HOUSTON, Texas - El alcalde John Whitmire se encuentra en una encrucijada financiera y legal que pone en vilo 110 millones de dólares destinados a la seguridad pública de Houston.
"Mi trabajo es obedecer la ley y recuperar esos $110 millones": John Whitmire habla de la polémica con Greg Abbott
El alcalde de Houston, John Whitmire, advirtió que la ciudad no puede permitirse "jugar a la gallina" con el Gobernador de Texas, tras la retención de $110 millones en fondos destinados a la seguridad pública. Instó al Concejo Municipal a reconsiderar la polémica Proposición A, que limita las interacciones entre ICE y el Departamento de Policía.
Video Se congelan los $110 millones destinados a la seguridad pública en Houston tras polémica entre ICE y HPD
En una declaración contundente a N+ Univision 45, el Whitmire enfatizó que la ciudad no puede permitirse "jugar a la gallina" con el gobernador y arriesgar la integridad de sus habitantes por un pulso político con el gobierno estatal.
El núcleo del conflicto radica en la Proposición A aprobada recientemente. Whitmire explicó que votó a favor de dicha ordenanza porque mejora sustancialmente a la versión original, al incluir el compromiso de respetar la Cuarta Enmienda y proporcionar datos transparentes.
Proposición A: de qué se trata
El Departamento de Policía de Houston limita sus interacciones con ICE tras la aprobación de la Proposición A.
- HPD ya no está obligado a cumplir órdenes administrativas de inmigración de ICE; solo aplica cuando hay una orden judicial o evidencia de delito penal.
- Se elimina la regla de esperar 30 minutos a que ICE llegue a recoger a una persona arrestada; la parada o arresto debe terminar cuando ya no hay motivo legal para mantenerla.
- La policía debe informar al Ayuntamiento sobre cuántas veces se contacta con autoridades federales en materia migratoria, para mayor transparencia.
El alcalde no se arrepiente, pero...
"Pensé que era un paso en la dirección correcta, y francamente, sigo pensando que lo fue", admitió el alcalde de Houston. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, mantiene una visión opuesta, alegando una violación de la ley que ha paralizado el flujo de recursos.
La pérdida de estos fondos no es un asunto menor. Se trata de una "certificación de un acuerdo de subvención" que el estado otorga a las comunidades para sus departamentos de seguridad.
Para Whitmire, la solución es clara: el cumplimiento estricto de la ley para recuperar ese capital y reinvertirlo en la protección ciudadana, especialmente en un momento donde Houston debe prepararse para eventos de talla internacional como la FIFA.
" Yo conozco al gobernador. Él va en serio", aclaró Whitmire. "Mi trabajo es obedecer la ley y recuperar esos $110 millones para entregárselos a las fuerzas del orden que nos protegen".
Reconsiderar la Proposición A
A pesar de que el Departamento de Policía de Houston (HPD) opera bajo la política aprobada la semana pasada, el alcalde advirtió que la Corte Suprema probablemente respaldará la postura del gobernador Abbott, calificando otros argumentos como "manotazos de ahogado".
Por ello, ha solicitado al Concejo Municipal reconsiderar su posición este viernes 17 de abril. El alcalde sostiene que es imperativo alinearse con las exigencias legales del estado.
"Espero que los miembros del Concejo hagan lo correcto y protejan a los habitantes de Houston, protejan los recursos del Departamento de Policía de Houston (HPD), se preparen para la FIFA y mantengan los servicios policiales que tanto necesitamos", finalizó el Alcalde.
¿Seguir la batalla?
La concejal Alejandra Salinas ha instado al alcalde a continuar la batalla legal y permitir que el abogado de la ciudad solicite una orden de restricción temporal para “proteger los derechos constitucionales de los habitantes de Houston”.
Salinas enfatizó la necesidad de actuar con rapidez ante lo que calificó como un asunto de principios legales y civiles.
“ No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se vulneran derechos fundamentales”, señaló la funcionaria, dirigiendo su llamado directamente al alcalde y al cuerpo legal municipal.
