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California es el estado donde se registran más casos de fraude migratorio.

Acusan a una abogada de estafar por más de 100,000 dólares a inmigrantes con sus casos de ciudadanía

Acusan a una abogada de estafar por más de 100,000 dólares a inmigrantes con sus casos de ciudadanía

Según la acusación de la Fiscalía de California, la litigante amenazó a sus clientes con reportarlos a las autoridades migratorias si no le seguían pagando por un servicio que jamás les prestó.

California es el estado donde se registran más casos de fraude migratorio.
California es el estado donde se registran más casos de fraude migratorio.

LOS ÁNGELES, California.- El caso de solicitud de ciudadanía de José Muñiz, residente del condado San Joaquín, en el norte de California, no avanzó un ápice de 2003 a 2007, pero los cobros de su abogada llegaron puntuales. Pagó 8,000 dólares y solo recibió excusas: que se enfermaba la abogada, que había cierres en oficinas del gobierno federal, que cambiaron jueces en las cortes migratoria, entre otras muchas otras.

Cuando Muñiz le notificó enfadado a su abogada, Mary Brooks, que prescindiría de sus servicios, ella amenazó con reportarlo ante la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) para que lo expulsaran del país. El migrante, con esperanza y miedo, decidió continuar el caso con Brooks. Ocho años después, el 19 de abril de 2015, él se enteró que su petición migratoria jamás había sido sometida.

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El caso de Muñiz es uno de los 14 citados en una acusación de la Fiscalía de California que señala a Brooks, quien fue inhabilitada para ejercer la abogacía, como presunta responsable de un esquema de fraude migratorio que robó más de 100,000 dólares a por los menos 14 de sus clientes que solicitaban ciudadanía.

La investigación encontró que Brooks jamás asistió a sus víctimas, todos residentes del condado de San Joaquín. Les pedía una suma global en una consulta inicial y les iba cobrando periódicamente, aunque no sometía sus procesos al Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS). La abogada incluso falsificó cheques y documentos federales para engañar a sus clientes sobre el avance de sus trámites.

La Fiscalía de California alega que esta mala representación legal tuvo consecuencias "nefastas" para algunos defraudados.

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“Debemos estar atentos a los depredadores, incluidos abogados y consultores sin escrúpulos, que se aprovechan de los inmigrantes y usan tácticas de miedo para evitar que denuncien estos delitos”, expuso la procuradora estatal Kamala Harris al anunciar que su oficina impuso cargos contra Brooks.

“Aquellos que explotan y defraudan a inmigrantes que trabajan duro tratando de navegar por un sistema complejo son despreciables, abusivos y deberán rendir cuentas”, agregó Harris.

Sin licencia pero cobrando

Brooks era integrante de la Barra de Abogados del estado de Kansas, pero representó casos migratorios a través de distintas oficinas en el condado San Joaquín de 2011 a 2015. Según la acusación, ella pidió a sus empleados que mintieran a sus clientes para que estos no se enteraran que sus casos no habían sido enviados al USCIS. "En algunos casos, sus clientes se enteraron primero que las autoridades migratorias que ellos no tenían un caso abierto, porque nada había sido sometido por la acusada”, indica la Fiscalía.

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Ante una lluvia de quejas, la Barra de Abogados de Kansas la inhabilitó en 2015, pero siguió cobrando pagos de sus víctimas, de acuerdo a la Procuraduría de California.

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Citlalli Padilla, otra presunta víctima, se enteró a través de la prensa que Brooks había sido inhabilitada. Antes no supo del fraude porque no lograba contactar a la abogada y las veces que lo logró, ella le dijo que su caso no avanzaba. Ella le pagó 11,628 dólares, según la Fiscalía. “En un momento, la acusada elaboró un cheque falso para confirmar que había enviado un documento a las autoridades migratorias”, cita la acusación.

El 8 de noviembre de 2014 fue la última vez que Padilla le envió un abono de 670 dólares, pensando que pagaría una tarifa por un trámite del USCIS. “La aplicación nunca se envió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, indica la Fiscalía estatal.

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Erica Villaseñor, otra supuesta defraudada, pagó 7,800 dólares a la oficina de Brooks de 2012 a 2014.

Ella se enteró del fraude cuando consultó su caso con otro abogado. La abogada también le daba excusas: que el juez no estaba disponible, que ella se había enfermado o que todo iba avanzando. El último abono fue de 380 dólares. Su trámite tampoco llegó al DHS.

En esta investigación participó la Barra de Abogados de Kansas, la Procuraduría de California y el DHS. La Fiscalía estatal busca a otras víctimas potenciales y pide que reporten sus quejas al teléfono 916 322-2686.


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