HOUSTON, Texas- Durante un operativo de las autoridades federales en Houston, una ciudadana de Belice identificada como Sindi Vanessa Moreno-Flores, de 29 años, fue detenida tras presuntamente agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ciudadana de Belice se declara culpable de agredir a un agente de ICE durante su arresto en Conroe
Sindi Vanessa Moreno-Flores deberá enfrentar una posible condena máxima de hasta dos décadas de prisión tras declararse culpable de atacar a un agente de ICE durante su arresto. La investigación fue conducida por Homeland Security Investigations, con apoyo de la DEA y la División Criminal del IRS.
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La inmigrante indocumentada, que residía en Conroe, se declaró culpable del cargo de agresión contra un funcionario federal.
Un intento de arresto que terminó en agresión
El incidente ocurrió el pasado 23 de septiembre de 2025, cuando agentes de ICE ejecutaban una orden de arresto dirigida a Moreno-Flores.
Según la investigación, la mujer intentó evitar la detención al forcejear con uno de los oficiales, a quien arañó en brazos y manos mientras trataba de liberarse.
En medio del forcejeo, una menor de edad y otra mujer intervinieron, complicando la captura. Finalmente, refuerzos policiales lograron reducirla y ponerla bajo custodia.
Las heridas del agente que la intentó arrestar
Las autoridades informaron que el agente afectado presentó heridas de consideración en las extremidades superiores, pero no requirió hospitalización prolongada. Tras su arresto, Moreno-Flores permaneció en detención a la espera de su proceso judicial.
Los registros federales indican que en febrero de 2024, un juez de inmigración había ordenado su deportación tras no presentarse a una audiencia migratoria. Pese a ello, continuó residiendo en Estados Unidos hasta su captura reciente.
El caso es supervisado por el juez George Hanks, quien determinará la sentencia en una audiencia futura.
Los posibles escenarios para la mujer
La acusada enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y multas que podrían alcanzar los 250,000 dólares, según las disposiciones federales para delitos de agresión, resistencia o entorpecimiento de las funciones de un agente federal.
La investigación fue conducida por Homeland Security Investigations, con apoyo de la DEA y la División Criminal del IRS.
El fiscal adjunto Justin R. Martin encabeza la acusación en nombre del Gobierno.
Según anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, el distrito sur de Texas mantiene una política de “tolerancia cero” hacia cualquier agresión a los agentes federales que cumplen con la ley.
