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Grupo bipartidista propone un proyecto de ley para dar la residencia a indocumentados con TPS

Grupo bipartidista propone un proyecto de ley para dar la residencia a indocumentados con TPS

La iniciativa permitiría que ciertos inmigrantes de El Salvador y Haití obtengan la 'green card' (tarjeta verde) demostrando que sus vidas corren peligro si vuelven a sus países de origen. Sin embargo, sus posibilidades de éxito son escasas.

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Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes ha propuesto una iniciativa de ley para dar la residencia a indocumentados con TPS.

De ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, permitiría que ciertos indocumentados de El Salvador y Haití protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan solicitar la residencia bajo uno de los principales requisitos de asilo en Estados Unidos: miedo creíble de regresar a sus países de origen. Sin embargo, sus posibilidades de éxito son escasas.

El proyecto de ley beneficiaría a unos 220,000 indocumentados salvadoreños protegidos de la deportación desde marzo de 2001, y cerca de 57,000 haitianos cuyo TPS fue prorrogado por seis meses y por última vez el 24 de mayo, otorgando amparo de deportación hasta el 22 de enero de 2018.

La iniciativa surge una semana después de que el Departamento de Seguridad (DHS) anunció la cancelación del TPS de Nicaragua y una prórroga de seis meses al TPS de Honduras, programas que amparan de la deportación a unos 60,000 indocumentados desde el 5 de enero de 1999.

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El proyecto de ley, denominado ASPIRE, permitiría que cualquier indocumentado protegido por el TPS antes del 1 de enero de 2017, pueda pedir la residencia legal permanente si puede demostrar, ante un juez de inmigración, que enfrentaría un peligro extremo si debe regresar a su país de origen.

“El TPS se creó con apoyo bipartidista para proteger las vidas humanas”, declaró la representante Yvette Clarke (demócrata por Nueva York).

Clarke tiene planes de presentar el proyecto de ley junto con la representante Ileana Ros-Lehtinen (republicana por Florida) y Pramila Jayapal (demócrata por Washington).

La congresista neoyorquina ha dicho que “Haití no está en condiciones de absorber el costo de la reintegración de miles de haitianos beneficiarios del TPS de una vez”, y que su retorno “significará que Haití perderá las remesas que estos beneficiarios actualmente envían al país".

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Para algunos abogados, la iniciativa puede ayudar a muchos, “pero deberán demostrar ante un juez de inmigración que el regreso de in inmigrante indocumentado protegido con un TPS durante casi dos décadas, enfrentará un peligro extremo en su país de origen o padecerá un sufrimiento extremo si es deportado de Estados Unidos”, explicó Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con el Noticiero Univision.

Hernández agregó que “hoy en día está vigente el Perdón 601-A que le permite a ciertos indocumentados casados con ciudadanos o residentes legales permanentes, pedir un parole provisional para que salgan del país y no les caiga encima la Ley del Castigo. Y una vez fuera, hagan el trámite consular para pedir una visa de inmigrante, volver y recibir la green card”.

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El abogado dijo que esta puede ser una fórmula que se aplique a algunos inmigrantes protegidos por el TPS, pero advirtió que “no se trata de un camino fácil”, y que además el Congreso tendría que actuar de manera equitativa, “es decir si le da este beneficio a hondureños y haitianos, tendrá que dárselo a todos los demás”.

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Además de El Salvador y Haití, otros 11 países han recibido el TPS, entre ellos Honduras y Nicaragua, este último cancelado la semana pasada con una última prórroga de 12 meses hasta el 5 de enero de 2019.

El TPS ampara de la deportación a 439,625 inmigrantes indocumentados13 países, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Un informe del Centro para el Cambio Americano (CAP), revela que Estados Unidos perdería $164,000 millones del PIB a lo largo de la próxima década debido a la pérdida de la fuerza laboral de los beneficiarios del TPS de Honduras, El Salvador y Haití.

El CAP también advierte que cerca de 300,000 niños estadounidenses con uno o dos padres protegidos por un TPS se verían afectados si sus progenitores son deportados de Estados Unidos.

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