CONDADO DE BERKS, Pensilvania.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió de forma discreta un almacén industrial de 518,000 pies cuadrados en el condado de Berks, una compra que ha generado inquietud entre residentes y autoridades locales ante la posibilidad de que sea utilizado como centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
DHS adquiere almacén en Berks para posible centro de detención de ICE por $87.4 millones
Todo apunta a que un nuevo centro de detención migratoria se ubicará en el sitio, lo cual preocupa a los residentes y autoridades locales.
La transacción, por 87.4 millones de dólares, se formalizó el 2 de febrero de 2026, según reportó Spotlight PA. El inmueble está ubicado en el 3501 Mountain Road, en Upper Bern Township.
El edificio, anteriormente conocido como Hamburg Logistics Center y que décadas atrás albergó el histórico Mountain Springs Arena, se encuentra a poco más de una milla de la Interestatal 78, cerca de un centro de distribución de Amazon y del Mountain Springs Camping Resort.
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Funcionarios municipales afirmaron que no fueron notificados previamente sobre la compra ni han recibido solicitudes relacionadas con el uso futuro del inmueble. El asesor legal del municipio, Andrew Hoffman, dijo que Upper Bern Township “no estuvo involucrado en esta transferencia y no ha recibido ninguna solicitud sobre cómo se planea utilizar la propiedad”, según Spotlight PA.

La indignación del uso de almacenes para tener a inmigrantes detenidos proviene no solo de los reportes de condiciones inhumanas en centros de detención de ICE ya existentes, también de las declaraciones realizadas en abril de 2025 por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, quien dijo “Necesitamos mejorar nuestro trato con esto como un negocio”. El objetivo de la administración, explicó, era deportar a los inmigrantes con la misma eficiencia con la que Amazon transporta paquetes: “Como Prime, pero con seres humanos”.
Centro de detención migratoria
El contexto de la adquisición ha alimentado especulaciones sobre su uso. Spotlight PA informó que el edificio figura entre al menos 23 sitios que ICE estaría evaluando para convertirlos en centros de detención migratoria, con una capacidad potencial de hasta 1,500 camas, de acuerdo con reportes de Bloomberg.
Un portavoz de ICE, citado por Spotlight PA, señaló que la compra fue posible gracias a fondos incluidos en el paquete legislativo conocido como One Big Beautiful Bill, y afirmó que la agencia busca expandir el espacio de detención para mantener a “criminales” fuera de las calles antes de ser removidos del país.
Hasta el momento, ICE no ha divulgado planes detallados, permisos de construcción ni un cronograma de operaciones. Sin embargo, el DHS confirmó la compra de algunos almacenes para convertirlos en centros de detención, entre ellos uno en Arizona, otro en Maryland, y uno más en Texas.
Reacciones públicas y debate en redes
La compra también ha generado debate en redes sociales. La escritora Molly Jong-Fast compartió una publicación con una imagen vinculada a estos almacenes, señalando que “esto es donde estarían los seres humanos”, en referencia al uso de instalaciones industriales para la detención migratoria, lo que provocó reacciones encontradas en plataformas como X.
Impacto económico y político local
La adquisición federal también plantea interrogantes financieros. Según Spotlight PA, el inmueble estaba valuado en aproximadamente 22 millones de dólares y pagaba unos 198,286 dólares anuales en impuestos al condado. Al sumar impuestos municipales y escolares, la exención fiscal federal podría representar una pérdida estimada de unos 624,000 dólares al año para las finanzas locales.
Legisladores estatales, entre ellos el senador Chris Gebhard y la representante Jamie Barton, han contactado a funcionarios federales para solicitar información adicional, expresando preocupaciones sobre seguridad, perímetros y planificación comunitaria.
Por su parte, News Radio 1340 WRAW informó que la congresista demócrata Chrissy Houlahan criticó la compra, calificándola como una “cuestión de prioridades” y cuestionando el uso de más de 87 millones de dólares sin claridad sobre el destino final de la instalación.
Organizaciones defensoras de inmigrantes también han expresado alarma. Bridget Cambria, abogada de la organización Aldea, advirtió que un centro de detención de esa magnitud podría tener un efecto “disruptivo y paralizante” en la comunidad inmigrante local, según Spotlight PA.
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