LOS ANGELES.- La ley estatal AB 630, relacionada con casas rodantes (RVs, por sus siglas en inglés), ha generado controversia entre las personas que viven en estos vehículos , quienes temen perder el lugar que consideran su hogar ante la posibilidad de que sean retirados y desechados por las autoridades.
Nueva ley AB 630 entra en vigor este 1 de enero: así impacta a los residentes de casas rodantes
Para muchas familias, una casa rodante es mucho más que un vehículo: es su hogar. Sin embargo, la aprobación de la ley estatal AB 630 ha encendido la alarma entre quienes viven en ellas, ante el riesgo de que sean retiradas y destruidas.
Video Nueva ley de 2026 amenaza con dejar en la calle a familias que viven en casas rodantes
La normativa fue aprobada en diciembre por el Concejo Municipal de Los Ángeles con 13 votos a favor y 2 en contra, bajo el argumento de que algunas casas rodantes representan un riesgo para la seguridad pública debido a sus condiciones deterioradas.
Hogar para muchos
Para cientos de familias, las casas rodantes no son solo vehículos, sino su único hogar.
“Es nuestro techo, es el único lugar al que llegamos cuando terminamos de trabajar. Si nos quitan nuestros hogares, no sabríamos a dónde ir”, comentó a Univision un residente de una casa rodante.
Una familia con un niño de dos años vive actualmente con incertidumbre ante la posibilidad de perder su casa rodante, lo que significaría quedarse en la calle en medio de una difícil situación económica y un contexto de constantes redadas.
“Obviamente estorbamos en la calle, uno es consciente de eso, pero no nos queda de otra porque pagar renta es muy difícil”, señaló Verónica, quien renta una casa rodante.
Como ella, muchas familias recurren a esta alternativa por ser más accesible económicamente, ya que rentar una casa o departamento resulta inalcanzable para sus ingresos.
“No hay trabajos estables y los dueños de departamentos quieren el pago puntual y sin retrasos. Para nosotros siempre es muy complicado”, agregó Verónica.
Ley estatal AB 630: ¿qué establece?
La ley AB 630 entra en vigor este 1 de enero de 2026 y contempla nuevas disposiciones para el retiro de casas rodantes abandonadas o inoperables.
Los puntos clave de la normativa son:
⚖️Permite retirar y desechar casas rodantes inoperables o abandonadas con un valor menor a 4 mil dólares.
⚖️Busca frenar el ciclo de compra y reventa informal de RVs deteriorados.
⚖️Pretende reducir riesgos como incendios y otros peligros para quienes habitan en estos vehículos.
⚖️Anteriormente, la casas rodantes valoradas en 500 dólares o menos debían de ser subastadas, lo que facilitaba que regresaran a las calles.
Según autoridades municipales, el objetivo es evitar que estos vehículos, una vez retirados, vuelvan a circular tras ser revendidos en subastas informales.
¿Cómo opera el retiro de una casa rodante?
De acuerdo con la normativa, se establece que para retirar una casa rodante se debe notificar a los propietarios, quienes a partir de ese momento tendrán un plazo para recuperar sus pertenencias.
🚨Los propietarios deben ser notificados con al menos 72 horas de anticipación.
🚨Tendrán un plazo de 30 días para reclamar el vehículo y recuperar sus pertenencias.
🚨Si no lo hacen, la ciudad podrá proceder a su destrucción.
La alcaldía asegura que la implementación de la ley también permitirá canalizar a las personas afectadas a programas como Inside Safe y otras opciones de vivienda.
Inside safe, programa de vivienda
De acuerdo con la página de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, Inside Safe es un programa que busca una solución para la crisis de personas sin hogar en la ciudad.
El programa busca trasladar de forma voluntaria a personas que viven en campamentos y tiendas de campaña hacia viviendas temporales o permanentes, al tiempo que previene que estos asentamientos reaparezcan.
La estrategia se implementa en coordinación con autoridades municipales y del condado, así como con organizaciones de servicios sociales.
Cuestionamientos a la ley
Sin embargo, organizaciones civiles como ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles) y la Coalición de Derechos Humanos han enviado cartas para frenar la implementación de la ley, argumentando que la autorización corresponde al condado y no a la ciudad.
Por su parte, la concejal Eunisses Hernández expresó su rechazo a la medida en un comunicado, señalando que la ley dejá más desprotegidos a las personas que ocupan estás casas rodantes, sin ofrecer alternativas reales de alojamiento.
Además que empuja a más personas a vivir en la calle y lejos de resolver el problema, incrementa los riesgos y la inseguridad, al priorizar castigos en lugar de soluciones de vivienda digna.
Mientras la alcaldía defiende la ley como una medida de seguridad para la comunidad, organizaciones civiles aseguran que continuarán la lucha en los tribunales para intentar frenar su aplicación.
