ORLANDO, Florida.- El condado Orange informó que ha gastado cerca de $4 millones en el último año para alojar a personas detenidas por autoridades migratorias, sin recibir hasta ahora ningún reembolso del gobierno federal.
Condado Orange enfrenta críticas por costos millonarios de detenciones migratorias por acuerdo 287 (g)
El condado Orange reporta elevados costos por detenciones migratorias sin reembolso federal, mientras organizaciones denuncian abusos y falta de transparencia.
Por:Univision
Video Detenciones de ICE se duplican en Orange y crece disputa por costos y límites legales
El impacto económico total supera los $6 millones, incluyendo más de dos millones destinados a personas que no enfrentaban cargos criminales.
Estas cifras se dan en el contexto del acuerdo 287(g), que permite la colaboración entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE). Aunque el condado anunció previamente su intención de presentar una demanda para aclarar el alcance de sus responsabilidades bajo este convenio, hasta el momento dicha acción legal no ha sido interpuesta.
Organizaciones comunitarias y defensores de inmigrantes exigen que el condado lleve el tema a los tribunales para definir con claridad sus obligaciones. Señalan que persisten dudas sobre si las autoridades locales estaban legalmente obligadas a firmar el acuerdo 287(g) y a participar en el IGSA, el convenio que regula la detención de personas arrestadas en otros condados.
“Que hagan la demanda para entender cuáles son sus responsabilidades legales”, reclamó una activista durante una reciente manifestación. Aseguran que la comunidad merece saber hasta dónde llegan los compromisos del condado y qué límites legales existen en la cooperación con agencias federales.
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Protestas y denuncias de falta de transparencia
Durante protestas recientes frente a edificios gubernamentales, organizaciones comunitarias acusaron a las autoridades de interpretar el acuerdo más allá de lo permitido por la ley. También denunciaron un ambiente de hostigamiento hacia la comunidad inmigrante.
“ Estamos siendo acosados por personas que usan máscaras y que vienen de agencias que no tienen nada que ver con inmigración”, denunciaron manifestantes, quienes pidieron mayor transparencia sobre los operativos y las agencias involucradas.
Uno de los casos que ha generado mayor indignación es el de la madre de Joana Salinas Álvarez. Según la familia, la mujer fue arrestada por agentes del Departamento de Servicios Financieros de Florida, quienes presuntamente utilizaron engaños para lograr su detención.
De acuerdo con el testimonio, el 19 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:55 de la mañana, dos hombres que se identificaron como policías estatales llegaron a su vivienda y le pidieron que saliera para hablar sobre su coche blanco y su hija mayor de 21 años. La familia asegura que, tan pronto la mujer cruzó la reja de su casa, fue arrestada.
El caso ha sido presentado por organizaciones como ejemplo de prácticas que, afirman, exceden el espíritu y los límites del acuerdo 287(g).
Hasta ahora, el condado Orange no ha precisado cuándo presentará la demanda anunciada ni ha detallado si buscará cambios en su relación con las agencias federales. Mientras tanto, líderes comunitarios advierten que seguirán presionando para que se aclaren las responsabilidades legales del condado y se rinda cuentas sobre el uso de recursos públicos y los métodos empleados en las detenciones.
