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La Familia Morales Mejía en su residencia de Miami.

A punto de ser deportado un migrante que hace 11 años pidió asilo con un tramitador

A punto de ser deportado un migrante que hace 11 años pidió asilo con un tramitador

Cuando llegaron a EEUU en el 2005 contrataron a un tramitador y perdieron el caso. Cuando intentaron recuperarlo, otro gestor no supo cómo apelar y complicaron sus futuros en el país.

La Familia Morales Mejía en su residencia de Miami.
La Familia Morales Mejía en su residencia de Miami.

Los Morales están desesperados. Llegaron a Estados Unidos procedentes de Colombia hace poco más de 11 años en busca de asilo y ahora el jefe de la familia, Leonardo, está a punto de ser deportado. “Fue saliendo de la casa, hace un mes y medio, cuando lo arrestaron ”, cuenta Yaneth Mejía, la esposa. “Lo esposaron delante de mis hijos como si fuera un criminal”, agrega.

“Nosotros hemos sido muy entregados a los demás, a Dios y a todo lo bueno”, continúa. “Le pregunté a los agentes de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) por qué se lo estaban llevando y ellos me respondieron que tenía una orden de deportación, que necesitaban que cuadrara cuentas”.

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Casos como el de Morales se repiten a diario en todo el país. El gobierno de Obama deporta un promedio de 640 inmigrantes indocumentados al día.

“Nosotros huimos de Colombia por amenazas de muerte”, cuenta Mejía. “La guerrilla de las FARC amenazó a mi esposo y a la familia. Lastimósamente dejamos todo. No estuvimos de acuerdo con lo que estaban pidiéndonos. Nos vaciaron. ¿Y qué hace uno cuando le ponen la metralleta en la cabeza? Pues prefiere la vida a lo material”, relata.

El matrimonio huyó con sus dos hijos, Valeria y Juan, en aquel entonces de 5 y 3 años de edad. “Los dos son dreamers y están protegidos por DACA”, dice Janeth. DACA son las siglas del Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que anunció el gobierno de Barack Obama en junio de 2012 y que cancela de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron al país siendo niños antes del 15 de junio de 2007.

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El asilo

Mejía explicó que al poco tiempo de llegar a EEUU pidieron asilo. “ Los papeles los llenó un supuesto abogado que no era abogado. Él nos llamó un día y nos dijo que teníamos que presentar la solicitud. Cuando fuimos a la entrevista nos enteramos que puso una historia que no era cierta, que nosotros no le habíamos dicho. Imagínese, nos negaron la solicitud”, dijo.

El gestor les cobró en ese tiempo 1,500 dólares por llenar el formulario y presentarlo. Mejía dice que el documento “llevaba la firma nuestra” y que el nombre del gestor “ no estaba por ninguna parte”.

Al negarles el caso, los Morales preguntaron a sus amigos y conocidos si había manera de enmendar el error cometido por el tramitador. “Apareció una señora que también nos dijo que era abogado de inmigración. Nos cobró 3,000 dólares para apelar. Y otra vez fuimos a la corte. Pero ahí asomaron contradicciones en las explicaciones” que resultaron en una segunda decisión adversa.

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“Lo intentamos con otra abogada a la que le pagamos 5,000 dólares pero nunca respondió nuestras llamadas”, dice Mejía.

“Nos cansamos de batallar y nos quedamos esperando la reforma migratoria, pero nunca vino. Y ahora, mire usted, llegamos en busca de asilo y 11 años más tarde quieren expulsar a mi marido. Les dijimos a las autoridades que nos mintieron, que nos engañaron, que nos estafaron, pero no nos escucharon. Estamos en las manos de Dios”.

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Batalla para que se queden

Mientras ruegan por una solución antes de que se cumpla la orden de deportación de Morales, activistas pro inmigrantes montaron una campaña para pedirle al gobierno que lo libere y reconsidere el caso.

“Pensamos que fueron engañados para sacarles dinero”, dice Ale Saucedo de la organización ‘We too have a dream’ en Miami, Florida. “Leonardo es un padre de familia con dos hijos beneficiarios de DACA. Toda la familia emigró de Colombia escapando de la amenaza de los guerrilleros para resguardar sus vidas”, subraya.

Morales es economista y su esposa, administradora de empresas y diseñadora de modas. “Ellos fueron víctimas de una persona que se hizo pasar por abogado, que truncó sus futuros y terminaron con orden de deportación”, dice Saucedo.

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Mejía precisó que la familia demandó al primer gestor ante la justicia, “pero desafortunadamente el nombre de él no aparece en la solicitud de asilo, solo los nombres y las firmas de mi esposo y el mío”.

"Nos sentimos tremendamente dolidos de que continúen las deportaciones de familias que son ejemplo en nuestra sociedad”, dice Silvia Pugnale, de la organización DREAMers’ Mom. “Le estamos pidiendo a la directora de ICE, Sarah Saldaña, que tome en consideración el caso Morales para mantener unida a esta familia”.

“Nuestros sueños se acabarían con la deportación de mi esposo”, dice Mejía.

Diferencias entre un notario y abogado de inmigración en EEUU Univision

Errores lamentables

Los pasos dados por los Morales en la búsqueda de asilo muestran situaciones que pudieron “haberse evitado”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración con licencia para ejercer otorgada por el estado de California.

“Los gestores o notarios no autorizados para representarlo ante el servicio de inmigración cometen muchos errores porque no están preparados ni instruidos para hacerlo”, indica. “Pero sobre todo, y especialmente cuando un caso comienza a entrar en el mundo de las apelaciones, es ahí donde hay que buscar a un profesional para que lo asista”.

“Aquí (en la instancia de las apelaciones) se maneja un lenguaje legal. Los movimientos que deben realizarse son de tipo legal al igual que las estrategias. Al menos se debe preparar el caso para que, en el futuro, se mantengan las puertas abiertas”, añade.

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En 2005 nadie le advirtió a la familia Morales lo difícil que era pedir asilo. “Durante el proceso, a cada nivel se incrementa la probabilidad de error”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Si caen en manos de gente que no tiene entrenamiento legal y no saben pelear los argumentos correctos y las evidencias, pues se multiplican la probabilidades de perder un caso de asilo”.

“El asilo es durísimo, hasta para un abogado es duro”, remarca. “En la corte es duro, en apelaciones es durísimo y en la corte federal es mucho más complejo. Imagínese con un gestor o un notario sin ninguna clase de entrenamiento en la ley de inmigración”.

El caso Morales inquieta porque ha tardado más de 10 años y hasta ahora se ejecuta una orden de deportación. “Si Leonardo no ha cometido delitos es probable que todavía, en esta instancia, pueda hacerse algo como, por ejemplo, presentar un pedido de remoción para reabrir el caso”, explica Gálvez. “Pero si ya se agotaron todas las instancias, no hay mucho que pueda hacerse”, lamentó.

Mejía aseguró que una abogada contratada por la familia presentó esta moción que, esperan, prospere en las próximas horas. “ Haremos todo lo posible para que no lo deporten y pueda regresar junto a su familia”, dice.

Univision Noticias trató de contactarla pero no respondió las llamadas.

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Gálvez insiste en que “un abogado preparado revisará los expedientes, buscará la manera de que no haya contradicciones, y tratará de evitar que el gobierno le crea, que no se forme la percepción de que el inmigrante está mintiendo”. Pero advirtió que “ quitarse de encima la idea de que una persona miente, es casi imposible revertirla”.

Javier, el hijo de Leonardo Morales (derecha), junto a amigos en su casa...
Javier, el hijo de Leonardo Morales (derecha), junto a amigos en su casa de Miami piden a las autoridades que liberen al inmigrante.

Los asilos son confidenciales

La Oficina de Ciudadanía y Servicio de Inmigración (USIS) no da detalles del caso Morales y señala que los temas de asilo con “confidenciales”.

Por aparte, ICE indica que sus agentes operan en cumplimiento de la lista de prioridades de deportación contenidas en el memorando del 20 de noviembre del 2014:

  • Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
  • Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);
  • Prioridad 3: Personas con DUI (manejar ebrio o drogado), cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
  • Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

Gálvez dijo que, de acuerdo con lo que se ha visto en los últimos meses, “es poco probable que arresten a una persona con una orden de deportación emitida hace tanto tiempo, a menos que tenga un delito”.

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La familia Morales asegura que Leonardo “tiene un expediente limpio” y confía en que las autoridades “reconsiderarán el caso” y al final del día “nos darán el asilo que mi esposo y yo les pedimos hace 11 años”.

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