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Un problema que empieza más allá del río Bravo.

¿Me van a deportar? Respuestas urgentes para indocumentados

¿Me van a deportar? Respuestas urgentes para indocumentados

El presidente electo advirtió en campaña que deportará a dos millones de ilegales criminales y cuatro millones que violaron los términos de sus visas. Los otros tendrán que irse.

Un problema que empieza más allá del río Bravo.
Un problema que empieza más allá del río Bravo.

“Esperaba un milagro, que ganara la señora ( Hillary Clinton)”, dice Ángela, una inmigrante que vive en Houston, Texas. Ahora imagínese el miedo que tenemos y, sobre todo yo, que no solo soy indocumentada sino también una mujer transexual”.

El milagro no llegó y Donald Trump ganó este martes la presidencia de Estados Unidos con la candidatura presidencial más dura con la inmigración ilegal que se ha visto en décadas. El triunfo deja al menos 11 millones de indocumentados al borde de la deportación.

Pese a sus ambigüedades y cambios de discurso, Trump promete:


En su programa electoral, es menos claro con las deportaciones masivas y no detalla si afectarían a todos o a una parte de los indocumentados. La realidad, según expertos, activistas y datos, es que cumplir estas promesas será de una complejidad inimaginable, quizás inasumible. Y sobre todo, no será inmediata.

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No es posible volverse al país para tramitar una visa

El pasado 31 de agosto, en Phoenix, Arizona, Trump dio a conocer un plan migratorio de 10 puntos. Anunció que su prioridad sería la deportación de dos millones de indocumentados con antecedentes criminales, más otros cuatro millones que violaron los términos de sus visas. De los otros cinco millones de indocumentados que restan dijo que deberán salir del país y gestionar una visa en el consulado estadounidense para poder regresar.

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Sin embargo, la salida de estos cinco millones de extranjeros sin papeles se convertirá en un serio problema.

Primero, porque la ley de inmigración castiga hasta con 10 años sin poder volver a los indocumentados que pongan un pie fuera. Y segundo, porque advierte que la permanencia no autorizada en Estados Unidos les deniega la posibilidad posterior de solicitar una visa en su país de origen, a diferencia de lo afirmado por Trump en campaña.

Trump no ha explicado si le pedirá al Congreso que reforme la ley para cambiar estos dos puntos y hacer posible una reentrada legal.

No hay sistema que aguante tantas deportaciones

Trump tampoco ha entregado detalles que demuestren que su plan de deportaciones masivas será viable; no solo ponerlo en ejecución, sino completarlo en los 18 meses que él mismo fijó como plazo durante la campaña.

“Legalmente eso sería casi imposible”, asegura Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “No se puede hacer así como él lo ha dicho porque hay un proceso de deportación que requiere la ley. Las autoridades tendrán que encontrar, arrestar, brindar audiencias de deportación con los jueces de inmigración y presentar las defensas los solicitantes”. Así lo estipula el debido proceso del cual Trump no ha mencionado una sola palabra.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que los centros de detención bajo el mando de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por ley, tienen una capacidad mínima diaria de 34,000 camas, equivalente al 0.3% de los 11 millones de indocumentados.

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"El sistema migratorio no está preparado para deportar a toda esa gente. Es imposible”, insiste también la abogada y activista proinmigrante Margot Cowen, desde Phoenix, Arizona.

Tribunales atascados que eternizarán el proceso

“Todos los estudios indican, y así lo comprueba mi experiencia personal, que si una persona hoy tiene un caso en la corte de inmigración la primera audiencia de deportación la tiene para, más o menos, dentro de unos tres años. Hay atascos en las cortes”, dice el abogado Nieblas.

A mediados de septiembre Univision Noticias reportó, citando un informe de la Universidad de Syracuse, que al 31 de julio había 502,794 casos acumulados en las cortes de inmigración, una cifra récord.

Seis meses antes, en marzo, la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ) había advertido que el problema estaba creciendo peligrosamente, y que el atasco causaba estragos, por ejemplo, en los casos de asilo. Y señaló que en ese momento se estaban programando miles de audiencias, algunas para más allá del 2017 y otras para el 2020.

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La posibilidad de revisar el caso de deportación

El abogado también recalca que los individuos arrestados por las autoridades de inmigración tienen vías legales para apelar y/o solicitar la revisión de sus casos. Dice que todos esos procesos llevan tiempo:

“Los que tienen miedo que los deporten de un día para otro, recuerden que todos tienen derechos bajo la Constitución de Estados Unidos. Y a menos que éste señor se convierta en rey o en dictador, no puede hacer lo que ha dicho que hará, deportarlos a todos inmediatamente. Se tiene que respetar la ley y seguir el debido proceso”.

Un vacío social que puede movilizar a la gente

La activista y abogada Coewn dice que, en caso de una deportación masiva, habría millones de afectados indirectos:

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"Si quiere hacerlo, entonces habrá una revolución entre los mismos empresarios, agricultores, comerciantes, la gente que necesita el trabajo de los indocumentados. En el momento que él quiera poner en marcha esa maquinaria de deportaciones, serán los que necesitan del trabajo de nuestra gente quienes se opondrán”.

La semana pasada el Centro de Investigaciones Pew reveló que 2014 había ocho millones de inmigrantes indocumentados trabajando en Estados Unidos o buscando trabajo, cifra que representa el 5% de la fuerza laboral civil de la nación. Además, están especialmente concentrados en ocupaciones concretas, como la construcción, la agricultura y la hostelería.

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Derogar DACA y DAPA implica enfrentarse con estados demócratas

El presidente Obama usó las acciones ejecutivas de DACA y DAPA, es decir, programas que amparaban de la deportación a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados, padres de ciudadanos y residentes legales permanentes que están en el país desde antes de 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. También ampliaba los beneficios de la Acción Diferida del 2012 (DACA original) para los dreamers.

La implementación de ambos programas fueron detenidos el 16 de febrero de 2015 por los tribunales de justicia tras una demanda presentada por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos).

Trump ha dicho que anulará todas las acciones ejecutivas migratorias de Obama. El presidente electo, sin embargo, no ha señalado si entrará en disputa con los estados gobernados por demócratas que tomen medidas para proteger a sus respectivas poblaciones de inmigrantes indocumentados, y evitar de esa manera que sean deportados. California y Nueva York son los estados más grandes gobernados por demócratas.

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“Nosotros, mientras tanto, seguiremos protegiendo a nuestra comunidad con información sobre sus derechos constitucionales”, dice Cristina Jiménez, directora ejecutiva y cofundadora de United We Dream (UWD), una de los casi 800,000 dreamers protegidos por el DACA de 2012. “Defenderemos el debido proceso y nos enfocaremos en todas las instancias legales que disponemos para contener los planes de Trump”, indicó.

Ángela, la inmigrante llena de miedo en Houston, confía en las estrategias anunciadas por las organizaciones proinmigrantes:

“Yo espero que hagan mucho por nosotros. Y también los medios de comunicación, para denunciar los atropellos a nuestros derechos como inmigrantes en Estados Unidos. Nosotros vinimos a este país porque no podíamos vivir en el nuestro. Si nos deportan nos matan”.

Si usted o sus familiares son indocumentados, pueden compartir su historia con Univision Noticias enviando un email a jcancino@univision.net.

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