La frontera norte ya no es el destino final. Hasta hace algunos años, los migrantes detenidos en Estados Unidos simplemente eran devueltos a sus países de origen. Hoy es diferente: bajo acuerdos de "tercer país seguro", un migrante arrestado en Texas o en cualquiera de los 50 estados de EEUU puede terminar, en cuestión de días, en una celda de detención en Monrovia, Liberia, o en un albergue temporal en las afueras de la República Centroafricana. Todo esto bajo acuerdos de tercer país y convenios de remoción forzada que han transformado la política migratoria de Washington.
De Texas a Monrovia: La transformación de la política migratoria estadounidense hacia los terceros países
Bajo la política de "tercer país seguro", EEUU dejó de deportar solo a países de origen. Ahora traslada a los detenidos a países africanos bajo un convenio que inició con Canadá en 2002, pero que se transformó en los últimos años.
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El esquema formal de estos tratados internacionales inició en el año 2002. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, firmaron el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA). El pacto binacional entró en vigor de manera oficial en diciembre de 2004, tras ser ratificado por los congresos de ambos países.
El convenio se basó en la distribución de la carga de solicitudes de refugio entre dos naciones colindantes. Estableció la norma jurídica de que los solicitantes de asilo debían presentar su petición en el primer país de llegada. Según el primer convenio, las personas que cruzaban la frontera terrestre desde Estados Unidos hacia Canadá, o en sentido contrario, eran declaradas inelegibles para el procesamiento de asilo y devueltas al territorio de la nación emisora.
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El modelo de remoción
La implementación y posterior modificación de estos acuerdos tiene su origen en la saturación del sistema judicial migratorio de los Estados Unidos. El volumen de peticiones presentadas anualmente supera las capacidades operativas de las cortes de inmigración norteamericanas. Los objetivos técnicos de estas medidas son:
- Disminuir el volumen de casos pendientes de resolución dentro de los tribunales estadounidenses.
- Trasladar la responsabilidad del procesamiento legal, la custodia y la asistencia material a gobiernos de otras regiones geográficas.
- Desincentivar los desplazamientos de tránsito irregular al eliminar la permanencia en territorio estadounidense durante el proceso legal.
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¿Qué recibe un país receptor?
Los gobiernos que aceptan convertirse en receptores de los migrantes expulsados por Estados Unidos reciben asistencia técnica y económica regulada por convenios bilaterales. Los recursos financieros públicos se otorgan mediante agencias de cooperación y transferencias presupuestarias directas. Los beneficios económicos se estructuran bajo los siguientes rubros oficiales:
- Financiamiento de infraestructura: Partidas presupuestarias destinadas a la edificación y mantenimiento de centros de procesamiento y albergues en los países receptores.
- Apoyo a sistemas de salud y seguridad pública: Fondos dirigidos a fortalecer las capacidades médicas y los cuerpos de seguridad de las comunidades locales de recepción.
- Capacitación técnica: Programas de entrenamiento para el personal migratorio local en sistemas de biometría, bases de datos y gestión de refugiados.
- Acuerdos de visados: Flexibilización de las políticas de visados de turismo o trabajo para los ciudadanos nativos de las naciones firmantes.
Amnistía Internacional documentó que Esuatini recibió 5.1 millones de dólares por aceptar 160 migrantes. El dímero lo destinó para "construir su frontera y aumentar su capacidad de gestión de la migración". Ruanda acordó aceptar hasta 250 personas de terceros países expulsadas de Estados Unidos a cambio de 7.5 millones de dólares. El acuerdo entre Estados Unidos y Guinea Ecuatorial implica un pago de 7.5 millones de dólares al gobierno ecuatoguineano.
El acuerdo que cambió en 2025
El modelo original con Canadá se modificó a partir de 2019. La administración estadounidense extendió la estrategia hacia Centroamérica durante el primer mandato de Trump, firmando acuerdos de cooperación de asilo con Guatemala, Honduras y El Salvador en 2025.
Ese mismo año, la Corte Suprema de los Estados Unidos validó la legalidad de las remociones forzadas a terceros países, el gobierno federal quitó los requisitos de proximidad cultural o cercanía geográfica. Esto permitió convenios con naciones de África, Europa Oriental y Asia Central para el traslado masivo de extranjeros detenidos.
En la actualidad, 32 naciones mantienen activos convenios de tercer país, tránsito, recepción o remoción forzada con los Estados Unidos:
América: Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía.
África: Burundi, Camerún, Cabo Verde, Esuatini (Suazilandia), Ghana, Guinea Ecuatorial, Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Uganda.
Europa: Kosovo, Polonia.
El traslado de personas hacia estos destinos se realiza a través de vuelos comerciales y chárter coordinados por ICE.