Por qué el alcalde de Miami no debería haber acatado la orden ejecutiva de Trump

En tiempos de cabezas calientes, vale la pena aprender de la historia, específicamente de lo que sucedía en Los Ángeles, en 1979. En medio del auge del crimen y las pandillas en esa ciudad, la delincuencia estaba descontrolada (muy lejos de la actual situación, aunque algunos lo quieran ver distinto). “Teníamos muchos ilegales (sic) que estaban siendo víctimas de crímenes y queríamos ayudarlos”, recordó hace unos años Daryl Gates, jefe de Policía entre 1978 y 1992. “Primero, esto ayudaría con su cooperación y, además, no quería que mis chicos estuvieran preguntándole a cada persona de color que veían si eran o no ciudadanos”.

Gates creó la Orden Especial 40, una política interna que impidió que los agentes iniciaran acciones para descubrir el estatus migratorio de una persona. Además, ellos no podrían arrestar a alguien por haber entrado ilegalmente al país. Este fue uno de los orígenes del concepto de ciudades santuario, el que ahora el presidente Donald Trump está batallando con una orden ejecutiva.

“Será una política del ejecutivo empoderar a las agencias policíacas estatales y locales (…) para que realicen funciones de agentes de inmigración”, dice la orden de Trump, la que también agrega que bloqueará dineros para quienes no contribuyan a ICE. “(El fiscal general) se asegurará que las jurisdicciones que no acaten (…) no serán elegibles para recibir fondos federales”.

Basado en esto último, el alcalde del condado de Miami-Dade fue uno de los primeros en aceptar la medida de Trump, ordenando a su Departamento de Prisiones que acaten cualquier petición de detención por parte del Departamento de Seguridad Nacional. “Me quiero asegurar de que no pongamos en juego millones de fondos que recibimos del gobierno federal por un tema de 52,000 dólares”, había dicho Carlos Giménez anteriormente, un republicano que votó por Hillary Clinton en la última elección. “Esto no quiere decir que arrestaremos más gente. Esto no quiere decir que no estaremos cumpliendo con las leyes migratorias”.

Miami-Dade por un buen tiempo había estado en un limbo al respecto. A pesar de que estaba en una lista de ICE designada como ciudad santuario, ellos no aceptaban el término. “Antes [cuando teníamos a un detenido solicitado] le pedíamos [a ICE] reembolsar al condado de Miami Dade y no estábamos esperando 48 horas”, dijo Mike Hernández, vocero del alcalde. “Ahora, con esta orden ejecutiva del alcalde Giménez, sí estamos esperando las 48 horas y el gobierno federal tiene la responsabilidad de venir a buscar a esa persona bajo custodia”.

Mientras otras ciudades de inmigrantes como Los Ángeles, Chicago y Nueva York se han declarado abiertamente como ciudades santuario, Giménez había justificado su poca cooperación con ICE en el costo que implicaba mantener detenidos a personas, a la espera de que Inmigración se hiciera cargo de sus costos. Ahora, de acuerdo a su vocero, sólo cumplirán con esa parte de la orden. Es decir, no detendrán a personas por su estatus migratorio.

Pero, ¿fue un buen cálculo el hecho por el alcalde Giménez? ¿Qué tienen que tener en cuenta otros líderes urbanos frente a las amenazas del gobierno federal? Lo primero, dice Ali Nooorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, es el efecto que esto tendrá en la seguridad de las ciudades, lo mismo que identificó en 1979 el jefe de policía de Los Ángeles al crear la Orden Especial 40.

“Desde una perspectiva de seguridad, es una práctica inteligente tener la confianza de toda la comunidad. Esto significa que el policía de la esquina necesita tener la confianza de los inmigrantes en el vecindario que patrulla”, dijo Noorani.

Esto fue lo que comentaron también una serie de líderes policíacos que se reunieron con Noorani el jueves en Washington DC. “Realmente sentimos que cuando tenemos inmigrantes o familias de inmigrantes que viven en miedo de ser deportados, será menos probable que ellos denuncien crímenes o se atrevan a ser testigos y trabajen con nosotros en investigaciones”, dijo el jefe de policía de Tucson, en Arizona, Chris Magnus.

El vocero del alcade de Miami dijo que la gente no tiene que temer al respecto a la hora de denunciar o ser testigos, pero no está para nada claro de si esta garantía realmente logrará disminuir el temor de un indocumentado a acercarse a las autoridades.

Por otra parte está el tema del dinero federal, que comentó el alcalde Giménez. En CityLab hemos hablado de lo difícil que es contabilizar cuánto se podría retener y el lenguaje vago de la orden ejecutiva no ayudará en ese sentido. Pero, más allá de esto, parece ser muy temprano para tomar una medida.

“La habilidad de la administración de Trump de bloquear fondos federales a nivel de ciudades con una orden es muy limitada y será judicializada”, dice Ali Noorani.

Pero además está el factor político y moral. Como explicó mi colega Lorena Arroyo, de Univision, a muchos le llama la atención que Miami tome esta decisión siendo una ciudad donde un 65% de la población es hispana. Pero, la verdad, quienes están en el poder son personas que tienen poco que ver con la realidad del indocumentado. “Son por lo general cubanos mayores de 45 años muy identificados con el partido republicano”, dijo el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra.

Hasta el momento, el número de indocumentados cubanos ha sido bajísimo debido a las leyes que les daban asilo, pero el término de la política de ‘pies secos, pies mojados’, podría poner a los nuevos cubanos en el mismo aprieto que están los demás inmigrantes.

En todo caso, todo esto poco vale para quienes protestaron la medida de Gimenez este viernes frente a su oficina, en Miami. “Esta política se creó para proteger a la comunidad inmigrante de una agencia federal que estaba fuera de control, utilizando las policías locales como una red de deportación de inmigrantes y de separación de familias”, dijo Lis-Marie Alvarado, de la organización American Friends Service Committee. “Esto nunca se trató de dinero. Esto era sobre proteger familias”.

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