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Un partidario de la ruptura con España lleva una estelada, la bandera independentista catalana.

España enfrenta este domingo el desafío del referéndum independentista en Cataluña

España enfrenta este domingo el desafío del referéndum independentista en Cataluña

El Tribunal Constitucional lo declaró ilegal, el gobierno de Mariano Rajoy lo ha combatido por todos los medios, pero el gobierno catalán se apresta a celebrar la consulta secesionista con la que aspira a romper con el Estado español. En medio de las posiciones antagónicas, la voz de la "mayoría silenciosa" puede ser determinante.

Cataluña vota en un referéndum considerado ilegal por España: este es el escenario previo Univision

A medida que transcurren las horas crece la incertidumbre sobre lo que sucederá este domingo en España, y más precisamente en Cataluña, cuyas autoridades han convocado a un referéndum de independencia que el Tribunal Constitucional español ha declarado ilegal, y que ha sido combatido por todos los medios por el gobierno de Mariano Rajoy.

La disputa por la consulta secesionista ha sumido a España en una de sus mayores crisis políticas en décadas. En caso de que se produzca la votación, es probable que se imponga el 'sí', dado que la mayoría de los que afirman en los sondeos ser independentistas tienen previsto votar, mientras que los opositores, que según las encuestas superan el 50%, se quedarían mayoritariamente en sus casas.

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En paralelo, las tensiones políticas entre Madrid y Barcelona han alcanzado un preocupante estado de alarma, con resonancia en toda Europa. Por un lado, el gobierno central ha exigido hasta último momento al ejecutivo regional que deponga su actitud de "desobediencia" y suspenda el referéndum independentista.

Diez mil agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de toda España han sido trasladados a la capital catalana, al tiempo que han sido detenido varios organizadores de la consulta, se han incautado más de 2.5 millones de papeletas de votación y centenares de urnas, bloqueado decenas de páginas web sobre el proceso y ordenado el cierre de centros de votación que, según el gobierno catalán, son más de 2.300 en toda la comunidad.

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A pesar de las advertencias del Gobierno central, el ejecutivo catalán presidido por Carlos Puigdemont mantiene la convocatoria, mientras que la policía regional Mossos D'Esquadra, intervenida por el Ministerio del Interior y obligada por orden judicial a cerrar los centros de votación, ha dicho que dará prioridad al mantenimiento de la "convivencia" en virtud de lo cual no intervendrá en aquellos donde se registre una alta concentración de electores.

Este viernes, Puigdemont ha cerrado su campaña en la capital catalana donde ha dicho ante miles de partidarios independentistas que finalizada la consulta la región comenzará “a caminar con paso firme, vestidos de la soberanía y de la dignidad que nos han querido arrebatar”.

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El Gobierno catalán se propone que el Parlamento local declare unilateralmente la independencia en las 48 horas posteriores a una eventual victoria del 'sí'. El proceso también prevé la redacción de una nueva Constitución y levantar las estructuras del nuevo Estado, como un Tesoro público, un banco central o un ejército.


Pero no todo es en blanco y negro

Durante la tensa disputa, se han sucedido a diario en Barcelona protestas en favor de la independencia, cacerolazos, exhortos públicos a la votación y concentraciones. Las universidades locales han efectuado jornadas de huelga por el “derecho a decidir” y el propio gobierno catalán ha convocado a una huelga general a partir del lunes hasta el 12 de octubre, sin el apoyo de las principales centrales obreras del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre el proyecto independentista: 41.1% a favor y 49.4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio. Pero también que más del 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal y pactado.

En balcones y ventanas de numerosos edificios de Barcelona y otras ciudades catalanas cuelgan las esteladas, la bandera independentista de Cataluña, y afiches de la campaña por el 'Si'. Las voces disidentes son muy poco visibles o prácticamente aplastadas por la abrumadora propaganda secesionista, al igual que la de una “minoría silenciosa” de ciudadanos que, según analistas, se siente tan española como catalana en una región de 7.5 millones de habitantes y creen que es posible una convivencia en otros términos políticos.

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Como Josep Lago, estudiante de Derecho de 24 años que no piensa ir a votar pero sí ha salido de las aulas a protestar por la negativa del derecho a disentir. “Los independentistas radicales que tenían el monopolio del pensamiento en la universidad no quieren permitir otras ideas”, se queja Lago, quien ha acudido a los tribunales para denunciar amenazas que reciben estudiantes no nacionalistas desde que empezaron a hacerse oír.

En la acera opuesta, hay personas como Thais, una madre de 38 años de edad, que han ido a ocupar las escuelas para garantizar que se haga la consulta. "Somos la gente los que tenemos que defender nuestros propios intereses, sino lo hacemos, nadie lo hará por nosotros", decía a la agencia AFP dentro del instituto Turó del Cargol, al pie del célebre Parque Güell de Barcelona.

"Llegar a este punto sin que nadie te explique porque está bien el sí, es de locos", sostiene Lorena Torrecillas, una fisioterapeuta de 27 años en Barcelona entrevistada por la agencia AP.

"Prefiero quedarme con lo conocido que con lo que va a venir, porque puede ser muy bueno o muy malo", añadía sin saber todavía si votaría.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que llegó al cargo en 2014 con el apoyo de partidos de izquierda e independientes, se mantiene dentro de la ambigüedad. Por una parte ha dicho que facilitará la participación en la consulta independentista, pero por otro rechaza ceder locales municipales para una convocatoria suspendida por el Tribunal Constitucional.

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Los líderes nacionales de los partidos de centro izquierda e izquierda, el histórico PSOE y el emergente Podemos, han intentado que se resuelva la disputa con un diálogo que concluya en un nuevo pacto político donde Cataluña tenga un encaje diferente dentro del conjunto del estado español, con más autonomía y mejor reparto de recursos. Pero esas propuestas se han estrellado en la estridencia de la polarización.

En fotos: España enfrenta el desafío del referéndum independentista en Cataluña

El peso del dinero

Los defensores de la independencia invocan que Cataluña tiene su propia lengua y cultura, que es una "nación" y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado.

También alegan que se trata de una de las regiones autónomas más ricas de España, pero es castigada con un exceso en la recaudación fiscal para repartir a las regiones más pobres, y sus ciudadanos disfrutarían de un mayor grado de prosperidad si hubiera un Estado independiente.

El tema económico, empero, podría no ser tan determinante. El Instituto de la Economía Mundial (IfW) de Kiel (norte de Alemania) considera que la independencia de Cataluña sería perjudicial tanto para la economía catalana como para la española.

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"El conflicto sobre el futuro estatus de Cataluña amenaza la recuperación económica de España. Pero también Cataluña saca provecho de las relaciones con otras relaciones de España y del acceso libre al mercado europeo", dice un estudio publicado esta semana por el IfW.

Según la investigación, Cataluña, que basa buena parte de su fortaleza en la industria y en las exportaciones, y la comunidad autónoma de Madrid aportan cada una el 19% del producto interior bruto (PIB) español.

Otro punto en contra de Barcelona es el prácticamente nulo apoyo internacional que ha tenido hasta ahora la propuesta independentista. Este viernes, el presidente francés, Emanuel Macron, ha señalado que no conoce otro interlocutor válido que el gobierno de España.

El movimiento por la independencia es lo suficientemente fuerte para continuar también en el caso de que el Gobierno de Puigdemont (donde confluyen la centro derecha y la izquierda independentista), no pueda lograr una eventual victoria en la consulta en un proceso de separación definitivo.

El último recurso de Madrid para detener el proceso de secesión sería aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que otorga al gobierno central el poder de suspender la autoridad del Gobierno regional.

Todos los analistas políticos y la mayoría de los políticos creen que la solución más práctica y beneficiosa está en un diálogo renovado entre las autoridades catalanas y españolas que conduciría a un mejor trato fiscal y un mayor gasto en infraestructuras para la región. Incluso, una reforma constitucional que incluya artículos específicos para proteger la lengua y la cultura catalana aprobada mediante un referéndum legal y pactado a escala nacional.

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Pero no hay nada escrito: todas las incógnitas serán desveladas la tarde del domingo y el lunes comenzará otro capítulo.

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