Incertidumbre ante la entrada en vigor de la nueva norma de “carga pública”

La entrada en vigor de una nueva normativa sobre la "carga pública" el próximo 18 de septiembre ha encendido las alarmas entre defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones comunitarias. La regulación otorga a las autoridades migratorias la facultad de evaluar si algún integrante del hogar ha recibido ayuda federal, lo que genera un clima de incertidumbre sobre el acceso a programas esenciales de asistencia social.

Excepciones y llamados a la asesoría legal

Ariel Brown, abogada del Immigrant Legal Resource Center, aclaró que la norma no aplica para la totalidad de la población migrante. "Esta norma no se aplica a todos los inmigrantes; no afecta a refugiados, asilados, titulares de visas T y U, residentes permanentes que solicitan la renovación de su tarjeta o la ciudadanía estadounidense, ni a muchas otras personas", precisó Brown. Durante una videoconferencia en la que distintas organizaciones analizaron las implicaciones de esta nueva medida.

No obstante, la especialista enfatizó que los criterios actuales para determinar si una persona se convertirá en una "carga pública" resultan imprecisos y discrecionales, lo que dificulta anticipar resoluciones sobre la residencia permanente ( green card). Ante esto, hizo un llamado a quienes requieran apoyo social a consultar con representantes legales o acreditados antes de renunciar a los programas.

Un historial de cambios legislativos

La figura de la carga pública se remonta a la Ley de Inmigración de 1882. Sin embargo, su aplicación ha sufrido modificaciones significativas a lo largo de las décadas:

• 1996: Se formalizaron criterios que limitaban la evaluación únicamente al uso de asistencia económica en efectivo y cuidados médicos institucionalizados de largo plazo.

• 2019: Durante la primera administración de Donald Trump, la regulación se amplió para penalizar el uso de cupones de alimentos (SNAP), subsidios de vivienda (Sección 8) y Medicaid. Esta versión fue posteriormente anulada por tribunales federales en 2021.

• 2022: Bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció que el uso de beneficios por parte de hijos o familiares no afectaría las solicitudes de los padres, excluyendo expresamente programas de nutrición, vivienda y salud pública (como CHIP).

• Nueva regulación: La actual administración retoma un enfoque restrictivo al incorporar un espectro amplio de apoyos dentro del proceso de evaluación.

Impacto en la niñez y el estado de California

El alcance de la medida genera inquietud en estados con alta población migrante. De acuerdo con Sarah Dar, vicepresidenta de Políticas y Defensa de Derechos de The Children’s Partnership, en California más de un millón de niños tienen al menos un progenitor indocumentado, y uno de cada cuatro niños en familias inmigrantes es ciudadano estadounidense.

Los defensores advierten que el temor a represalias migratorias puede llevar a que los padres desvinculen a sus hijos ciudadanos de programas de nutrición y salud, pese a que la población infantil en familias inmigrantes registra un 17% de prevalencia de pobreza, frente al 13% en hogares con padres nacidos en Estados Unidos.

Por su parte, Daniel Torres, director de equidad de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, indicó que la definición de beneficio público incluye también apoyos administrados por gobiernos estatales y locales. Estimaciones federales prevén un ahorro presupuestario derivado del abandono voluntario de estos programas por parte de personas con derecho a ellos.

Las organizaciones civiles mantendrán un monitoreo sobre los criterios de aplicación de los funcionarios de inmigración en los próximos años y reiteran la importancia de acudir a fuentes oficiales y asesoría legal calificada antes de tomar decisiones respecto a la cancelación de beneficios sociales.