El gobierno de Trump demanda a estos cuatro estados por dar beneficios universitarios a estudiantes indocumentados

El gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente contra lo s beneficios educativos para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El Departamento de Justicia presentó este jueves demandas contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, al considerar que sus leyes de matrícula universitaria y asistencia financiera ponen a los ciudadanos estadounidenses en desventaja frente a personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Las demandas cuestionan normas estatales que permiten que ciertos inmigrantes indocumentados accedan a tarifas de matrícula equivalentes a las que pagan los residentes y, en algunos casos, a becas y otros apoyos económicos para estudiantes.

El Departamento de Justicia sostiene que estas políticas contradicen una prohibición establecida por el Congreso hace más de tres décadas, que impide que los estados otorguen a determinados extranjeros beneficios educativos que no estén disponibles en las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses.

"Hace más de 30 años, el Congreso dejó claro que los estados no pueden dar prioridad a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos de nuestra nación", declaró Stanley E. Woodward Jr., fiscal general adjunto del Departamento de Justicia.

La dependencia federal argumenta que las leyes de los cuatro estados discriminan a ciudadanos estadounidenses porque les niegan beneficios que sí pueden recibir estudiantes indocumentados. También sostiene que estas políticas pueden incentivar la inmigración ilegal, una afirmación que forma parte de los argumentos presentados por el gobierno en las demandas.

En el caso de Arizona, el Departamento de Justicia puso como ejemplo el impacto económico de la matrícula estatal. Según un informe citado en la demanda, al menos 720 inmigrantes indocumentados recibieron matrícula como residentes durante el semestre de otoño de 2025 en universidades y colegios públicos del estado.

De ese grupo, 432 estudiaron en la Universidad Estatal de Arizona. La diferencia entre la matrícula para residentes y no residentes en esa institución ronda los 24 mil dólares, por lo que el gobierno federal calcula que los estudiantes indocumentados habrían recibido aproximadamente 10.5 millones de dólares en descuentos de matrícula durante ese periodo.

La demanda también cita una estimación según la cual más de 3,600 inmigrantes indocumentados por año podrían ser elegibles para pagar matrícula estatal en Arizona durante los próximos años.

El Departamento de Justicia busca que los tribunales impidan la aplicación de las leyes y reglamentos de los cuatro estados que permiten estos beneficios. Las solicitudes incluyen tanto las tarifas de matrícula para residentes como los programas de asistencia financiera y becas dirigidos a inmigrantes indocumentados.

El gobierno federal sostiene que su ofensiva forma parte de una estrategia más amplia para hacer cumplir las restricciones establecidas por el Congreso y evitar que los estados otorguen beneficios a inmigrantes indocumentados que, según su interpretación, deberían estar reservados bajo las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses.

¿Qué otros estados enfrentan demandas del gobierno de Trump por el mismo motivo?

Con las acciones contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, el Departamento de Justicia eleva a 21 el número de estados demandados por políticas relacionadas con la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados.

La dependencia afirmó que cinco casos anteriores, en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois, ya derivaron en órdenes judiciales favorables para el gobierno federal. De acuerdo con el Departamento de Justicia, esas resoluciones prohibieron de manera permanente la aplicación de leyes similares y las declararon inconstitucionales, incluido un fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Mientras tanto, permanecen pendientes demandas contra Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Colorado, Nueva York, Connecticut y Vermont.

Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, sostuvo que el conflicto se reduce a la aplicación de la legislación federal y afirmó que las universidades no deberían otorgar a inmigrantes indocumentados beneficios que no estén disponibles para ciudadanos estadounidenses.

Las nuevas demandas tendrán que ser resueltas por los tribunales, que deberán determinar si las leyes estatales cuestionadas son compatibles con las disposiciones federales invocadas por el gobierno de Trump.