Capitolios estatales a puertas cerradas y más dinero para seguridad son la nueva normalidad tras el asesinato de una legisladora de Minnesota

Casi un año después del asesinato de una líder legislativa de Minnesota, los legisladores de todo Estados Unidos han trabajado para reforzar la seguridad en los capitolios estatales y mejorar las medidas de protección cuando los funcionarios se encuentran en sus comunidades.

Estos cambios se han producido tras un aumento de la violencia política en todo el país, que incluyó el impactante asesinato, el pasado mes de junio, de la congresistas estatal Melissa Hortman, máxima líder demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, y el asesinato, en septiembre, del activista conservador Charlie Kirk, quien se encontraba dando una charla en una universidad de Utah.

En Minnesota, la mayoría de las puertas del Capitolio estatal ahora están cerradas con llave, y las personas que ingresan deben pasar por detectores de armas. Quienes ingresan a las galerías de visitantes para ver los debates en el pleno deben pasar por un segundo conjunto de detectores.

"Es importante para nosotros poder evitar que nuestro gobierno se desmorone si nuestros legisladores están bajo amenaza", dijo la representante de Minnesota Julie Green, una demócrata que se sienta justo frente al antiguo escritorio de Hortman, que permanece vacío salvo por unas rosas frescas, su retrato y un mazo de presidente. "Es un tema complicado, complejo y muy emotivo, como se pueden imaginar".

Los ataques de alto perfil han avivado los temores de los legisladores

Además de los asesinatos de Hortman y Kirk, la violencia dirigida contra figuras políticas en los Estados Unidos en los últimos años ha incluido un ataque incendiario el año pasado en la casa del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro; un intento de asesinato contra el entonces candidato Donald Trump en un mitin en Pensilvania en 2024; y un ataque con un martillo contra el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en su casa de California en 2022.

Veinticinco estados, incluido Minnesota, permiten ahora formalmente a los candidatos utilizar fondos de campaña para su seguridad personal. La mayoría introdujo este cambio tras los asesinatos de Kirk y Hortman. Once estados cuentan con leyes que lo permiten, mientras que otros lo han aprobado mediante reglamentos u otros mecanismos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés) y la Fundación VoteMama.

Solo este año, Alabama, Oregón, Nebraska y Utah promulgaron leyes que permiten el uso de fondos de campaña para la seguridad. Hay proyectos de ley para legalizarlo pendientes en aproximadamente una docena de estados más.

Esto no solo está sucediendo a nivel estatal. El gasto en seguridad para las campañas al Congreso y a la presidencia se ha quintuplicado en la última década. Los comités políticos federales gastaron más de 40 millones de dólares en gastos etiquetados como de seguridad durante el ciclo de campaña 2023-24, según un informe de abril de la organización no partidista Public Service Alliance.

Los detectores de armas son solo una de las respuestas

Los detectores de metales —uno de los signos más visibles de la preocupación por la violencia política— se instalaron el año pasado en el Capitolio de Alaska. La representante demócrata Sara Hannan afirmó que el cambio se debía al "aumento del riesgo de violencia en nuestras instituciones públicas". Los legisladores los aprobaron antes de que Hortman fuera asesinada.

Pero algunos estados se han resistido a dificultar el acceso a las sedes del poder. El presidente de la Asamblea de Wisconsin, Robin Vos, un republicano que conocía a Hortman, se opuso a los esfuerzos por instalar detectores de metales en su estado, diciendo que no quería "fortificar2 el Capitolio. El de Wisconsin es uno de los 11 capitolios estatales que no cuentan con detectores de metales, según reveló una auditoría estatal.

Los legisladores de Minnesota también están considerando crear una unidad especial dentro de la Patrulla Estatal, que supervisa la seguridad del Capitolio, que brindaría protección a los legisladores, al fiscal general del estado, al secretario de Estado, al auditor del estado y a los jueces de la Corte Suprema.

Uno de los principales impulsores es el senador demócrata John Hoffman, quien sobrevivió a nueve disparos la noche en que Hortman fue asesinada. Los fiscales afirman que el agresor, disfrazado de oficial de policía, comenzó su matanza disparando a Hoffman y a su esposa, y luego se detuvo en las residencias de otros dos legisladores que no se encontraban en casa. A continuación, se dirigió a la casa de Hortman, donde mató a la representante y a su esposo, e hirió a su perro de manera tan grave que tuvo que ser sacrificado.

En una audiencia celebrada el martes, Hoffman calificó su medida como "una respuesta necesaria" que "mantendría a salvo a los funcionarios electos y a los jueces de la Corte Suprema, dedicaría los recursos necesarios y, con suerte, evitaría que se produzcan tragedias en el futuro".

Numerosos estados también han tomado medidas para proteger la información personal de los legisladores. Los legisladores de Dakota del Norte debatieron el miércoles un proyecto de ley para el próximo año que haría confidenciales las direcciones particulares de los candidatos y los funcionarios públicos que lo soliciten.

En febrero, la NCSL creó un fondo de 1,5 millones de dólares para reembolsar a las legislaturas los gastos relacionados con la seguridad personal de los legisladores mientras se encuentran fuera de sus sedes estatales. Más de 30 estados han solicitado estos fondos o se están preparando para hacerlo, dijo la portavoz de la NCSL, Katie Ziegler.