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Representantes hispanos consideran que su colega Matt Rinaldi los irrespetó al llamar a ICE para que se llevara a quienes protestaban contra la llamada ley antisantuario.

Texas a punto de aprobar la primera ley en EEUU que prohíbe las ciudades santuario

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Activistas buscan detener el avance de la iniciativa SB4 en el Congreso de Texas KAKW

AUSTIN, Texas. – Texas está a solo horas de convertirse en el primer estado en aprobar una ley antisantuario en Estados Unidos, un día luego del duro revés político del presidente Donald Trump tras el bloqueo temporal a su orden de recortar fondos federales a las ciudades santuario.

Este miércoles, los legisladores de la Cámara de Representantes de Texas, de mayoría republicana, emitirán su voto final sobre la controversial propuesta de ley SB4, que busca castigar a los condados, entidades locales y universidades que no colaboren con agentes de inmigración. Todo apunta a que la medida será aprobada.

La idea de promulgar una ley para prohibir las llamadas ciudades santuario —o entidades locales que no usan recursos locales para ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes de inmigración— no es nueva en Texas. En las sesiones legislativas de los años 2011 (con el gobernador Rick Perry) y 2015 (con el recién electo gobernador Greg Abbott) se consideraron propuestas similares a la actual SB4. Ninguno de esos esfuerzos previos tuvo éxito, pero este año la historia es totalmente diferente.

La propuesta ya fue aprobada por el Senado estatal a comienzos de febrero y por un comité de asuntos estatales de la Cámara Baja, que le hizo algunas ligeras modificaciones.

“La aprobación de esta ley envía un mensaje de que Texas, simbólicamente, se ha movido aún más hacia la derecha en lo referente a políticas de inmigración”, dijo Mark Jones, experto en asuntos políticos de la Universidad Rice en Houston.

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El reciente endurecimiento de políticas migratorias en Texas se hace evidente cuando se tiene en cuenta, según Jones, que los legisladores republicanos apoyaron casi de forma universal la aprobación del Dream Act en 2001 —que permitió a indocumentados pagar tarifas reducidas en universidades estatales— y bloquearon la aprobación de una prohibición similar a la de las ciudades santuario en 2015. Ahora los republicanos están favoreciendo de forma casi unánime la iniciativa SB4.

“La única pregunta que queda es si la aprobación de esta medida le costará al Partido Republicano de Texas y a sus candidatos el apoyo de los votantes latinos en 2018 y en futuras elecciones”, destacó Jones.

Desde el punto de vista de organizaciones proinmigrantes la respuesta es clara: las decisiones de los actuales legisladores republicanos no pasarán inadvertidas.

“No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Es importante recordarles a ellos que nosotros estamos aquí, vigilando y los vamos a hacer responsables por sus acciones”, dijo Karla Pérez, coordinadora de la organización United We Dream.

El martes pasado, miembros de esta organización estuvieron presentes en el capitolio estatal hablando con representantes republicanos para pedirles que voten en contra de la SB4. Además les entregaron a cada uno un documento con 13,000 firmas de opositores a la medida, en el que explican porqué creen que la iniciativa es dañina para toda la comunidad.

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Para Anthony Payán, analista político vinculado a la Universidad Rice en Houston, la aprobación casi inminente de las SB4 es un ejemplo de la ‘respuesta exagerada’ a una crisis migratoria inexistente y de cómo el Partido Republicano está dispuesto a sacrificar sus propios principios ideológicos en favor de una postura antiinmigrante.

“La legislatura está dispuesta a sacrificar la autonomía local y prohibir a los gobiernos locales y los cuerpos policíacos tomar sus propias decisiones… esa postura es para satisfacer a un grupo muy pequeño, su electorado, más que las necesidades del estado de Texas”, destaco Payán.

La SB4 contradice la ley federal

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido partidario de aprobar una ley para eliminar las ciudades santuario desde que inició su mandato.

Su primer intento, en la sesión legislativa de 2015, fracasó. Pero este año el gobernador exigió a la legislatura, de mayoría republicana, que apruebe el proyecto actual, que describió como una de sus prioridades para 2017.

El interés del gobernador por pasar la ley antisantuario ha venido en aumento desde que la alguacil del condado Travis, Sally Hernández, anunció en enero, tras posesionarse en el cargo, que su departamento limitaría la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un video publicado en Youtube, la funcionaria explicó su nueva política y las razones que la llevaron a adoptarla.

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Abbott se molestó con la decisión de Hernández y le dio un ultimátum para que reversara su política santuario. En vista de que la sheriff no se retractó, el gobernador le canceló al condado Travis una subvención por valor de 1.5 millones de dólares y hasta amenazó con destituirla.

La alguacil ha sostenido que su oficina no está violando ninguna ley y que acata ciertas requisiciones de ICE, mientras Abbott espera que la aprobación de la SB4 le permita retirar fondos de otros condados con políticas similares.

“Yo he trabajado y sigo trabajando con el Senado y la Cámara para aprobar un proyecto de ley que aborde este tema”, escribió Abbott en un mensaje de Twitter el lunes.

De acuerdo con analistas e incluso con congresistas demócratas que se oponen a la medida SB4, es casi seguro que se aprobará la medida y que Abbott podrá cantar victoria.

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Una contradicción

Este martes, el alcalde de Austin, Steve Adler, dijo a medios locales que ni la ciudad de Austin ni el condado Travis son consideradas jurisdicciones santuario por la administración del presidente Trump. La afirmación la hizo luego de un encuentro que sostuvieron él y otros alcaldes con el fiscal general, Jeff Sessions.

Adler dijo que le preguntó específicamente al fiscal qué puede hacer que una ciudad sea sancionada bajo la definición de ‘incumplimiento’ de administración de Trump.

La respuesta de Session fue clara: el "incumplimiento" sólo se aplica a una entidad que 'voluntariamente viole la sección 8 del Código 1373', según cita el Texas Tribune.

Dicha sección establece que "una entidad o funcionario de un gobierno local no puede prohibir ni restringir a ninguna entidad gubernamental o funcionario enviar o recibir información del Servicio de Inmigración y Naturalización con respecto a la ciudadanía o estatus migratorio de cualquier individuo".

Adler deduce que el estado está empujando un proyecto de ley que podría exceder los límites de lo que las autoridades federales pueden hacer. Esto se debe a que las solicitudes de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a las cárceles locales son voluntarias.

“Le pregunté específicamente (a Sessions) si el incumplimiento con una solicitud de detención voluntaria era algo sancionable y él respondió que no”, dijo Adler, según una cita del Texas Tribune. “Entonces es muy claro ahora que el proyecto de ley del estado vuelve obligatorio algo que bajo la ley federal es voluntario”.

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