SAN ANTONIO, Texas.- El 1 de enero de 2026 entró en vigor una nueva ley en Texas, conocida como SB-8, la cual obliga a los alguaciles de los condados a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), algo que ha generado alerta y preocupación entre la comunidad migrante.
¿Cómo funcionará la nueva Ley SB-8 en Texas que obliga a alguaciles a cooperar con ICE?
La entrada en vigor de la ley SB 8 ha generado preocupación entre la comunidad migrante en Texas. El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, aclaró que la medida no convierte a los sheriffs en agentes de inmigración ni cambia la atención a víctimas o testigos indocumentados.
Video Entra en vigor ley en Texas que obliga a alguaciles a cooperar con ICE
La nueva disposición establece que los departamentos del sheriff, principalmente en condados con más de 100 mil habitantes, deben solicitar un acuerdo formal con ICE bajo el programa federal 287(g), el cual permite que ciertos oficiales locales desempeñen funciones migratorias específicas dentro de las cárceles, bajo supervisión federal.
Los centros de detención serían utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE.
Imagen ICE
¿Cuáles son los alcances de la Ley SB-8?
El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, en entrevista para Univisión 41, aclaró en qué consiste realmente esta cooperación y qué cambiará —y qué no— para la comunidad migrante.
De acuerdo con Salazar, a partir del 1 de enero, al menos un oficial dentro de los condados que tienen cárceles recibirá el entrenamiento necesario para ejecutar órdenes migratorias ya emitidas por autoridades federales, pero esto no implica operativos en la comunidad ni interrogatorios migratorios en la vía pública.
“Mis oficiales no andan haciendo esas preguntas. Lo único que va a cambiar es que un oficial en mi cárcel va a tener las autoridades de ejecutar las órdenes… pero ya fuera de eso, nosotros no vamos a cambiar cómo trabajamos con el público”, aseguró el alguacil del condado de Bexar.
Uno de los principales temores de la comunidad es que esta ley provoque que las personas indocumentadas dejen de denunciar delitos o cooperar con las autoridades. Sin embargo, Salazar enfatizó que la atención a víctimas y testigos no se verá afectada.
“Yo he dicho desde el principio que si alguna persona indocumentada es testigo o víctima de un delito que nos puedan llamar… aunque una persona sea indocumentada, si son víctimas o testigos de un delito, nos pueden llamar y nosotros vamos a tratarlos como víctima o como testigo. Nosotros no somos agentes de inmigración”, puntualizó.
La ley SB 8 también contempla un programa estatal de subvenciones, administrado por el Contralor de Texas, para apoyar económicamente a los departamentos del sheriff que participen en estos acuerdos, cubriendo gastos como entrenamiento, salarios, equipo y labores administrativas.
Autoridades reiteraron que la cooperación se limita exclusivamente al interior de las cárceles y únicamente para personas que ya fueron detenidas por otros delitos. Todo lo demás, aseguraron, es desinformación. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad a informarse por fuentes confiables y no dejarse llevar por rumores.
