Crecen protestas contra plan de convertir almacenes en megacentros de detención migratoria

Una movilización nacional en Estados Unidos se está consolidando en rechazo al plan federal de transformar almacenes industriales en centros masivos de detención migratoria.

Activistas convocaron a una jornada de protestas el próximo 25 de abril, bajo el lema "Communities Not Cages", en medio del aumento de las críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su estrategia de expansión.

Se prevén más de 160 manifestaciones en distintas ciudades como Hagerstown, Atlanta, Alexandria y Salt Lake City, además de protestas locales como la programada en Signal Hill, California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa esta iniciativa multimillonaria que contempla la compra y adaptación de al menos 23 almacenes en todo el país, con capacidad para albergar entre 1,500 y 10,000 personas cada uno. De concretarse, la capacidad total de detención podría alcanzar las 92,600 personas.

El proyecto tendría un costo estimado superior a 38 mil millones de dólares y responde, según autoridades federales, al incremento de arrestos y a políticas migratorias más estrictas. Sin embargo, organizaciones y legisladores advierten que la medida podría derivar en más abusos, muertes bajo custodia, violaciones al debido proceso y separaciones familiares.

Además, comunidades y activistas también alertan que estos centros podrían afectar recursos básicos como agua y electricidad, e impactar en las economías locales.

La controversia ha comenzado a tener efectos: algunos proyectos han sido pausados o cancelados ante la presión política, desafíos legales y oposición comunitaria, mientras el DHS revisa parte de sus planes.

Legisladores y comunidades intentan frenar el plan

La conversión de almacenes en centros de detención ha generado resistencia en múltiples niveles. Gobiernos estatales y locales, tanto demócratas como republicanos, han intentado bloquear o limitar estos proyectos mediante cambios de zonificación, legislación y presión pública, aunque su margen de acción es reducido al tratarse de operaciones federales.

Especialistas y críticos advierten que estos espacios no están diseñados para albergar a personas, ya que suelen carecer de ventilación adecuada, control climático y servicios básicos.

A esto se suman problemas ya documentados dentro del sistema de detención migratoria, como hacinamiento, atención médica deficiente e insalubridad, lo que pone en duda la capacidad de ICE para operar instalaciones aún más grandes. Pese a ello, autoridades federales sostienen que los nuevos centros cumplirán con los estándares vigentes.