Phoenix, ARIZONA.- “Uno, dos, tres”, dice el padre de Rafael Omar Montoya Parra, de 22 años, mientras su hijo sopla las velas del pastel en lo que sería uno de sus últimos cumpleaños en familia.
“Fue un asesinato”: de un solo puñetazo lo mató afuera de una discoteca y no hay cargos contra el guardia
Rafael Montoya Parra, de 22 años, salió con amigos a una discoteca en Phoenix y nunca volvió a casa. Un video muestra el momento en que un guardia de seguridad le da un golpe directo en la cara. Cayó al pavimento. Murió tres días después. “Fue un asesinato”, dice su padre.
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En otro video, su padre entona “Happy Birthday to you” mientras lo abraza. Son escenas que hoy se repiten en una sala donde las fotos sustituyen su presencia.
La madrugada del 16 de marzo de 2025 Rafael salió con sus amigos a una discoteca en el centro de Phoenix, Arizona. Horas después, su familia recibió una llamada: no regresaría a casa.
“Es una persona que simplemente salió a divertirse con sus amigos y que no volvió, nada más no volvió”, dice su padre, Rafael Montoya.
Los registros del caso sitúan el momento clave fuera de un club nocturno en la Avenida Central. En videos grabados con teléfonos celulares, Rafael aparece rodeado por personal de seguridad. En medio del grupo, un guardia se abre paso y lanza un golpe directo al rostro. El impacto lo hace caer al pavimento.
“Eso fue un asesinato”, afirma su padre.
El joven fue trasladado inconsciente a un hospital. Tres días después, el 19 de marzo, murió. El informe del médico forense del condado de Maricopa determinó que la causa fue un traumatismo craneoencefálico severo con fracturas cervicales. La muerte fue clasificada como homicidio por lesiones de objeto contundente.
Su madre, Mayra Concepción Parra Rodríguez, estuvo a su lado hasta el final. “Estaba yo… cuando le empezó a cambiar el color de la piel… y cuando le fue subiendo acá fue cuando se paró la máquina”, relata.
Desde entonces, la familia describe el duelo como una rutina diaria. “Es un dolor que te quedas muerto en vida”, dice la madre. El padre añade “se siente muy feo. Siempre volvía, y esta vez no volvió”.
Le cegaron los sueños a Rafael
Rafael había crecido en Phoenix, en una familia numerosa. Se graduó de la preparatoria Cortez y trabajaba como electricista. Planeaba abrir su propia compañía y comprar una casa. “Él quería tener su propia compañía”, recuerda su madre. “Quería comprar su casa”.
También era padre de una niña pequeña, Rubí. “Ya no tiene a su papá”, dice su abuelo. “Yo voy a tratar de ayudarla a crecer en lo que Dios me lo permita”.
El caso, sin embargo, tomó un rumbo distinto en los tribunales. La Fiscalía del Condado de Maricopa decidió no presentar cargos penales contra el guardia de seguridad involucrado. Según el criterio legal, no existía una “probabilidad razonable de condena”, estándar que exige demostrar más allá de toda duda razonable que no hubo defensa propia ni uso justificado de la fuerza.
Las autoridades sostuvieron que el guardia actuó ante una amenaza percibida durante el altercado. Sin embargo, los videos muestran una secuencia que ha sido objeto de debate público. Rafael estaba sujetado por varios guardias cuando recibió el golpe.
La controversia se amplió con la actuación de dos agentes de policía que trabajaban fuera de servicio en la seguridad del lugar. Informes internos señalan que no activaron sus cámaras corporales al inicio del turno, lo que derivó en sanciones administrativas. Los agentes afirmaron que no intervinieron de inmediato debido al número de personas involucradas en la pelea y al riesgo de resultar heridos.
Las imágenes, no obstante, muestran a los agentes a pocos metros mientras Rafael cae al suelo. Testigos en los videos piden que lo revisen. Minutos después, los oficiales lo mueven y solicitan asistencia médica.
Para la familia, las versiones no coinciden.
Interponen una demanda civil
Ante la decisión de la fiscalía, el caso pasó al ámbito civil. Este mes, la familia formalizó una demanda por muerte injusta en la Corte Superior del Condado de Maricopa. La acción legal no solo señala al guardia, sino también a la empresa de seguridad, a la compañía operadora del club y a la ciudad de Phoenix.
La demanda alega uso excesivo de la fuerza, negligencia en la capacitación del personal y fallas en la actuación de los agentes presentes. También plantea que no se brindó auxilio médico inmediato tras el golpe.
En el proceso civil, el estándar de prueba es distinto. No se exige demostrar el hecho más allá de toda duda razonable, sino establecer que es más probable que la conducta denunciada haya causado la muerte. Esto abre una vía distinta para la familia, que busca responsabilidad institucional. “Justicia, porque fue un salvajismo lo que hicieron con él”, dice el padre.
En Arizona, las muertes derivadas de golpes o riñas no se registran como una categoría independiente, sino dentro de homicidios o agresiones agravadas. Aunque en 2025 Phoenix registró una disminución del 11% en homicidios frente al año anterior, la tasa de delitos violentos en Arizona se mantiene por encima del promedio nacional.
Para la familia Montoya Parra, el proceso apenas comienza. La demanda podría derivar en un acuerdo o en un juicio civil con jurado. También deja abierta la posibilidad de revisar la actuación de las autoridades si aparece nueva evidencia.
Mientras tanto, en la casa, el padre mantiene una rutina. Antes de salir, se despide de una fotografía. “Cuando salgo, me despido de él ahí en la foto y le digo: ahí nos miramos al ratito”.
