CHICAGO, Illinois.- Una mujer de Illinois se declaró culpable ante una corte federal por su participación en la distribución de videos de extrema crueldad animal, como parte de una red organizada que financiaba y difundía este tipo de contenido a través de internet, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Sus víctimas eran principalmente monos: se declara culpable de distribuir videos de tortura animal
La acusada participó en una red que financiaba y difundía material violento, con posibles penas de hasta siete años de prisión.
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Se trata de Amanda Leigh Fourez, de 33 años, quien admitió su responsabilidad en cargos relacionados con la distribución de los llamados videos de “animal crush” y la conspiración para producirlos y comercializarlos.
De acuerdo con autoridades federales, el caso forma parte de una investigación contra un grupo que operaba de manera coordinada para encargar y compartir este material.
Según los documentos judiciales, los videos mostraban actos de tortura contra animales, principalmente monos, que incluían prácticas como aplastamiento, quemaduras, asfixia y otros métodos diseñados para causar sufrimiento extremo o la muerte. Este tipo de contenido es considerado ilegal en Estados Unidos por su carácter violento.
La investigación determinó que los implicados recaudaban dinero en grupo para pagar a terceros que ejecutaban los actos de crueldad, los cuales eran grabados y posteriormente distribuidos en chats privados y plataformas de mensajería.
En el caso de Fourez, las autoridades señalaron que realizó al menos 11 pagos para financiar la producción de los videos y participó en su distribución en múltiples ocasiones.
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Fourez es la segunda persona en declararse culpable dentro de esta red. Otro implicado, identificado como Joseph Garrett Buckland, ya había admitido previamente su responsabilidad en el caso.
El proceso judicial continúa y la sentencia contra Fourez está pendiente. De acuerdo con las leyes federales, enfrenta una pena máxima de hasta siete años de prisión.
El caso se enmarca en los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por combatir la producción y circulación de material de abuso animal, considerado un delito grave por su nivel de violencia y por la existencia de redes organizadas que lo promueven.