Departamento de Justicia demanda a autoridades de Washington D.C. por contaminación del río Potomac

El Departamento de Justicia presentó una demanda ante un tribunal federal contra la ciudad de Washington, D.C., y su autoridad de agua y alcantarillado, solicitando sanciones económicas por su responsabilidad en una fuga que provocó el vertido de millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río Potomac.

La demanda surge a raíz de una fuga masiva en una tubería de 72 pulgadas (183 centímetros) de diámetro, conocida como el "Potomac Interceptor". La tubería colapsó el 19 de enero, expulsando aguas residuales desde el subsuelo hacia el río, justo al norte de Washington, en el condado de Montgomery, Maryland. La fuga vertió 244 millones de galones (924 millones de litros) de aguas residuales sin tratar en el río Potomac y puso de relieve, una vez más, el envejecimiento de la infraestructura del país.

La autoridad local del agua, DC Water, declaró que tenía conocimiento de que la tubería —instalada originalmente en la década de 1960— se estaba deteriorando; asimismo, informó que las obras de rehabilitación en un tramo situado a aproximadamente un cuarto de milla (400 metros) del punto de la rotura comenzaron en septiembre y concluyeron recientemente.

La demanda alega que DC Water incumplió con su obligación de operar y mantener adecuadamente su sistema de alcantarillado de manera que se impidiera el vertido de aguas residuales sin tratar en el río Potomac y sus afluentes, así como en otras zonas con riesgo de contacto humano.

"La falta de mantenimiento del Potomac Interceptor por parte de DC Water provocó el vertido de aguas residuales sin tratar en el río Potomac y en el entorno circundante, lo que representa un riesgo directo para la salud pública", declaró en un comunicado Adam Gustafson, Fiscal General Adjunto Principal. "A medida que las ciudades crecen y la infraestructura envejece, estas deben invertir en sus sistemas de aguas residuales para prevenir catástrofes de este tipo".

Esta demanda fue una de las dos presentadas el lunes contra DC Water. El Fiscal General de Maryland, Anthony Brown, interpuso una acción legal independiente ante el Tribunal de Circuito del condado de Montgomery, solicitando sanciones civiles y una indemnización por los costos derivados de la contaminación del río.

"La empresa de servicios públicos debe asumir la plena responsabilidad por los daños causados y adoptar medidas inmediatas y duraderas para prevenir futuros vertidos", afirmó en un comunicado Serena McIlwain, Secretaria del Departamento de Medio Ambiente de Maryland.

Por su parte, DC Water declaró en un comunicado que está "plenamente comprometida con la rehabilitación a largo plazo" del Potomac Interceptor. La agencia añadió que su máxima prioridad era contener el desbordamiento y reparar la sección dañada de la tubería, lo cual logró al detener por completo "todas las descargas hacia el río Potomac en un plazo de 21 días". Las reparaciones del segmento afectado se completaron en 55 días. «DC Water trabaja ahora para acelerar la rehabilitación de más de 2.700 pies lineales de tubería en esta zona, la cual ya estaba programada previamente para mejoras».

El comunicado declaró que ambas demandas se encontraban "bajo revisión".

La fuga desató recriminaciones políticas por parte del presidente Donald Trump, quien culpó a los líderes demócratas locales, centrándose especialmente en el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró el estado de emergencia en febrero y solicitó ayuda a Trump. Este emitió una declaración de emergencia días después, lo que propició una rápida afluencia de asistencia federal.

La tubería volvió a estar operativa el mes pasado, una vez finalizadas las reparaciones de emergencia.

La fuga se encuentra, en gran medida, bajo control; no obstante, la reparación total de la tubería podría llevar meses. DC Water, en colaboración con la EPA, ha estado trabajando para reparar la fuga y monitorear su impacto en el río.