Morir en soledad: la historia de Denny Adán González y el aumento de fallecimientos en centros de ICE

En los primeros minutos de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ponía en marcha una de sus banderas de campaña, la intensa y agresiva política migratoria. Quizá una de sus decisiones más polémicas respecto a sus políticas al interior del país. Las redadas y detenciones en las calles, centros de trabajo o incluso en las propias casas particulares sin las órdenes judiciales correspondientes han dejado una estela de reclamos y cuestionamientos para la actual administración y las agencias federales que se han encargado de llevar a cabo la encomienda presidencial.

En esta realidad, también han destacado las muertes de inmigrantes bajo custodia de las autoridades migratorias. Y los centros de detenciones, lugares que asemejan a una prisión, no han quedado fuera de las críticas y reproches de familiares y organizaciones defensoras de derechos civiles.

Un ejemplo fue la muerte de Denny Adán González, que falleció el pasado 28 de abril en el Centro de Detención Stewart, una instalación privada en Georgia.

Aunque las autoridades no han revelado la causa oficial del deceso, informes preliminares indican que González se encontraba en confinamiento solitario al momento de morir. Esta práctica, que la ONU considera un trato cruel, inhumano o degradante, ha vuelto a situar a Stewart y a su operador, la corporación CoreCivic, en el centro de una tormenta de polémicas y denuncias.

Morir solo en un centro de detención

El historial de González con las autoridades estadounidenses comenzó en mayo de 2019, cuando cruzó cerca de Hidalgo, Texas. Tras ser detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), González logró superar la primera barrera legal: una entrevista de "temor fundado", donde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) determinó que existía una posibilidad real de persecución si regresaba a Cuba.

Sin embargo, ese alivio fue temporal. En diciembre de ese mismo año, un juez de inmigración desestimó sus argumentos y ordenó su expulsión. Para enero de 2020, González estaba de regreso en la isla, formando parte de las estadísticas de deportación del gobierno de EEUU.

Pero la frontera, para los migrantes, solo es una cicatriz en la tierra, no una puerta cerrada. En abril de 2022, González fue interceptado nuevamente, esta vez en El Paso, Texas, tras haber reingresado al país de manera ilegal.

Un récord histórico de mortalidad

La tragedia de González no es un incidente aislado, sino el síntoma de una tendencia estadística alarmante. En los primeros cuatro meses de 2026, ya se contabilizan 18 muertes bajo custodia de ICE a nivel nacional. La cifra se vuelve más cruda al observar el panorama político: desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, 49 personas han perdido la vida en estos centros.

Activistas y familiares han sostenido protestas y encendido todas las alarmas entre las organizaciones defensoras de derechos civiles.
Sin embargo, por muy impactante que sea la cifra, esta continuará creciendo a menos que se tomen medidas, pero estas no parecen estar cerca de llegar. Por el contrario, en los últimos días Tom Homan, el "zar de la frontera", ha anunciado el despliegue de miles de agentes federales para realizar nuevas detenciones que terminarán en una nueva ola de deportaciones masivas, por lo que el solo anuncio vuelve a levantar la angustia entre las comunidades migrantes, de no solo ser detenidos y deportados, sino de ir a parar a uno de estos temidos centros de detención.

A pesar de su historial de deportación previa, González no fue expulsado de inmediato en 2022. En su lugar, entró en un limbo administrativo común en el sistema migratorio actual: fue puesto en libertad bajo orden de supervisión.

Durante más de tres años, González residió en Charlotte, Carolina del Norte, cumpliendo con sus reportes periódicos ante la oficina de ICE hasta septiembre de 2025. Para las autoridades, era un caso más en una lista de espera interminable. Para la comunidad de Charlotte, era un vecino más, hasta que el orden se rompió el invierno pasado.

El 12 de diciembre de 2025, la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg respondió a una llamada que cambiaría el estatus de González de manera definitiva. Fue arrestado bajo cargos graves: agresión a una mujer y violencia doméstica.

Tras el arresto local, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no perdió tiempo y emitió una orden de detención migratoria ( detainer). En enero de 2026, González fue transferido desde la cárcel del condado a la custodia federal en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia.

Finalmente, la noche del 28 de abril pasado, el personal de CoreCivic encontró a González inconsciente en su celda alrededor de las 10:25 p. m. Los servicios de emergencia respondieron de inmediato, utilizando una herramienta de inmovilización y comenzando la RCP. Los médicos de emergencia del condado Webster llegaron y continuaron con los esfuerzos de reanimación, según lo consigna el comunicado oficial, el mismo que afirma que González fue declarado muerto a las 11:11 p. m.

Por cómo se desarrolló la escena, las autoridades sospechan que podría ser un suicidio.

El historial de Stewart y Adelanto

El Centro de Detención Stewart, que alberga a más de 2,000 personas, arrastra un historial denso de críticas por parte de familias, organizaciones defensoras y personas que estuvieron en este centro anteriormente; las críticas incluyen:

• Negligencia médica: Retrasos críticos en la atención de emergencias.

• Abuso: Agresiones sexuales y trabajo forzado.

• Aislamiento: Uso punitivo del confinamiento solitario.

Sin embargo, Georgia no es el único caso envuelto en una polémica. En California, el Centro de Detención de Adelanto ha emergido como otro punto crítico de mortalidad. Solo en marzo de este año, se registraron los fallecimientos de José Guadalupe Ramos-Solano y Alberto Gutiérrez-Reyes, ambos vinculados a presuntas fallas en la atención sanitaria y condiciones deficientes. Estos casos se suman a una lista que ya en 2025 incluía nombres como Ismael Ayala-Uribe y Huabing Xie, consolidando lo que los defensores de los derechos civiles consideran una rutina. Otro centro que ha logrado acaparar titulares es Dilley, en Texas, muy cerca de la ciudad de San Antonio. Hace unos meses, el centro fue noticia internacional por albergar a Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano. La detención del pequeño provocó una protesta al interior del centro; los internos denunciaban los malos tratos y las condiciones en las que tienen que vivir y demandaban la liberación de Liam y su padre, que habían sido detenidos en Minnesota unos días antes.

El futuro incierto

Organizaciones como la Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR) exigen una investigación independiente sobre la muerte de González, o el cierre definitivo de Stewart y la cancelación de los contratos con empresas privadas de prisiones. “Estamos devastados por la trágica muerte de Denny Adán González y extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y a la comunidad. Su fallecimiento no es un incidente aislado, sino parte de un patrón profundamente preocupante de negligencia, abuso y deshumanización dentro de los centros de detención de ICE. Ninguna persona debería ser sometida a condiciones que la lleven a la desesperación, ni en los centros de detención de inmigrantes ni en el sistema penitenciario”, afirmó Adelina Nicholls, directora ejecutiva de Georgia Latino Alliance for Human Rights.

Mientras las familias de los fallecidos esperan respuestas, el sistema de detención migratoria enfrenta fuertes críticas de la opinión internacional. Lo que más preocupa por ahora a las organizaciones defensoras de inmigrantes en Estados Unidos es la incapacidad de las autoridades de garantizar la supervivencia básica de quienes están bajo su custodia.