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Operación Streamline para criminalizar indocumentados en EEUU cumple 10...

El operativo Streamline aplica duras sanciones a indocumentados que reingresan sin documentos a Estados Unidos.

Operación Streamline para criminalizar indocumentados en EEUU cumple 10 años

Operación Streamline para criminalizar indocumentados en EEUU cumple 10 años

Operación Streamline para criminalizar indocumentados en Estados Unidos cumple 10 años

El operativo Streamline aplica duras sanciones a indocumentados que rein...
El operativo Streamline aplica duras sanciones a indocumentados que reingresan sin documentos a Estados Unidos.

La Operación Streamline, por la que miles de indocumentados son procesados y sentenciados anualmente en la frontera sur de Estados Unidos, cumple su décimo aniversario bajo las críticas de que se trata de un millonario negocio para las cárceles privadas.

El programa federal inició el 16 de diciembre de 2005 en Del Río (Texas), en el 2008 se extendió a Tucson (Arizona) y actualmente opera en seis de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza en la frontera con México, menos en California.

"Esto no es una audiencia de deportación, lo que estamos haciendo es criminalizándolos primero, dándoles un récord criminal y luego deportarlos", dijo Isabel García, abogada de la Coalición de Derechos Humanos.

García sostuvo que esto ayuda a "envenenar el clima en contra de los migrantes" porque, cuando se refieren a que el 62% de los deportados es criminal incluyen a los inmigrantes que fueron sentenciados anteriormente por ingresar ilegalmente al país en este programa.

Bajo la Operación Streamline, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) trabaja con abogados del Departamento de Justicia (DOJ) para procesar a quienes cruzan la frontera sin documentos, los cuales son acusados de un delito menor por el que deben pagar hasta seis meses de prisión, y si reingresan ilegalmente, el delito puede pagarse hasta con 20 años de prisión.

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De acuerdo con estimaciones de la Patrulla Fronteriza, más de 279,000 personas se han enjuiciado desde diciembre de 2005 a marzo de 2014.

"La Operación Streamline es una violación de los Derechos Humanos y los conceptos básicos de justicia en este país, es una pérdida de dinero de los contribuyentes y no funciona", dijo John Fife, miembro fundador del Movimiento Santuario en la Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson.

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Fife sostuvo que el costo de este programa de encarcelamiento masivo es de $1,000 millones de dólares anuales. "La mayor parte de ese dinero va a las prisiones privadas", indicó Fife.

En Tucson, entre 50 y 70 inmigrantes se presentan diariamente ante un juez en la corte federal para declararse culpable y ser sentenciados en una audiencia masiva que dura menos de dos horas. Todos los acusados, quienes se presentan encadenados de pies y manos, reciben sentencias entre 30 y 180 días en prisión.

Celebrando los 10 años del programa, varios activistas y opositores salieron el miércoles a la calle con carteles y muñecos para representar en una obra de teatro una audiencia de Streamline.

Durante la presentación teatral realizada en las afueras de la corte federal, el juez llamó a cada inmigrante y le preguntó si se declaraba culpable de haber cruzado la frontera ilegalmente.

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Los inmigrantes, -que en la mayoría de los casos requieren de un traductor por no entender inglés-, se ven obligados a declararse culpables y posteriormente reciben su sentencia.

En uno de los casos el inmigrante pidió ver un juez para pedir asilo político porque tenía temor de regresar a su país.

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"En muchos de los casos son la gente más pobre que tienen raíces fuertes y profundos aquí en la comunidad con esposas ciudadanas, hijos ciudadanos y no importa si cruzan la frontera en el lado no aprobado, son culpables", afirmó Dino DeConcini, de la Coalición End Streamline.

Según los activistas, los sentenciados son deportados al terminar con su tiempo en prisiones federales que son operadas por empresas privadas en diferentes lugares del país.

Agregaron que muchos de ellos son enviados a cárceles lejos de su familia y su comunidad.

Los activistas también expusieron que las pertenencias de los inmigrantes detenidos y sentenciados bajo Streamline, las cuales son confiscadas por la Patrulla Fronteriza al momento de ser detenidos, en la mayoría de los casos no son regresadas.

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