Jueza dice que Donald Trump "actuó de mala fe" con demanda al IRS

Este lunes 13 de julio, la jueza federal Kathleen Williams declaró que la demanda interpuesta por el presidente Donald Trump contra el ISR buscaba "manipular el proceso judicial" y que actuó de mala fe.

La jueza de distrito estadounidense acusó a Trump y a sus abogados de haber manipulado el sistema judicial cuando demandó a una agencia federal bajo su control, eludiendo el requisito de que las partes en una demanda deben tener intereses contrapuestos y sentando las bases para un acuerdo que le otorgó inmunidad frente a auditorías fiscales y creó un fondo para compensar a los aliados del presidente que afirman haber sido perseguidos injustamente.

El juez no llegó a anular explícitamente el acuerdo que protegía a Trump del escrutinio fiscal, pero dijo que el gobierno no puede alegar que el acuerdo fue el resultado de un proceso legal legítimo.

"La cuestión de si los miembros del Poder Ejecutivo pueden acordar en privado otorgarse a sí mismos y a sus antiguos clientes inmunidades absolutas y miles de millones de dólares en fondos públicos por agravios legalmente indefinidos nunca fue un tema que se planteara ante este Tribunal", declaró Williams, nombrado por el presidente Barack Obama. "La cuestión es si las partes podrían hacerlo alegando ser adversarias y recurriendo a la legitimidad de un procedimiento judicial. La respuesta es un rotundo "no".

El fallo se produce justo antes de una audiencia de confirmación clave

Si bien las repercusiones prácticas del fallo pueden ser limitadas, ya que la demanda fue retirada hace meses y la administración ya había abandonado el " Fondo contra la Armamentización" de 1.776 millones de dólares que surgió de ella, la orden, no obstante, constituye una dura reprimenda y prepara el terreno para un interrogatorio políticamente incómodo para el fiscal general interino Todd Blanche, quien comparecerá ante el Comité Judicial del Senado para su audiencia de confirmación el miércoles.

“La naturaleza de la demanda en sí y la conducta de las partes y sus abogados desde su presentación dejan claro que se trató de un intento de utilizar al tribunal para otorgar cierta legitimidad a un acuerdo que conferiría inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente y para destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a reparar agravios no definidos en la ley”, escribió Williams en su fallo.

Añadió: "Si bien el Presidente puede ser la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, como parte en un litigio civil, tanto él como todas las partes y abogados ante un tribunal están sujetos a las normas. Garantizar que nuestros tribunales se utilicen únicamente para el propósito expreso establecido por la Constitución es obligación de todo juez, y esta Corte debe cumplir con dicha obligación en vista del asunto que tiene ante sí».

La demanda interpuesta en enero contra el IRS y el Departamento del Tesoro acusaba a las agencias federales de no haber impedido la filtración de información fiscal del presidente a los medios de comunicación entre 2018 y 2020.

En mayo, sin embargo, la administración anunció que llegaría a un acuerdo en el caso y crearía un fondo para compensar a quienes consideren haber sido maltratados por el sistema de justicia penal. El fondo fue rápidamente archivado ante la fuerte oposición bipartidista, aunque la administración Trump ha declarado que tiene la intención de seguir adelante con otra cláusula del acuerdo que ofrece a Trump y a sus familiares protección contra auditorías.

Desde el principio, el juez se mostró escéptico ante la demanda y asignó un grupo de abogados para determinar si existía algún conflicto de intereses en el caso, ya que, como presidente en ejercicio, Trump estaba demandando a "entidades cuyas decisiones están sujetas a sus directrices".

Incluso después de que se revelara el acuerdo, ella ordenó a los abogados de Trump que expusieran sus posturas sobre si las partes en el caso eran realmente adversas entre sí, si el acuerdo se basaba en fraude y si el caso debía reabrirse.

En su fallo, dejó claro que no estaba satisfecha con las respuestas de los abogados.

“Tras revisar las actas y las declaraciones de las partes, el Tribunal se niega a adoptar o aceptar el ejercicio ingenuo de separar el cargo actual del presidente Trump de la comprensión de lo sucedido”, escribió.

El fallo también plantea la posibilidad de acciones disciplinarias

El juez remitió al abogado de Trump, Alejandro Brito, quien presentó la demanda, para que se le impongan posibles medidas disciplinarias ante el colegio de abogados del estado de Florida, y dijo que a otro abogado, Daniel Epstein, no se le concederá permiso para presentar demandas en el Distrito Sur de Florida durante un máximo de un año.

Un portavoz del equipo legal de Trump respondió a una solicitud de comentarios de Brito con una declaración en la que culpaba al IRS de permitir que se filtraran sus declaraciones de impuestos.

La jueza también ordenó que su fallo se enviara a los colegios de abogados de Nueva York y del Distrito de Columbia, donde se han presentado denuncias éticas contra Blanche y el fiscal general adjunto Stanley Woodward.

Williams hizo referencia al testimonio de Blanche ante el Congreso a principios de junio, en el que reveló que el fondo para la "antiarmamentización" ya no seguiría adelante. Aunque no se había presentado ninguna demanda ante el tribunal, Blanche se mostró confiado en su testimonio, afirmando que "podía hablar en nombre de ambas partes y hacerlas vinculantes", dijo Williams.

“La aparente capacidad de la fiscal general interina Blanche para hablar en nombre tanto de los demandantes como de los demandados, firmar un documento de ‘acuerdo’ en nombre de todas las partes en este litigio y luego repudiar parte de ese acuerdo, demuestra que solo había una parte cuyos intereses estaban siendo representados a lo largo de este caso”, escribió el juez.

El juez también planteó preocupaciones éticas sobre la participación de Blanche y Woodward en el acuerdo, dado que Blanche representó a Trump en el pasado, así como Woodward defendió anteriormente a los acusados del 6 de enero y a un codemandado en el caso de los documentos clasificados de Trump.

“En lugar de recusarse debido a sus declaraciones anteriores o de defenderse enérgicamente de esta demanda, como lo exigen las políticas y los procedimientos del Departamento de Justicia, estos abogados aceptaron un 'acuerdo' que implica una cantidad asombrosa de dinero que potencialmente beneficia a sus antiguos clientes”, dijo.

En una entrevista con CNN la primavera pasada, Blanche negó haber sido quien ideó los términos del acuerdo, diciendo: "El presidente tiene abogados externos, y sus abogados son el Departamento de Justicia, no yo".