El juez federal Richard Leon ha dictaminado que la obra sobre el nivel del suelo debe detenerse de inmediato. La decisión judicial establece una distinción clara entre la ostentación y la supervivencia: mientras que la ampliación de 90,000 pies cuadrados destinada a recepciones VIP queda suspendida, las labores en el complejo subterráneo —consideradas vitales para la seguridad nacional por los militares— podrán continuar.
Juez pone límites al salón de baile de Trump en la Casa Blanca; solo permitirá obras de seguridad nacional
El panorama para el polémico proyecto de expansión de la Casa Blanca se ha complicado una vez más. La resolución emitida este jueves impone límites estrictos a la construcción del salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump
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La seguridad nacional no es un "cheque en blanco"
En un contundente escrito, el juez Richard Leon, quien fue designado originalmente por George W. Bush, subrayó que el poder ejecutivo no puede saltarse la ley bajo el pretexto de la protección oficial. “La seguridad nacional no es un cheque en blanco para proceder con actividades ilegales”, sentenció el juez.
El magistrado aclaró que, si bien la administración puede tomar medidas para asegurar el sitio de construcción y garantizar la integridad física de quienes se encuentran en los terrenos de la Casa Blanca, esto no autoriza la edificación de la estructura superior sin la aprobación del Congreso.
Un conflicto de 400 millones de dólares
El proyecto, valorado en 400 millones de dólares, ha estado en el ojo del huracán desde el año pasado. Los puntos clave del conflicto incluyen:
El "Búnker" vs. el Salón: El gobierno argumenta que el salón de baile requiere vidrios antibalas y refugios antibombas integrados. Sin embargo, el juez sostiene que solo la parte subterránea (un centro de emergencias para el presidente y su personal) califica como necesidad inmediata.
Falta de aval legislativo: La orden judicial original de paralización se basó en que Trump no obtuvo los permisos necesarios de los comités federales ni del Congreso.
La demanda: El National Trust for Historic Preservation lidera la batalla legal, argumentando que la falta de un salón de lujo no representa una crisis de seguridad.
El limbo legal continua
El tribunal de apelaciones solicitó esta aclaración después de que la administración Trump presentara versiones variables sobre el proyecto. Inicialmente, el Departamento de Justicia sostuvo que las obras subterráneas eran independientes de la superficie, argumento que permitió que las excavaciones avanzaran el año pasado.
Con esta nueva aclaración, el proyecto queda en un limbo legal y arquitectónico, limitando las ambiciones de expansión de la administración a lo estrictamente necesario bajo tierra.