ORLANDO, Florida.- Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el distrito de escolar del Condado Orange (OCPS por sus siglas en inglés) enfrenta un nuevo desafío: la pérdida de cerca de 50 empleados luego de que terminara la protección migratoria conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de ciudadanos haitianos en Estados Unidos.
Escuelas del Condado Orange pierden casi 50 empleados por fin del TPS para haitianos
La mayoría de los empleados afectados ocupaban puestos esenciales de apoyo escolar. El distrito enfrenta retos de contratación al inicio del ciclo escolar 2026-2027.
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De acuerdo con autoridades del distrito, la mayoría de los trabajadores afectados ocupaban puestos esenciales de apoyo en las escuelas, como servicios de mantenimiento, cafeterías y otras funciones operativas necesarias para el funcionamiento diario de los planteles.
La situación surge después de que una decisión judicial permitiera al gobierno federal poner fin al TPS para Haití, un programa que durante años permitió a cientos de miles de haitianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos debido a las crisis humanitarias y de seguridad que enfrenta su país.
Aunque OCPS no ha informado interrupciones en los servicios, la salida de decenas de trabajadores obligará al distrito a reemplazar personal en áreas esenciales para la operación diaria de las escuelas.
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El impacto de una decisión migratoria en las escuelas
El TPS para Haití fue implementado originalmente tras el devastador terremoto de 2010 y posteriormente fue renovado en varias ocasiones debido a la inestabilidad política, la violencia y los desastres naturales que han afectado a la nación caribeña.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el fin de la designación del TPS para Haití, una medida que entró en vigor el 27 de julio de 2026. Con ello, miles de beneficiarios perdieron la autorización federal que les permitía trabajar legalmente en Estados Unidos.
La decisión afecta a una comunidad de más de 350,000 haitianos que contaban con esta protección migratoria, otorgada inicialmente tras el terremoto de 2010 y renovada en varias ocasiones debido a la inestabilidad política, la violencia de las pandillas y la crisis humanitaria que continúa afectando al país caribeño.
