TAMPA, Florida.- El gobierno de Ron DeSantis dio un paso más en su agenda de seguridad y control en campus universitarios con la aprobación de una nueva ley que autoriza al estado a designar organizaciones como “terroristas” y sancionar a quienes mantengan vínculos con ellas, incluidos estudiantes.
Nueva ley en Florida abre la puerta a expulsiones de estudiantes que apoyen a grupos denominados "terroristas"
La norma impulsada por el gobernador Ron DeSantis permite al estado etiquetar organizaciones y sancionar a estudiantes, lo que desata críticas por posibles violaciones a la libertad de expresión.
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La medida, firmada por el gobernador el lunes y que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece que el gobierno estatal, con aprobación del gabinete, podrá identificar grupos como amenazas, lo que implicaría la pérdida de financiamiento público, la posible disolución de dichas organizaciones y consecuencias directas para sus integrantes o simpatizantes.
Entre los puntos más controvertidos, la legislación contempla que estudiantes universitarios que “apoyen” o estén afiliados a organizaciones designadas podrían enfrentar sanciones severas, incluida la expulsión de sus instituciones educativas.
Ley establece responsabilidades a universidades
La ley también impone nuevas responsabilidades a universidades y centros educativos. En particular, las instituciones deberán reportar a autoridades migratorias a estudiantes internacionales que sean expulsados bajo estas disposiciones, lo que podría derivar en procesos de deportación.
Además, programas académicos, actividades estudiantiles o expresiones que sean interpretadas como respaldo a estos grupos podrían quedar bajo escrutinio.
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Una herramienta necesaria.-
Ron DeSantis
El gobernador Ron DeSantis dijo que esta ley es una herramienta necesaria para proteger a los ciudadanos y evitar que organizaciones extremistas operen dentro del estado o accedan a recursos públicos.
Los funcionarios estatales explicaron que la medida busca reforzar la seguridad y prevenir riesgos asociados a grupos considerados peligrosos.
Sin embargo, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han expresado preocupación por el alcance de la ley, al advertir que podría vulnerar derechos constitucionales en el ámbito universitario.
De acuerdo con análisis citados por Reuters, expertos legales consideran que el lenguaje de la normativa es amplio y podría dar lugar a interpretaciones que afecten la libertad de expresión, la protesta y la actividad política dentro de los campus.
La legislación se da en un contexto de protestas recientes en universidades de Estados Unidos, particularmente por la guerra entre Israel y la Franja de Gaza, donde estudiantes han organizado campamentos, manifestaciones y llamados a desinversión de instituciones vinculadas al conflicto.
De acuerdo con reportes de Associated Press y Reuters, estas movilizaciones han derivado en detenciones, sanciones disciplinarias y choques con autoridades universitarias, intensificando el debate nacional sobre libertad de expresión, antisemitismo, islamofobia y el papel de los campus como espacios de activismo político.
