LOS ÁNGELES, CA. – Miles de camioneros inmigrantes en California permanecen sin empleo tras la revocación de sus licencias comerciales ordenada por la administración de Donald Trump.
Camioneros inmigrantes en California enfrentan limbo legal por revocación de licencias
Más de 13,000 licencias comerciales han sido revocadas en California; pese a orden judicial que le permite recuperarla, los camioneros inmigrantes siguen sin poder trabajar y enfrentan incertidumbre.
La medida ha dejado a más de 13,000 conductores sin poder operar legalmente, pero expertos advierten que hasta 61,000 camioneros podrían perder sus licencias en los próximos años, afectando el sector transporte.
Muchos de los afectados son beneficiarios de DACA o solicitantes de asilo con permisos de trabajo vigentes, quienes ahora enfrentan dificultades económicas para sostener a sus familias y pagar sus cuentas.
El conflicto comenzó cuando el gobierno federal cuestionó al Departamento de Vehículos Motorizados de California por emitir licencias con vigencias distintas a los permisos laborales de los conductores.
Aunque el gobernador Gavin Newsom rechazó las acusaciones, el estado terminó acatando la orden federal y procedió a cancelar miles de licencias comerciales.
No obstante, en febrero, el Tribunal Superior del Condado de Alameda ordenó permitir a los conductores recuperar sus licencias tras una demanda de grupos legales, lo que dio esperanza a muchos conductores.
Temor a sanciones frena al DMV
Sin embargo, ninguna licencia ha sido restituida hasta ahora. Autoridades estatales argumentan que el proceso está detenido por presiones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.
El secretario Sean Duffy advirtió sobre sanciones económicas, incluyendo la retención de unos 160 millones de dólares en fondos federales para carreteras si California reemite las licencias.
También indicó que, si el estado vuelve a emitir las licencias, el Departamento de Transporte consideraría medidas más severas, incluyendo la revocación total de la capacidad del estado para emitir licencias de transporte.
Ante este escenario, el DMV presentó una demanda contra el gobierno federal, mientras el tribunal programó una nueva revisión del caso para octubre, prolongando la incertidumbre de miles de trabajadores.
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