San Benito, TEXAS.- Una visita de legisladores a un albergue federal en el sur de Texas abrió un nuevo debate sobre el trato a menores migrantes embarazadas bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.
Niñas embarazadas solas y sin médicos lo que hallaron en albergue al sur de Texas
En San Benito, legisladores encontraron a niñas migrantes embarazadas bajo custodia federal sin médicos permanentes y con acceso limitado a atención médica. Algunas tienen apenas 13 años, varias han dado a luz dentro del sistema y otras llevan meses, incluso más de un año, detenidas.
Lo que encontraron, según sus testimonios, fue un sistema que concentra a niñas y adolescentes en un solo lugar, con acceso limitado a atención médica y sin claridad sobre su situación legal.
El recorrido se realizó en San Benito, Texas, donde funciona una instalación bajo supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
Allí, representantes federales ingresaron al recinto en medio de reportes previos sobre condiciones deficientes. Primero llegó el congresista Joaquín Castro y luego el representante Vicente González, ambos demócratas por Texas.
“Lograr que tengan el estándar mínimo de atención médica”, dijo González al explicar el objetivo de la visita.
El legislador añadió que una de sus principales preocupaciones es la presencia de menores que podrían tener estatus legal o incluso ciudadanía estadounidense.
“Sabemos de mínimo tres… que son ciudadanos americanos y yo estoy aquí investigando los ciudadanos americanos y los que están aquí con estatus legal”, afirmó.
Niños que nacieron en custodia
El señalamiento apunta a una situación compleja: niñas migrantes que han dado a luz dentro del sistema de custodia, cuyos hijos nacieron en territorio estadounidense. Según los congresistas, no hay claridad sobre el manejo de estos casos ni sobre el destino de esos menores.
Dentro del albergue, los legisladores encontraron que la atención médica es limitada. De acuerdo con lo observado, no hay médicos permanentes en el lugar, solo una enfermera para atender a las menores, pese a que los embarazos son considerados de alto riesgo por su edad.
“Vi a una madre de unos 13 o 14 años dando pecho y mira dónde está”, relató Castro.
El congresista también describió la presencia de otras menores en condiciones que, según dijo, generan preocupación. “Es difícil imaginar a una niña de cinco años rodeada por agentes de inmigración cuando fue detenida”, señaló.
Durante la visita, los legisladores no pudieron hablar directamente con las menores. “No se nos permitió hablar con nadie”, afirmó Castro, quien también cuestionó la falta de transparencia sobre el proceso que enfrentan las niñas.
“No está claro si las menores que pasan por este albergue son deportadas ni qué pasa con sus niños ciudadanos estadounidenses”, agregó.
Menores embarazadas llevadas a San Benito
El contexto de esta situación se remonta a una directiva emitida el 22 de julio de 2025 por la dirección interina de la ORR, que ordenó centralizar a todas las menores migrantes embarazadas no acompañadas en un solo centro: el de San Benito. Antes de esa decisión, estas adolescentes eran distribuidas en distintos albergues con capacidades médicas especializadas.
Desde entonces, más de una docena de niñas embarazadas han sido trasladadas a esta instalación, según reportes actualizados hasta marzo de 2026. Al menos la mitad de estos embarazos, de acuerdo con organizaciones y legisladores, serían producto de violaciones ocurridas durante el trayecto migratorio o en los países de origen.
La edad de algunas de las menores ha encendido las alertas. Se han documentado casos de niñas de 13 años, lo que implica embarazos de alto riesgo que requieren seguimiento especializado. Sin embargo, en este centro no hay ginecólogos ni obstetras residentes, y las emergencias deben ser trasladadas a hospitales cercanos.
El tiempo de permanencia bajo custodia también es motivo de cuestionamiento. Los congresistas señalaron casos de menores que han estado detenidas hasta por 400 días. Esto supera ampliamente los estándares establecidos, que contemplan un máximo de 72 horas bajo custodia inicial antes de ser transferidas a otros sistemas de atención.
En Estados Unidos, entre 6,000 y 8,000 menores migrantes no acompañados permanecen en custodia diariamente, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Dentro de ese universo, el grupo de adolescentes embarazadas representa un segmento particularmente vulnerable.
Organizaciones como la ACLU han cuestionado la decisión de concentrar a estas menores en Texas, un estado con una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto. Según estas organizaciones, la ubicación del centro podría limitar el acceso de las menores a ciertos servicios de salud reproductiva.
Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha defendido el modelo. En un comunicado, señaló que las decisiones de ubicación “siguen las mejores prácticas de bienestar infantil” y se toman caso por caso para garantizar que cada menor sea ubicada en un entorno que responda a sus necesidades médicas y de seguridad.
Sin embargo, los congresistas sostienen que la realidad observada en el terreno plantea dudas sobre ese argumento. La falta de personal médico especializado, la duración de la detención y la imposibilidad de interactuar directamente con las menores forman parte de los cuestionamientos que han elevado tras la visita.
“Estamos aquí checando”, insistió González, al subrayar que la supervisión continuará para determinar cuántos menores con estatus legal o ciudadanía estadounidense permanecen en estas condiciones.









