Un amplio operativo federal en Minnesota puso en la mira a guarderías, negocios y viviendas en la zona de Minneapolis, donde agentes realizaron múltiples allanamientos como parte de una investigación por presunto fraude a programas sociales dirigidos a niños.
Allanan guarderías en Minnesota por presunto fraude millonario a programas infantiles
La investigación cobró notoriedad tras un video del activista Nick Shirley, quien acusó a integrantes de la comunidad somalí de operar guarderías falsas para obtener subsidios.
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Durante los cateos —en los que participaron varias agencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional— se observaron agentes armados e, incluso, el uso de algunas herramientas para ingresar a los inmuebles. Aunque no se han anunciado cargos formales, las autoridades incautaron documentos y otras pruebas clave.
El caso se enmarca en una investigación más amplia impulsada por la administración de Donald Trump, en medio de crecientes sospechas sobre el desvío de recursos públicos.
No es un hecho aislado, ya que al menos 65 personas ya han sido condenadas por defraudar un programa federal de alimentos para menores, y fiscales han advertido que desde 2018 podrían haberse robado hasta 9 mil millones de dólares de 14 programas estatales.
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Video viral señala a la comunidad somalí
La investigación cobró notoriedad tras un video del activista Nick Shirley, quien acusó a integrantes de la comunidad somalí de operar guarderías falsas para obtener subsidios. Aunque inspectores señalaron que varios centros funcionaban con normalidad, algunos de los sitios allanados aparecían en esa grabación.
El gobernador Tim Walz respaldó las redadas y defendió la colaboración entre autoridades para combatir el fraude, mientras que el d irector del FBI, Kash Patel, lo criticó por intentar adjudicarse los resultados.
El caso también se desarrolla en medio de tensiones políticas más amplias, puesto que el vicepresidente JD Vance anunció la suspensión temporal de 243 millones de dólares en fondos de Medicaid para el estado por sospechas de irregularidades, lo que derivó en una disputa legal.
Mientras tanto, organizaciones del sector advierten que la polémica podría afectar a centros legítimos, muchos de ellos operados por migrantes.
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