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¿Por qué Obama renueva la “emergencia nacional” sobre Venezuela?

¿Por qué Obama renueva la “emergencia nacional” sobre Venezuela?

El Presidente considera que la situación en el país no ha mejorado desde 2015

¿Por qué Obama renueva la “emergencia nacional” sobre Venezuela?
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Por Patricia Clarembaux @clarembaux

Solo en la última semana, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el inicio de una investigación administrativa contra el líder opositor Henrique Capriles; limitó las funciones de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora– con un fallo judicial; y decretó una ley para impedir la amnistía de los presos políticos.

Por la suma episodios como estos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a la conclusión de que “ la situación en Venezuela (…) no ha mejorado”, tal y como lo señala en una carta enviada este jueves a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado para informar que, en consecuencia, “continúa por un año más la emergencia nacional declarada” en marzo de 2015.

Cuando se estableció hace un año esta medida, Washington sancionó a siete altos funcionarios venezolanos -fiscales, militares, oficiales de policía, autoridades civiles- por violar los derechos humanos de sus conciudadanos e intimidar a oponentes políticos desde 2014, cuando arreciaron las protestas antigubernamentales que culminaron con una cifra de 43 muertos, cientos de heridos y 1,500 personas sometidas a procesos judiciales o medidas cautelares. Además, señaló a algunos de ellos de estar “involucrados en actos de corrupción”.

Un año después del decreto del 9 de marzo, la Casa Blanca considera que continúa “la erosión a los derechos humanos de parte del gobierno, la persecución de políticos opositores, las restricciones a la libertad de prensa, el uso de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos y los abusos en la respuesta a las protestas antigubernamentales, las detenciones arbitrarias y detenciones a quienes protestan”.

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El gobierno de Estados Unidos asegura incluso que hay un “aumento de la corrupción”.

Hace un año, el presidente venezolano Nicolás Maduro respondió airadamente a la medida, exigiendo que fuese levantada. Y de la exigencia a ido a la negociación, sin éxito en ambos casos. "Hemos adelantado conversaciones con el Gobierno de los Estados Unidos (…) para que más temprano que tarde podamos lograr sacar del camino esa espada de Damocles que está sobre el cuello del pueblo venezolano", dijo Maduro en septiembre pasado, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

365 días después

Entre 2015 y 2016, el gobierno socialista tomó decisiones que demuestran “que no hay avance ni diálogo en Venezuela (…) que el país ha cambiado, pero para peor”, explica Colette Capriles, profesora de Filosofía Política de la Universidad Simón Bolívar en Caracas.

365 días después del decreto de “emergencia nacional” de Obama, el mandato de Maduro ha acumulado nuevos hechos.

El más reciente es el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que limitó las funciones del Parlamento para hacer contraloría sobre el resto de los Poderes Públicos. “Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante”, opinó entonces el presidente de la Asamblea, el opositor Henry Ramos Allup.

Días antes, en cadena de radio y television, Maduro aprobó un plan nacional de derechos humanos, que estará vigente hasta 2019, como “escudo” contra la propuesta de amnistía a los políticos presos impulsada por los diputados opositores y que beneficiaría, entre otros, al líder Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión.

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Retrocediendo a agosto de 2015, por orden de Maduro se cerró la frontera binacional entre Venezuela y Colombia y se decretó un estado de excepción –aún vigente– como una medida para controlar el contrabando de alimentos y productos básicos. El Presidente responsabilizó a los colombianos de la fuga de alimentos y medicinas y, como resultado, 1,532 fueron deportados en un proceso express y otros 18,377 regresaron a Colombia temiendo ser expulsados.

La cuenta podría seguir entre candidatos opositores inhabilitados para competir por una curul en la Asamblea Nacional, diputados electos desincorporados ante la inminente mayoría calificada que se impondría en la Asamblea, así como la detención del exgobernador opositor Manuel Rosales y la aprobación –en enero de 2015– de una resolución que permite a militares el uso de armas letales en situaciones de "violencia mortal" durante el control de manifestaciones o protestas.

“Todos son indicadores muy antidemocráticos (…) El país vive una crisis de gestión”, analiza Capriles.

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