Según reveló NPR en una investigación publicada este viernes, Zoila Guerra Sandoval, de 48 años, recibió en abril de 2026 una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que cambió el rumbo del alivio migratorio que había solicitado tras el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore en 2024.
Perdió a su pareja en el puente de Baltimore y ahora el gobierno busca deportarla
Según una investigación exclusiva de NPR, Zoila Guerra Sandoval perdió a su pareja en el derrumbe del puente Francis Scott Key y quedó sola con su hija. Buscó protección migratoria tras la tragedia, pero ahora enfrenta riesgo de deportación.
Video Recuperan el cuerpo de José Maynor López: sexto trabajador fallecido en el colapso del puente FSK
La carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), obtenida y reportada por ese medio, le informaba que su petición había sido denegada y que su caso quedaba sujeto a proceso ante un juez de inmigración.
El documento llegó mientras su abogada intentaba reconstruir, pieza por pieza, el expediente que la había llevado a confiar en el sistema migratorio tras la muerte de José Mynor López, trabajador que falleció en el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore en 2024.
Guerra Sandoval vivía en Estados Unidos desde hace dos décadas sin estatus legal. Compartía la crianza de una hija de siete años con Mynor López, uno de los seis trabajadores que murieron esa noche mientras realizaban labores de mantenimiento vial sobre el puente, luego de que un buque de carga impactara la estructura.
En entrevista con NPR, relató su caso y recordó la última conversación que tuvo con él antes de que saliera a cumplir su turno nocturno.
"Acababa de hablar con José Mynor López sobre las cosas de siempre, como la hora de recogida de su hija del colegio", dijo. Habían hablado de comida, de rutina. “Así lo dejamos. Por la mañana mis hermanos me llamaban para preguntar por él”.
El cuerpo de Mynor López fue hallado dos meses después, el último de los seis trabajadores recuperados tras el derrumbe del puente el 26 de marzo de 2024.
Tras el accidente, el gobierno de Joe Biden abrió la posibilidad de que familiares directos de las víctimas accedieran a programas de protección temporal. Según un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que habló bajo condición de anonimato con NPR, la agencia activó revisiones “caso por caso” para solicitudes vinculadas al colapso.
“La terrible tragedia del derrumbe del puente de Baltimore entró en esta categoría”, dijo el exfuncionario, al explicar que el USCIS tiene mecanismos para acelerar solicitudes en emergencias.
En ese contexto, alrededor de 30 familiares y personas con vínculos directos con las víctimas iniciaron trámites migratorios con la expectativa de recibir permisos de trabajo o protección temporal. Entre ellos estaba Guerra Sandoval.
Rachel Girod, abogada de inmigración que representa su caso, explicó a NPR que el proceso implicó la entrega completa de datos biométricos. “Con la promesa de que, si nos proporciona esta información, le otorgaremos un permiso de trabajo”, dijo Girod, “lo que le dieron fue una audiencia ante un juez de inmigración con una acusación de deportación en su contra”.
Girod sostiene que el cambio de administración alteró la interpretación de esas solicitudes. “Esta administración ha convertido a todos los inmigrantes indocumentados en una prioridad para la deportación”, afirmó.
Y añadió una lectura del impacto del cambio de criterio. " Cuando todos son una prioridad, la persona condenada por algunos de los crímenes más atroces es tan prioritaria como la madre de un niño que perdió a su padre en una tragedia nacional".
Más detenidos en Maryland
El caso ocurre en medio de un endurecimiento de la política migratoria federal. Bajo la actual administración, se ampliaron los operativos y aumentó la presión para acelerar detenciones y procesos de deportación, según abogados y organizaciones que siguen estos casos.
En este nuevo contexto, el USCIS notificó a Guerra Sandoval que su solicitud había sido denegada y que debía comparecer ante un tribunal de inmigración. La carta señalaba que no era elegible porque ya figuraba en proceso de deportación ante un juez de inmigración o contaba con una orden administrativa final.
Su abogada intentó verificar la notificación directamente en el tribunal de Baltimore. La audiencia inicial fue programada para julio de 2026.
La evolución del caso refleja también cambios en el uso de mecanismos discrecionales de alivio migratorio, entre ellos el llamado humanitarian parole, que puede permitir a ciertas personas permanecer temporalmente en Estados Unidos por razones humanitarias.
Según el análisis del caso recogido por NPR, el criterio aplicado bajo la administración Biden incluía, entre otros factores, la presencia de menores ciudadanos estadounidenses bajo su cuidado.
Guerra Sandoval cumple ese perfil: su hija nació en Estados Unidos y es su única cuidadora.
Sin embargo, el cambio de política migratoria bajo la administración posterior implicó la revisión y cancelación de algunos programas temporales creados o ampliados en años anteriores. El DHS comenzó a enviar notificaciones de terminación de beneficios y a reabrir casos que habían sido evaluados de forma humanitaria.
Solicitudes bajo revisión
En el expediente de Guerra Sandoval, el USCIS también reconoció que había solicitado un programa de permiso de permanencia temporal. Sin embargo, la misma carta en la que se menciona esa solicitud indica que su caso no es elegible debido a que ya está en proceso de deportación.
El proceso ocurrió sin una notificación judicial previa clara, según su defensa. La abogada Girod explicó que debió acudir personalmente al tribunal para confirmar la existencia del expediente.
“La notificación judicial se presentó el 10 de abril”, dijo Girod a NPR. “Cada vez es más común ver que las distintas subagencias del DHS no cumplen con todos los requisitos. Los inmigrantes tendrán que rellenar esos espacios en blanco por sí mismos”.
Mientras el caso avanza, organizaciones como We Are CASA han documentado al menos 30 personas vinculadas a las víctimas del puente que iniciaron solicitudes similares de protección.
Ama Frimpong, representante de esa organización, señaló a NPR que el proceso se ha ralentizado y cambiado de dirección. “Se observó una clara ralentización en la tramitación de las solicitudes y ahora una denegación y la inclusión en un proceso de deportación indican un cambio de postura”, dijo.
“No podemos permitir que una niña que perdió a su padre en el puente ahora pierda a su madre”, añadió.
Fuerza laboral migrante
El caso también expone la tensión entre el uso de trabajadores inmigrantes en sectores esenciales y la política de control migratorio. De acuerdo con estimaciones de organizaciones especializadas, los inmigrantes representan una porción relevante de la fuerza laboral del área metropolitana de Baltimore, con presencia destacada en construcción, salud y servicios.
Tras el colapso del puente, los seis trabajadores fallecidos provenían de Guatemala, Honduras, El Salvador y México. El último cuerpo recuperado fue el de Mynor López, identificado dos meses después del accidente.
Guerra Sandoval enfrenta ahora un proceso ante el tribunal de inmigración de Baltimore, con audiencia inicial programada para julio de 2026. Su defensa advierte además sobre el riesgo de detención mientras el caso avanza, debido a las políticas actuales que permiten mantener bajo custodia a personas sin estatus legal durante sus procesos migratorios.
El caso permanece en el calendario del tribunal de inmigración de Baltimore, con audiencia inicial programada para julio de 2026.
