebe una verificación de antecedentes puede comprar múltiples armas militares en una sola visita –para posteriormente distribuirlas a criminales–.

En muchas ocasiones los traficantes de armas de fuego ni siquiera tienen que mentir para comprar un arma. Aunque los vendedores de armas con licencia del gobierno deben realizar verificación de antecedentes y mantener los registros, entre otras medidas, los vendedores sin licencia aprovechan los shows de armas, los mercados informales y otros espacios privados donde pueden vender armas de fuego sin realizar verificaciones de antecedentes, revisar la identificación del comprador o registrar la venta.

El negocio de la violencia puede ser lucrativo, y la industria de armas en Estados Unidos está aprovechándose, con vendedores y productores estadounidenses armando a ambos lados del conflicto mexicano. Una investigación de la Universidad de San Diego muestra que la mitad de los vendedores de armas estadounidenses se benefician económicamente del comercio de armas entre Estados Unidos y México, llegando a ganar hasta 127.2 millones de dólares en 2012.

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Entretanto, los productores de armas también venden armas y municiones a las fuerzas de seguridad mexicanas que luchan contra las mismas organizaciones criminales que están fuertemente armadas. Entre 2015 y 2016, productores de armas con sede en Estados Unidos firmaron acuerdos comerciales de armas de fuego con México por 276 millones de dólares. Durante el mismo periodo, otras empresas de defensa estadounidenses firmaron acuerdos por más de 560 millones de dólares en aviones, helicópteros y otros equipos para abastecer a la policía y el ejército mexicano.

El gobierno estadounidense sabe que existe un problema. Según informes, el 7 de febrero el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el General John F. Kelly, y el Secretario de Gobernación (ministro de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, discutieron el flujo de armas en la frontera. Durante su visita a México de hace pocos días el secretario de Estado, Rex Tillerson, remarcó el tema como un área de cooperación entre ambos países. Inclusive, Trump firmó un decreto en febrero afirmando que fortalecería “la aplicación de la ley federal” relacionada con el tráfico ilegal de armas.

Pero si la administración de Trump quiere resolver el problema, necesita cambiar leyes, no solo aplicarlas. Los mismos mecanismos que permiten que las armas sean traficadas dentro de Estados Unidos –shows de armas y ventas por internet no reguladas, vendedores de armas corruptos y leyes que permiten a la gente comprar docenas de armas militares y revenderlas privadamente sin documentación– son los mismos mecanismos que le facilitan a los criminales mexicanos armarse.

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En Estados Unidos, el tráfico de armas es una actividad altamente redituable y de bajo riesgo. No hay leyes federales que prohíban el tráfico de armas dentro del país, y aunque las “compras pajas” podrían ser condenadas con tiempo tras las rejas, lo más común es que solo realicen servicio comunitario o un año de libertad condicional.

Muchos factores han contribuido a la violencia en México. Sin embargo, el “río de plomo” desde Estados Unidos ha jugado un papel clave en el alto número de muertes del país. Así como un costoso muro fronterizo no detendrá la entrada de drogas al país, tampoco podrá prevenir el enorme flujo de armas.

Si Trump está preocupado por el crimen organizado y la violencia en México, necesita abordar el papel que juega Estados Unidos en armarlo.

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Sarah Kinosian es una oficial de programas que trabaja sobre el tráfico de armas, política de defensa estadunidense y seguridad ciudadana para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Eugenio Weigend es un analista senior de política para el equipo de armas y crimen en el Center for American Progress.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.