El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Nueva Jersey y su gobernadora, Mikie Sherrill, por la nueva Orden Ejecutiva n.º 12, que restringe la actuación de agentes federales de inmigración en determinadas áreas de propiedad estatal.
Departamento de Justicia demanda a Nueva Jersey por limitar arrestos de ICE
El Departamento de Justicia demandó al estado de Nueva Jersey y a la gobernadora Mikie Sherrill por la orden ejecutiva que prohíbe a agentes federales de inmigración realizar arrestos en áreas no públicas.
Departamento de Justicia demanda a Nueva Jersey por orden que limita arrestos de ICE.
Imagen Seth Wenig/AP
La acción legal sostiene que la orden interfiere con la aplicación de las leyes federales de inmigración al prohibir que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros funcionarios federales realicen arrestos en áreas no públicas, como centros penitenciarios estatales y juzgados.
En un comunicado, la fiscal general Pamela Bondi afirmó que la medida estatal obstaculiza el trabajo de los agentes federales.
“Los agentes federales arriesgan sus vidas para mantener seguros a los ciudadanos de Nueva Jersey, y sin embargo, los líderes de Nueva Jersey están implementando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”, declaró Bondi.
Añadió que los estados no pueden interferir deliberadamente con los esfuerzos federales para expulsar a inmigrantes indocumentados y arrestar a personas con antecedentes penales.
La demanda forma parte de una ofensiva más amplia de la División Civil del DOJ contra lo que considera políticas de “ciudades santuario” en distintas jurisdicciones del país.
Qué establece la Orden Ejecutiva 12
La Orden Ejecutiva n.º 12 prohíbe a ICE y a otros funcionarios federales efectuar arrestos de inmigración dentro de áreas no públicas de propiedad estatal, incluidas instalaciones correccionales administradas por el estado.
Según el Departamento de Justicia, esta restricción podría derivar en la liberación de personas bajo custodia estatal que, de otro modo, estarían sujetas a procedimientos de expulsión federal.
Para el gobierno federal, la medida estatal contradice la supremacía de la ley federal en materia migratoria y representa una interferencia directa con las competencias del Ejecutivo federal.
Respuesta de la gobernadora Sherrill
Por su parte, la gobernadora Mikie Sherrill defendió la orden ejecutiva y cuestionó la decisión del gobierno federal de presentar la demanda.
“El gobierno federal debe centrarse en lo que ocurre ahora mismo, en lugar de atacar a estados como Nueva Jersey. Trabajar para mantener la seguridad de la gente”, expresó Sherrill.
La mandataria argumenta que la política busca establecer protocolos claros y estándares de seguridad cuando agentes federales operen en instalaciones estatales.
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