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ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 15 de enero de 2017, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, hace declaraciones en una conferencia de prensa en la ciudad. El alcalde anunció el domingo 6 de agosto que Chicago continuará dando la batalla contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump con una demanda federal en la que señalará la ilegalidad de que el gobierno federal retenga las subvenciones para la seguridad pública a las llamadas ciudades santuario”. (AP Foto/Matt Marton, Archivo)

Lucha de Chicago contra el bloqueo de fondos federales a ciudades santuario llega a corte

Lucha de Chicago contra el bloqueo de fondos federales a ciudades santuario llega a corte

Abogados de la ciudad y del gobierno federal se presentaron este lunes ante un juez para presentar sus argumentos. El mes pasado, Chicago demandó al Departamento de Justicia por amenazar con retener fondos de seguridad a las ciudades santuario.

Chicago intenta frenar bloqueo de fondos federales por ser ciudad santuario Univision

CHICAGO, Illinois. Abogados de la ciudad de Chicago y del gobierno federal se vieron las caras esta mañana en una corte federal en la Ciudad de los Vientos para discutir la intención de la administración Trump de retener fondos a la ciudad santuario si no elimina políticas de protección a indocumentados.

A principios de agosto, Chicago presentó una demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ) argumentando que el gobierno federal está violando la constitución al intentar prohibirle el acceso a fondos federales, a menos de que colabore plenamente con la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La demanda se centra en las condiciones que tiene que cumplir una ciudad para calificar para las subvenciones de seguridad que fueron establecidas por el Fiscal General, Jeff Sessions, quien prácticamente les dio un últimatum a las ciudades santuario: permitan que agentes migratorios entren a sus cárceles para identificar y retener a inmigrantes, o dejarán de recibir fondos federales para programas de justicia criminal.

"Estas nuevas condiciones, que darían a los funcionarios federales el poder de ingresar a las instalaciones de la ciudad e interrogar a los arrestados a voluntad, obligarían a la Ciudad a detener a individuos más tiempo de lo justificado por causa probable, únicamente para permitir a los funcionarios federales investigar su estatus migratorio, lo cual es inconstitucional”, dice en parte la demanda presentada por Chicago.

Demanda presentada por la ciudad de Chicago contra el DOJ

Bajo las nuevas directrices, el Departamento de Justicia también quiere que las jurisdicciones locales informen a los funcionarios federales sobre la liberación de un inmigrante indocumentado de la custodia policial con al menos 48 horas de anticipación. A lo que Chicago se opone pues argumentan que violaría derechos constitucionales.

El alcalde Rahm Emanuel ha dicho que Chicago no será "chantajeada" para cambiar sus valores como ciudad de acogida a los inmigrantes. Por su parte, Sessions argumenta que la aplicación más estricta de las leyes de inmigración ayudará a reducir la delincuencia. También advirtió que Chicago perdería sus derechos a los fondos federales si insiste en violar el "estado de derecho".

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De acuerdo con el Chicago Sun Times, en sus declaraciones iniciales Ron Safer, abogado de la ciudad, argumentó que la ley no otorga a Sessions la autoridad para repartir dinero en base a las condiciones que ha creado. Ninguna administración ha hecho tal argumento antes, dijo el abogado según el medio.

"Usted sería el primer juez de la nación en respaldar esta toma de poder sin precedentes", dijo Safer al juez de distrito Harry Leinenweber.

Además, el abogado mencionó que, si se impusieran estas condiciones, la ruptura de confianza entre la policía y la comunidad inmigrante "resonaría en las calles de Chicago”.

Por su parte, Chad Readler, fiscal general auxiliar, quien representaba al Departamento de Justicia, mencionó que las nuevas condiciones no son tan “atípicas” como la ciudad de Chicago ha señalado, pues varias condiciones han sido tradicionalmente unidas a las subvenciones federales.

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De acuerdo con la defensa, las ciudades tenían que cumplir más de 50 condiciones especiales, incluyendo demostrar el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, para recibir subvenciones en 2016, "ninguno de los cuales generó desafíos legales" para Chicago, expresó el letrado.

Readler también rechazó que la demanda sufriría un daño irreparable si se impusieron las nuevas condiciones. "Este es un programa voluntario y opcional. No tienen que tomar el dinero", dijo el abogado según el Sun Times.

El juez Leinenweber escuchó los argumentos por más de dos horas, pero no emitió una decisión sobre la petición de la ciudad y pidió a los abogados que aguarden su dictamen. No obstante no dio fecha para anunciar su resolución.

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Chicago ha recibido las subvenciones de seguridad pública, también conocidas como becas Byrne que financian programas de prevención del crimen, equipos de seguridad y otras iniciativas, desde 2005.

Desde entonces ha utilizado estas subvenciones, estimadas en 33 millones de dólares, para comprar equipo SWAT, vehículos policiales, radios y tasers. Este año la ciudad contaba con recibir más de 1.5 millones de dólares de este fondo.

"Las acciones tomadas por el Departamento de Justicia del presidente Trump están en violación a los principios fundamentales de la constitución en cuanto a la separación de poderes y de otorgación de fondos. Esta autoridad le pertenece al Congreso”, dijo Edward Siskel, abogado de la ciudad a Univision.

Con información de Jazmín Beltrán.

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