Acusan a Nicolás Maduro de autorizar ejecuciones en demanda ante corte en Brooklyn

Un grupo de familias demandó civilmente a Nicolás Maduro por su presunta responsabilidad en las muertes dentro de operativos contra la delincuencia de hace una década en Venezuela, que han sido denunciados por sus violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

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El derrocado expresidente venezolano Nicolás Maduro fue acusado de autorizar ejecuciones extrajudiciales en su país hacer casi una década, de acuerdo con una demanda presentada por un puñado de familias venezolanas ante una corte en Brooklyn, reseñó The New York Times.

Los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2020, cuando el gobierno de Maduro lanzó un programa masivo contra la delincuencia, conocido como "Operación de Liberación del Pueblo" (OLP), que ha sido denunciado por organizaciones de defensa de derechos humanos planes sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales en distintas partes del país caribeño.

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La demanda se basó en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, de 1991, que permite presentar demandas civiles ante tribunales federales estadounidenses contra funcionarios de públicos de otros países.

Los demandantes fueron identificados con pseudónimos en los documentos judiciales para evitar represalias. En sus testimonios, presentados ante la corte, afirman que se simularon enfrentamientos armados luego de que se habían hecho redadas en los que fallecieron jóvenes en circunstancias opacas.

La demanda afirma que entre 2017 y 2020 unas 1,300 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad élite venezolanos, conocidos como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La ONG de derechos humanos venezolana Provea considera que las OLP fueron "una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares".

Dan cuenta de que, según la propia Fiscalía General venezolana, controlada por el gobierno de Maduro, "desde el inicio del 'Operativo de Liberación del Pueblo' en julio de 2015 y hasta marzo de 2017, un total de 505 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública".

Solamente en ese lapso la mayoría de las personas asesinadas fueron hombres mayores de edad (94,65%) y en menor medida hombres menores de 18 años (5,35%), informa Provea.

Las víctimas fueron reportadas en áreas tan disímiles como Caracas, el estado Carabobo (en el centro norte del país) o el estado Bolívar (al sureste, en la frontera con Brasil).

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Para septiembre 2020, la ONU contabilizó más de 2,000 personas muertas en operativos de seguridad en Venezuela solamente ese año. La edad promeda de los muertos era 26 años, y entre los fallecimientos solo hubo 11 mujeres.

La ONU exigió eliminar las FAES, creadas en 2015, acusándolas de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra la delincuencia en zonas pobres. Fueron disueltas en 2021 tras masivas denuncias de violaciones de derechos humanos.

Pero, funcionarios denunciados por abusos fueron reasignados en unidades como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), la Dirección de Investigación Penal (DIP) y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), todas blanco de acusaciones de brutalidad.