ORLANDO, Florida. — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este miércoles que convocará a una sesión especial en abril para que la Legislatura estatal redibuje los distritos congresionales, sumando al estado a una inusual competencia nacional por redefinir mapas electorales a mitad de la década.
DeSantis convoca sesión especial para cambiar distritos congresionales en Florida
El gobernador Ron DeSantis anunció una sesión especial en abril para redefinir distritos congresionales, a la espera de un fallo clave sobre la Ley del Derecho al Voto que podría impactar uno o dos escaños en el estado.
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Aunque la sesión legislativa regular de 2026 inicia la próxima semana, DeSantis explicó que prefiere esperar un posible fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre una disposición clave de la Ley del Derecho al Voto, antes de avanzar con el proceso. El caso, Louisiana v. Callais, podría determinar el alcance o la constitucionalidad de la Sección 2, que prohíbe la discriminación en los sistemas de votación.
El gobernador señaló que “al menos uno o dos distritos” en Florida podrían verse afectados por la decisión del máximo tribunal. “No es cuestión de si van a fallar, sino de cuál será el alcance del fallo. Nos estamos adelantando a eso”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en Steinhatchee, al norte del estado.
Actualmente, 20 de los 28 escaños congresionales de Florida están en manos del Partido Republicano. Un rediseño de distritos favorable al GOP podría alterar el equilibrio político de la delegación y tener repercusiones nacionales, en momentos en que la Cámara de Representantes mantiene una mayoría estrecha.
La redistritación es el proceso mediante el cual los estados redefinen los límites de sus distritos electorales para reflejar cambios poblacionales y garantizar representación proporcional en el Congreso. Generalmente se realiza cada 10 años, tras el Censo federal, pero en casos excepcionales puede ocurrir a mitad de la década. El proceso suele estar a cargo de las legislaturas estatales y, en muchos estados, está sujeto a restricciones legales que buscan evitar el gerrymandering, es decir, el trazo de distritos para favorecer a un partido político o debilitar el poder de voto de ciertos grupos.
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ElEn el actual ciclo político, varios estados han iniciado o aprobado redistritaciones extraordinarias. Legislaturas controladas por republicanos han avanzado en nuevos mapas en Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio, mientras que estados con liderazgo demócrata lo han hecho en California y Utah. Muchos de estos rediseños enfrentan impugnaciones judiciales, por lo que su aplicación final dependerá de fallos de tribunales estatales y federales antes de las elecciones legislativas de 2026.
En Florida, el rediseño de distritos se produce bajo el escrutinio de la enmienda constitucional de “Fair Districts”, aprobada en 2010 por más del 60% de los votantes, que prohíbe trazar límites para favorecer injustamente a un partido político. Pese a ello, en julio pasado, la Corte Suprema de Florida avaló un mapa impulsado por DeSantis, decisión que generó críticas de grupos y legisladores opositores.
Tras ese fallo, el presidente de la Cámara estatal, Daniel Perez, anunció en agosto la creación de un comité especial para examinar el mapa congresional del estado.
Las reacciones demócratas no se hicieron esperar. La líder demócrata del Senado de Florida, Lori Berman, calificó la iniciativa como ilegal y sostuvo que la conversación sobre nuevos mapas responde a exigencias políticas externas. “La enmienda Fair Districts prohíbe estrictamente mapas con fines partidistas y debe respetarse la voluntad de los votantes”, afirmó en un comunicado.
Por su parte, el Partido Demócrata de Florida describió la medida como “ imprudente, partidista y oportunista”, y acusó al gobernador de intentar manipular el sistema antes de las elecciones de 2026, en espera de un debilitamiento de la Ley del Derecho al Voto por parte de la Corte Suprema.
La sesión especial prevista para abril definirá el rumbo del proceso de redistribución en Florida, en un contexto de disputa legal y política que podría influir en el control del Congreso en los próximos comicios.
