LOS ÁNGELES, CA.- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el martes la Directiva Ejecutiva No. 17, que prohíbe a agentes de inmigración federal utilizar propiedades de la ciudad para operaciones de aplicación de la ley.
Alcaldesa de Los Ángeles prohíbe redadas de ICE en propiedades municipales
La alcaldesa Karen Bass firmó una orden ejecutiva que prohíbe a agentes federales usar instalaciones municipales para deportaciones, mientras un reporte revela pérdidas económicas millonarias por redadas de ICE.
Video Estas son las comunidades más afectadas por las redadas migratorias en el condado de Los Ángeles
La medida requiere que departamentos municipales desarrollen planes de preparación para actividades de inmigración federal y designen enlaces de coordinación.
La directiva ordena a oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) activar cámaras corporales durante encuentros con autoridades de inmigración y preservar las grabaciones como evidencia.
El documento instruye al departamento de planificación a redactar una ordenanza que imponga tarifas a propietarios privados que permitan el uso de sus instalaciones para operaciones federales de inmigración.
La orden amplía una ordenanza municipal de 2024 que prohíbe el uso de recursos municipales para deportaciones y refuerza medidas de 2025, incluida una solicitud de Ley de Libertad de Información (FOIA) al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre redadas recientes.
El impacto económico de las operaciones de inmigración
El Departamento de Oportunidad Económica del Condado de Los Ángeles (DEO) y la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC) publicaron el 9 de febrero un estudio sobre los impactos económicos de la aplicación federal de inmigración. El análisis encuestó a 311 propietarios de negocios locales.
El reporte estima que trabajadores indocumentados contribuyen $253.9 mil millones a la economía del condado, equivalente al 17% de su Producto Interno Bruto (PIB), sosteniendo más de 1.06 millones de empleos y generando $80.4 mil millones en ingreso laboral.
Los hallazgos incluyen:
- $3.7 millones en pérdidas directas reportadas por pequeñas empresas entre julio y septiembre de 2025.
- $840 millones en pérdidas de producción económica total durante un toque de queda de una semana en el centro de Los Ángeles.
- 82% de negocios encuestados reportaron efectos negativos, con 44% experimentando caídas de ingresos superiores al 50%.
- 52% notaron reducción en ventas diarias y 51% vieron disminución en tráfico de clientes.
- 38% de negocios enfrentaron amenazas significativas a la estabilidad financiera a corto plazo, mientras 47% expresaron preocupaciones sobre viabilidad a largo plazo.
- 33% de trabajadores expresaron temor de reportarse a trabajar.
- Caída de 17,000 usuarios mensuales en rutas de autobús en áreas vulnerables.
El análisis identifica áreas vulnerables como Mission Hills-Panorama City, Bell, Pico Rivera y el sureste de Los Ángeles mediante un Índice de Vulnerabilidad a Aplicación de Inmigración basado en concentraciones de inmigrantes latinos y trabajadores no ciudadanos.
Las industrias más dependientes de mano de obra indocumentada incluyen construcción (28.7% de la fuerza laboral) y manufactura (17.5%).
Reacciones y controversias
La directiva ha generado divisiones. Grupos de derechos de inmigrantes la respaldan como protección contra extralimitación federal.
Críticos acusan a Bass de desafiar la ley federal. El candidato a alcalde Spencer Pratt prometió cooperar con ICE para aplicación "firme pero humana", contrastando el enfoque de Bass.
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