HOUSTON, Texas- "Le solicitamos que responda antes del 20 de abril de 2026 para confirmar que la Ciudad no aplicará y actuará para derogar la Proposición A. El incumplimiento de esta solicitud podría resultar en que la PSO ejerza su discreción exclusiva para terminar todas esas subvenciones", de esta forma el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio inicio a una batalla contra el alcalde de Houston, John Whitmire.
Todas las miradas puestas sobre si John Whitmire luchará contra Greg Abbott por la cooperación de la policía con ICE
El estado de Texas cumplió sus amenazas contra la ciudad de Houston. Tras la aprobación de la Proposición A, que limita las interacciones entre ICE y el Departamento de Policía, la oficina del Gobernador Greg Abbott notificó que planea cobrar $110 millones en subvenciones de seguridad pública que habían sido otorgados, dejando a la ciudad en una situación de emergencia financiera.
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La Proposición A, recientemente aprobada por el Concejo Municipal de Houston, buscaba trazar una línea clara: que el Departamento de Policía se limite a aplicar leyes estatales y locales, dejando la ejecución de leyes federales de inmigración exclusivamente en manos de ICE.
En la práctica, esta ordenanza:
1. HPD ya no está obligado a cumplir órdenes administrativas de inmigración de ICE; solo aplica cuando hay una orden judicial o evidencia de delito penal.
2. Se elimina la regla de esperar 30 minutos a que ICE llegue a recoger a una persona arrestada; la parada o arresto debe terminar cuando ya no hay motivo legal para mantenerla.
3. La policía debe informar al Ayuntamiento sobre cuántas veces se contacta con autoridades federales en materia migratoria, para mayor transparencia.
La advertencia se materializó este 13 de marzo cuando la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador Greg Abbott notificó a la ciudad que planea cobrar $110 millones en subvenciones de seguridad pública que habían sido otorgados.
Según la administración estatal, la Proposición A viola los acuerdos de financiamiento firmados en abril de 2025, donde la ciudad se comprometía a participar plenamente en los programas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
¿La proposición A viola la Ley SB 4?
El conflicto escaló también en el terreno legal. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, inició una investigación formal para determinar si la Proposición A viola la ley SB 4, que prohíbe políticas que limiten la cooperación con autoridades migratorias.
Paxton cuestiona específicamente los nuevos requisitos de la ordenanza, que obligan a los oficiales a documentar cada instancia en la que consulten el estatus migratorio de una persona o contacten a autoridades federales, lo que el fiscal califica como un "desincentivo" para la cooperación policial.
La posición de ICE Houston
Por su parte, un portavoz de ICE Houston arremetió contra la medida, señalando que ignorar las órdenes administrativas, las cuales cuentan con orden final de deportación, pone en riesgo la seguridad ciudadana.
Según la agencia federal, los oficiales locales no tienen acceso a las mismas bases de datos que ICE, lo que podría resultar en la liberación de fugitivos extranjeros o miembros de bandas transnacionales en las calles de Houston.
Ante este escenario, el alcalde John Whitmire calificó la situación como una "crisis". Aunque el alcalde votó a favor de la ordenanza creyendo que ratificaba la política original de la ciudad, reconoció que las consecuencias financieras son devastadoras.
Los estragos de esta batalla
Los fondos retirados son vitales para la operación diaria de los departamentos de Policía y Bomberos, y su ausencia compromete desde los servicios básicos de seguridad hasta los preparativos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Whitmire, quien aseguró haber advertido previamente a los patrocinadores de la ordenanza sobre estos riesgos, afirmó que la ciudad está "considerando todas las opciones".
